La caída de la minería nacional

Por Ing. Teódulo Antonio Mercedes

Cuando los precios de la onza  troy de oro se cotiza 4,400 USD, la plata se sitúa cerca de los 65 USD por onza troy, y el cobre cotiza alrededor de los 6.50 USD por libra, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader ordeno en mayo del presente, la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero de la minera GoldQuest Mining Corp. en San Juan de la Maguana, tras masivas protestas sociales en contra del desarrollo del mismo.

La paralización provocó una fuerte caída en el valor bursátil de la empresa canadiense y de otras firmas del sector en los mercados. Mientras la GoldQuest dominicana defendido la viabilidad técnica de la mina —asegurando que sería subterránea y sin uso de cianuro—, pero enfrenta cuestionamientos y denuncias sobre posibles conflictos de intereses institucionales, al detectarse que miembro de su junta directiva eran funcionario del Ministerio de Energía y Minas .

Solamente estas actividades realizaron las paralizaciones de solicitud de permisos mineros los cuales se estaban desarrollando como nunca en nuestro suelo, por ser dicho proyecto, el ultimo descubrimiento minero con real posibilidad de desarrollo descubierto en terreno virgen de la cordillera central

Aunque es cuestionable la forma que se ha manejado la relaciones publica de la empresa, no meno cierto es que las argumentaciones de los ambientalistas que se oponen al desarrollo del proyecto, no presentar los argumentos técnicos posibles, que determinen su inviabilidad.

Con este problema minero el cual el estado hasta hoy , no encuentra solución, se agrega la deci­sión adop­tada por la Segunda Sala del El Tri­bu­nal Supe­rior Admi­nis­tra­tivo (TSA) , pre­si­dida por el magis­trado Anto­nio O. Sán­chez Mejía, junto a los jue­ces Úrsula J. Carrasco Már­quez y Edward A. Abreu, mediante la sen­ten­cia núm. 0030-03-2026SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026, donde se cancela los con­tra­tos de con­ce­sión minera sus­cri­tos entre el Estado domi­ni­cano y Fal­con­bridge Domi­ni­cana, S.A, poniendo fin a una rela­ción con­trac­tual de casi siete déca­das sobre la con­ce­sión Quis­queya I, ubi­cada entre las pro­vin­cias La Vega y Mon­se­ñor Nouel.

El fallo res­ponde a una acción inter­puesta en julio de 2025 por el Fondo Patri­mo­nial de las Empre­sas Refor­ma­das (Fon­per), en repre­sen­ta­ción del Estado domi­ni­cano, luego de que fue­ran iden­ti­fi­ca­dos incum­pli­mien­tos rela­cio­na­dos con la explo­ta­ción de los yaci­mien­tos, obli­ga­cio­nes eco­nó­mi­cas y labo­ra­les, entre otras, ade­más de la pre­sen­ta­ción de los infor­mes téc­ni­cos reque­ri­dos por la legis­la­ción minera.

Como se puede observar, dichas medidas no se toman por violaciones ambientales , sino por otras violaciones que nada tienen que ver por lo habitual, pues unas de las empresa minera que con el correr del tiempo, ha cumplido con las normas ambientales vigentes ha sido Falconbridge Dominicana que convirtió estos requerimientos :La restauración de la biodiversidad., Conservación y protección de la Fauna y Flora, Control de emisiones atmosféricas. , Manejo integral del agua: Calidad y Protección., Gestión de residuos. Calidad ambiental, Humedal para tratamiento de efluentes en las instalaciones. en normas generales para el entorno minero.

Para el TSA, estos incum­pli­mien­tos afec­tan obli­ga­cio­nes esen­cia­les vin­cu­la­das direc­ta­mente con la fina­li­dad de la con­ce­sión: la explo­ta­ción efec­tiva de los recur­sos mine­ros otor­ga­dos por el Estado y la obli­ga­ción de man­te­ner infor­ma­das a las auto­ri­da­des sobre su desa­rro­llo, esto último, son actividades normales de las compañías nacionales, las cuales son renuentes a dar informaciones al estado, olvidando así , que dicha institución es el dueño total de los minerales que permiten su trabajo.

