Por ALFREDO MIASE
Dominicano. Organizador sindical y activista comunitario
La decencia, la educación, la honestidad y la transparencia deben ser la base fundamental para construir una sociedad verdaderamente desarrollada.
La reproducción de la delincuencia en el seno de nuestros barrios también es hija de una sociedad que, muchas veces, ha permitido que la corrupción, el abuso de poder, el enriquecimiento personal y el desprecio por los bienes públicos se conviertan en modelos de liderazgo y de desarrollo individual y colectivo.
Un país, una provincia, un municipio, una sección o un paraje cuyas autoridades no actúan con decencia, honestidad y transparencia, tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como en su conducta personal, difícilmente puede convertirse en un ejemplo para los ciudadanos que gobiernan.
Da pena, y hasta ganas de llorar, observar cómo una parte de nuestros jóvenes y de quienes ingresan al activismo político parece entender la política únicamente como un camino para alcanzar beneficios personales, familiares o de grupos. Muchos llegan al escenario político sin comprender que la verdadera razón de ser de un servidor público es trabajar por el bienestar de todos y todas.
Quien aspira a ejercer una función pública debe comprender que el dinero y los bienes del Estado no pertenecen al funcionario de turno: pertenecen al pueblo.
Por eso debemos preguntarnos: ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros jóvenes cuando quienes deberían ser modelos de conducta son precisamente quienes irrespetan las instituciones, utilizan los recursos públicos para beneficio particular o actúan con impunidad?
También debemos rechazar cualquier política de exterminio o ejecución extrajudicial de los llamados delincuentes comunes, especialmente cuando se trata de jóvenes pobres de nuestros barrios.
La delincuencia no se combate convirtiendo al Estado en delincuente.
Si una persona comete un delito, debe responder ante la justicia conforme a la ley y respetando el debido proceso. El Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía, pero también tiene la obligación de respetar la Constitución, la vida humana y los derechos fundamentales.
No podemos aceptar que existan dos tipos de delincuencia: una perseguida porque nace en los barrios pobres y otra tolerada o protegida porque tiene poder, dinero o influencia política.
La corrupción pública, el saqueo de los recursos del Estado y el abuso del poder también destruyen vidas, comunidades y oportunidades. Muchas veces sus consecuencias sociales son enormes.
Por eso, en lugar de pedir la eliminación física de los delincuentes, debemos exigir justicia, instituciones fuertes, educación, oportunidades para nuestros jóvenes, seguridad ciudadana y cero impunidad para quien viole la ley, sin importar su posición social o política.
La República Dominicana necesita un nuevo modelo de liderazgo.
Un liderazgo que entienda que gobernar no es servirse del pueblo, sino servir al pueblo.
Un liderazgo que enseñe con el ejemplo.
Un liderazgo donde la decencia no sea una excepción, sino una obligación; donde la honestidad sea una virtud y no una debilidad; donde administrar correctamente los recursos públicos sea un deber sagrado.
Porque si queremos cambiar la conducta de nuestros barrios, primero tenemos que cambiar los modelos que desde arriba les estamos ofreciendo.
La transformación de la sociedad comienza cuando quienes tienen responsabilidades públicas deciden vivir y gobernar bajo los mismos principios de honestidad, respeto y responsabilidad que les exigimos a los ciudadanos.
La sociedad que queremos para nuestros hijos y nietos no se construye con miedo ni con violencia. Se construye con educación, justicia, dignidad, oportunidades, decencia y buen ejemplo.