Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
El sistema democrático de la República Dominicana enfrenta una profunda crisis de legitimidad y credibilidad debido a sus prácticas internas. La reciente designación de Juan Garrigó Mejía en la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) enciende alarmas cívicas. Que un hijo suceda formalmente a su madre en la cúpula partidaria reabre el debate sobre las llamadas dinastías políticas.
Esta preocupante sucesión familiar se disfraza bajo mecanismos legales de consenso interno que anulan la verdadera competencia. Aunque la dirigencia defienda los méritos académicos del relevo, la percepción ciudadana interpreta el hecho como un privilegio dinástico. La base partidaria, sin apellidos de alta influencia, queda marginada de la escala de liderazgo por decisiones de cúpula.
El núcleo de la contradicción radica en la naturaleza del financiamiento que sostiene a estas organizaciones partidarias. Los partidos políticos dominicanos operan y financian sus estructuras utilizando millonarios recursos económicos provenientes del erario público. Resulta inaceptable que fondos pagados por los contribuyentes sirvan para consolidar herencias de poder dentro de corporaciones privadas.
La ley penal arrastra una visión antigua donde la corrupción solo se persigue dentro de los ministerios estatales. El sistema de partidos, sus dirigentes y legisladores han logrado excluir deliberadamente al nepotismo como una tipificación penal específica. Este vacío gris calculado les permite administrar el dinero del pueblo sin rendir cuentas por el favoritismo familiar.
Existe una exigencia global para que los partidos sean fiscalizados por cámaras de cuentas y tribunales electorales. La sociedad civil considera corrupción administrativa y desvío de poder que estas entidades financien nominillas o estructuras dinásticas. Legislar para auditar estos fondos con el mismo rigor que el Tren Gubernamental es vital para la transparencia.
Cuando las posiciones de relevancia se transmiten por lazos de consanguinidad, se destruye el principio de igualdad de oportunidades. El desprecio por la democracia se evidencia al priorizar la incondicionalidad familiar por encima del talento militante. Las organizaciones que reciben dinero del erario público deben ser obligadas a respetar la meritocracia de forma obligatoria.
El caso del PRM no es aislado, sino un reflejo del tradicionalismo que carcome a toda la partidocracia nacional. Si el liderazgo político dominicano insiste en perpetuar redes de parentesco, la confianza ciudadana terminará por colapsar irreversiblemente. La verdadera democracia exige transparencia absoluta, fin de los privilegios de cuna y el rescate urgente del mérito militante.