La cancelación de la concesión minera a Falconbridge dominicana, conlleva  la finalización de una de la empresa multinacional más vieja en nuestro suelo, pues sus actividades comenzaron el año 1956  con 22,000 hectáreas ubicada entre La Vega y Monseñor Nouel, permaneciendo sin actividad desde noviembre de 2023. Dicha decisión ha generado una fuerte expectativa entre las comunidades y sectores económicos de la zona, pues dicha región y zona obtuvo su desarrollo a la sombra de la creciente actividad minera

A raíz de la paralización de actividades extractiva, la provincia Monseñor Nouel experimentó una disminución en la circulación de efectivo y en la generación de empleos directos e indirectos, pues 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y recibieron sus prestaciones a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y las obligaciones pendientes con proveedores y contratistas superan los 100 millones de dólares, según estimaciones de acreedores.

Todavía el Estado vía el ministerio de Energía y Minas no ha emitido su parecer sobre esta situación, pues existe mineral suficiente para varios años de operaciones mineras y al mineral existen en los terrenos de la  concesión, se pueden anexar lateritas niquelíferas descubiertas en Maimón y las existen en parte de los terrenos de Loma Miranda, las cuales si se suman Darian varias décadas de minado sin inconvenientes

Entre los ele­men­tos con­si­de­ra­dos por el tri­bu­nal para su fallo defi­ni­tivo a favor del Estado domi­ni­cano, figura que las ope­ra­cio­nes pro­duc­ti­vas de Quis­queya I se encon­tra­ban para­li­za­das desde el 17 de noviem­bre de 2023, de acuerdo con una cer­ti­fi­ca­ción de la Direc­ción Gene­ral de Mine­ría, así como que Fal­condo no había pre­sen­tado los infor­mes semes­tra­les de pro­greso corres­pon­dien­tes a los años 2023, 2024 y 2025, ni los infor­mes anua­les de ope­ra­cio­nes de 2023 y 2024.

La sen­ten­cia esta­blece, ade­más, que la inac­ti­vi­dad de la con­ce­sión tenía inci­den­cia sobre el inte­rés gene­ral que acom­paña la explo­ta­ción de los recur­sos mine­ros del país, razón por la cual el tri­bu­nal con­si­deró sufi­cien­te­mente gra­ves los incum­pli­mien­tos acre­di­ta­dos para jus­ti­fi­car la ter­mi­na­ción de los con­tra­tos.

Con su deci­sión, el TSA rechazó tam­bién los argu­men­tos mediante los cua­les las empre­sas recu­rri­das pro­cu­ra­ban que la acción fuera decla­rada inad­mi­si­ble.

La deci­sión repre­senta un punto de infle­xión en una rela­ción con­trac­tual ini­ciada en 1956 y vin­cu­lada a una con­ce­sión de 22,392 hec­tá­reas sobre Quis­queya I.

Un cie­rre abrupto con impacto labo­ral y eco­nó­mico

La ter­mi­na­ción de los con­tra­tos ocu­rre en un con­texto mar­cado por el cese abrupto de las ope­ra­cio­nes de la empresa. Tras la para­li­za­ción de noviem­bre de 2023, la com­pa­ñía entró en una fase de cui­dado y man­te­ni­miento sin eje­cu­tar un plan de cie­rre orde­nado, situa­ción que derivó en la des­vin­cu­la­ción de su per­so­nal y en el incum­pli­miento de com­pro­mi­sos con tra­ba­ja­do­res, con­tra­tis­tas y supli­do­res loca­les.

En 2024, más de 900 tra­ba­ja­do­res fue­ron des­vin­cu­la­dos y reci­bie­ron sus pres­ta­cio­nes labo­ra­les mediante la inter­ven­ción del Fon­per, en repre­sen­ta­ción del Estado domi­ni­cano. Un grupo adi­cio­nal de exem­plea­dos, cuyos con­tra­tos fue­ron ter­mi­na­dos en marzo de 2026, man­tiene recla­ma­cio­nes labo­ra­les pen­dien­tes que, según sus pro­pios voce­ros, ascien­den a unos 300 millo­nes de pesos. La con­ce­sión llegó a sos­te­ner más de mil empleos direc­tos y, de acuerdo con esti­ma­cio­nes de la Cámara de Comer­cio y Pro­duc­ción de Mon­se­ñor Nouel, miles de per­so­nas adi­cio­na­les vin­cu­la­das a con­tra­tis­tas, supli­do­res y acti­vi­da­des indi­rec­tas resul­ta­ron afec­ta­das por la para­li­za­ción.

A ello se suma una car­tera de obli­ga­cio­nes pen­dien­tes con más de un cen­te­nar de empre­sas con­tra­tis­tas y supli­do­ras de la zona, cuyo monto ha sido esti­mado por los pro­pios acree­do­res en más de 100 millo­nes de dóla­res.