Las elecciones en Latinoamérica donde el factor Trump ha inclinado la balanza hacia la ultraderecha contrastan, al mismo tiempo, con las victorias que va obteniendo la izquierda democrática en bastiones clave del territorio estadounidense.
Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
La influencia política de Washington se expande con fuerza en el nuevo mapa electoral de América Latina bajo la histórica vigencia de la Doctrina Monroe. El giro hacia la ultraderecha regional se consolida mediante discursos de mano dura que, aunque alineados con el tutelaje Donroe, responden ante todo a crisis locales de inseguridad. Presidentes como Nayib Bukele en El Salvador (con 86% de aprobación en julio), Javier Milei en Argentina (con 45% de piso) y Luis Abinader en la República Dominicana adoptan agendas patriotismo convencional que erosionan la soberanía, la integración de foros multilaterales como la CELAC. Esta dinámica impone un esquema de relaciones estrictamente transaccionales que fragmenta la integración del sur, obligando a los gobiernos a balancear su dependencia con Washington y Pekín.
El avance conservador responde a una crisis de seguridad local explotada por narrativas de polarización extrema, con tasas de homicidio que en Ecuador (44 por cada 100.000 habitantes) y Honduras (38) empujan al electorado hacia soluciones autoritarias. La insatisfacción ciudadana con gestiones previas facilita que los discursos de criminalización, antinmigrantes y militarización ganen terreno en las urnas, como ocurrió en las recientes elecciones de Guatemala y Costa Rica. No obstante, este alineamiento genera asombro inmediatos debido al impacto de las políticas arancelarias unilaterales de Estados Unidos: el arancel del 25% a productos siderúrgicos brasileños, impuesto en marzo de 2026, llevó a que Brasil articule defensas comerciales ante la OMC y acelere su ingreso a la Nueva Ruta de la Seda asiática. Esto demuestra que la subordinación ideológica al norte tiene límites económicos claros, y que incluso los gobiernos más afines negocian con puertas giratorias.
La estrategia de seguridad continental estadounidense opera mediante la presión directa y la condicionalidad de asistencia financiera, pero con resultados mixtos. Los fondos de cooperación técnica —que en 2026 sumaron apenas 1.200 millones de dólares para toda la región, un 18% menos que en 2022— se supeditan hoy al cumplimiento de metas rígidas impuestas por la Casa Blanca, como la extradición de narcotraficantes o la adopción de normativas antichinas. Esta doctrina desplaza la diplomacia abierta para favorecer pactos cerrados y bilaterales con los líderes más afines, como el acuerdo militar con Ecuador que permite el uso de la base de Manta. Sin embargo, la persistente presencia comercial de China en Sudamérica —con inversiones que superan los 140.000 millones de dólares en infraestructura y minería— neutraliza la efectividad a largo plazo de esta coacción, ya que países como Chile y Perú mantienen acuerdos de libre comercio con Pekín mientras negocian con Washington.
La realidad interna de Estados Unidos contrasta radicalmente con esta agresiva proyección de poder hacia el exterior. El panorama político doméstico muestra un desgaste severo en los índices de aprobación de la administración republicana actual, que en julio de 2026 cayó al 38% según el promedio de encuestas de RealClearPolitics. Los datos demográficos y sondeos independientes reflejan un descontento creciente en los principales estados industriales del país: en Michigan, Pensilvania y Wisconsin, la inflación acumulada del 22% desde 2024 y la pérdida de 340.000 empleos manufactureros por las disputas arancelarias han erosionado el voto obrero que antes respaldaba a Trump. Este fenómeno debilita la base electoral oficialista debido al encarecimiento del costo de vida, que en ciudades como Detroit o Cleveland ha subido un 14% en bienes básicos.
Las fuerzas de la izquierda democrática capitalizan este descontento social con miras a los próximos comicios legislativos de noviembre de 2026. Las proyecciones estadísticas de FiveThirtyEight anticipan una movilización masiva de votantes jóvenes (que ya representan el 37% del electorado en estados clave), trabajadores urbanos y minorías hacia la oposición progresista, con posibles ganancias de 12 a 18 escaños en la Cámara de Representantes. Esta resistencia interna se organiza en torno a reclamos por los derechos civiles —especialmente tras el fallo del Supremo que limitó el voto por correo en 2025—, el acceso a la salud (con campaigns por Medicare for All) y el pacifismo exterior, que critica el envío de armas a Ucrania y Medio Oriente. Este contrapeso frena de golpe la consolidación de la agenda conservadora dentro de las propias fronteras norteamericanas, aunque la derecha aún controla el Senado con margen estrecho.
La polarización estadounidense se manifiesta en una división estructural que fragmenta el tejido social del país norteño, con diferencias abismales entre condados rurales (mayoritariamente republicanos) y urbanos (demócratas). El sistema político bipartidista enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes por el auge del ala más radical conservadora, que en primarias de 2026 impuso candidatos negacionistas electorales en al menos 8 distritos clave. Mientras el gobierno central intenta proyectar una imagen de dominio indiscutible en el hemisferio, sus instituciones lidian con protestas internas que en junio movilizaron a más de 2 millones de personas en la «Marcha por la Democracia». Esta dualidad expone que el poder global no puede sostenerse si no existen consensos mínimos y estabilidad económica, como lo demuestra la caída del 12% en el índice de confianza empresarial desde enero.
El análisis desde una visión multilateral demuestra que el éxito exterior y la crisis interna son dos caras de la misma moneda, pero no siempre operan como mecanismo de compensación directa. La imposición de directrices en Latinoamérica busca, en parte, distraer la atención de las dificultades políticas y la pérdida de control de DonaldTrump y su gobierno, aunque también responde a una visión ideológica genuina de la política exterior Estadounidense. Los movimientos sociales del sur —como el resurgimiento del MST en Brasil o las protestas indígenas en Ecuador— Argentina y la oposición civil en norte américa comparten la resistencia a este modelo exclusivo, pero con agendas y tiempos muy distintos. El desenlace de esta pugna determinará si el orden continental se rige por la fuerza unilateral, la concertación o, más probablemente, un frágil equilibrio donde ninguna hegemonía logra imponerse por completo.