Por ING. ERICK SARANTE
Chief Security & Resilience Officer (CSRO) | Especialista en Seguridad e Inteligencia de Riesgos | Experto en Geopolítica | MBA | Doble Máster en Defensa y Seguridad Nacional | Asesor Estratégico | Comunicador | Escritor | Poeta
INTRODUCCIÓN
En las últimas semanas, una frase se ha metido de lleno en las calles, las conversaciones digitales y los titulares de los periódicos dominicanos: la «Posición 29». Detrás de este término (documentado por medios de comunicación y denunciado por profesionales del derecho) hay una realidad dolorosa que se asoma en más de cincuenta fallecimientos ocurridos durante operativos policiales en apenas mes y medio. Más allá de las cifras bajo investigación, el fenómeno ha abierto una herida honda en nuestra conciencia nacional.
Este debate no trata simplemente de hechos aislados; pone sobre la mesa el choque diario entre la legítima rabia de una ciudadanía cansada de la inseguridad, el deber ineludible de hacer cumplir la ley y la pregunta fundamental de qué significa verdaderamente ser un Estado en la República Dominicana.
LA INDIGNACIÓN CIUDADANA: EL GRITO QUE NO PUEDE IGNORARSE
Cualquiera que camine por nuestros barrios o preste atención al sentir popular percibe un cansancio acumulado. La gente ve cómo la delincuencia golpea la cotidianidad y siente que la justicia camina a paso de tortuga (o que a veces ni camina). Hay una frustración latente frente a dinámicas donde parece que ciertos actores legales estorban en lugar de buscar la verdad.
Esta rabia no surge de la nada: nace del miedo real y de la violencia que cada vez toca puertas más cercanas. Ese anhelo de justicia es completamente legítimo y merece ser escuchado con respeto, jamás descalificado. Sin embargo, el combate a la delincuencia no puede convertirse en una vía libre para eliminar personas al margen de un juicio o sin esclarecer los hechos.
EL DOLOR QUE CAMBIA LA PERSPECTIVA: JUSTICIA SIN RENUNCIAR A LA LEY
Para quienes han despedido a un ser querido de forma trágica, la visión cambia por completo: la justicia nunca será solo castigar; es, ante todo, dar respuestas claras. Como se ha dicho tantas veces, la violencia no se apaga con más violencia. Nadie debería ser juzgado sumariamente ni perder la vida sin una investigación independiente y seria.
Aquí es donde la llamada «Posición 29» nos golpea de frente. Cuando una vida se apaga en medio de un operativo del orden, la labor del Estado no concluye con el parte oficial de los agentes. Es ahí, precisamente, donde debe arrancar una investigación transparente y totalmente autónoma. No se trata de proteger a criminales, sino de garantizar que no exista impunidad (ni para el que delinque, ni para el que se aparta de la ley escudándose en un uniforme). Las familias que lloran a los suyos merecen la verdad entera, no versiones oficiales a medias.
EL DEBER PROFESIONAL: LA DEFENSA QUE NOS PROTEGE A TODOS
A menudo se olvida un principio básico que nos salva de la barbarie: el Estado somos todos (incluidos los ciudadanos en condición de «administrados»). El derecho a la defensa no es un artificio para favorecer delincuentes; es una garantía constitucional sagrada que marca la gran línea divisoria entre una sociedad civilizada y la ley de la selva.
Cuando decenas de abogados levantan su voz y presentan querellas para esclarecer los casos de la «Posición 29», no están avalando el delito. Están defendiendo un principio vital: que nadie quede en el limbo de la impunidad sin una investigación rigurosa. Como bien han advertido gremios profesionales y organizaciones de derechos humanos, debilitar el derecho de defensa de uno es, en el fondo, debilitar las defensas de todos nosotros.
CONCLUSIÓN Y HOJA DE RUTA: PASOS COMO NACIÓN, GOBIERNO Y ESTADO
Esta crisis nos deja en una encrucijada clara. No podemos elegir entre seguridad y legalidad, ni entre víctimas y debido proceso. La tarea es construir un país donde la justicia sea pareja. Para superar este bache, el compromiso debe asumirse en tres frentes concretos:
Como Nación (la sociedad civil y la ciudadanía)
- Aprender a escuchar sin polarizar: Fomentar espacios de diálogo real donde converjan familias afectadas, líderes comunitarios y expertos legales, entendiendo que la indignación es válida, pero el ataque personal nos debilita como sociedad.
- Educar en derechos: Comprender de una vez por todas que las garantías constitucionales no son privilegios de unos cuantos, sino el escudo protector de los más vulnerables.
- Exigir con firmeza: No conformarse con explicaciones ambiguas ni informes de cajón; la ciudadanía debe mantenerse vigilante y demandar transparencia total.
Como Gobierno (instituciones y gestión pública)
- Independencia en las pesquisas: Asegurar que los expedientes vinculados a estas muertes sean investigados por órganos con autonomía real (alejados de las cadenas de mando involucradas), publicando nombres, hechos y consecuencias claras.
- Revisión profunda de protocolos: Actualizar y transparentar los manuales de uso de la fuerza, incorporando capacitación rigurosa y constante en derechos humanos para cada agente.
- Soporte integral a víctimas: Instituir mecanismos ágiles de asistencia psicológica y protección para los familiares, asumiendo la responsabilidad institucional ante el dolor evitable.
- Fortalecimiento judicial: Dotar de recursos suficientes al Ministerio Público y a los tribunales para agilizar los procesos (la mora judicial es el combustible que alimenta la desconfianza y la tentación de la justicia por mano propia).
Como Estado (nuestra esencia institucional)
- Respeto absoluto a la Constitución: Dejar claro que ninguna práctica institucional (por muy normalizada que parezca en la cotidianidad) puede colocarse por encima del ordenamiento jurídico.
- Garantías de independencia: Blindar al Poder Judicial y al Ministerio Público frente a presiones políticas o coyunturales.
- Rendición de cuentas real: Quienes manejan el poder público deben responder por sus actos sin excepciones. La impunidad corroe los cimientos democráticos (si hay excesos, se corrigen; si hay delitos, se castigan).
Palabras finales
La paz y la seguridad que anhelamos no se consiguen saltándose las reglas del juego, sino aplicando la ley con firmeza, equilibrio y transparencia. La justicia verdadera no hace distingos: le da respuestas a la víctima, somete al acusado al juicio que le corresponde y nos protege a todos al garantizar que nadie (absolutamente nadie) está por encima de la Constitución. El Estado lo construimos todos, y nos toca exigirlo a la altura de lo que este país merece: un lugar donde la vida, la verdad y la ley sean sagradas.
(Texto desarrollado con los aportes y la perspectiva de la XIV promoción de Geopolítica de la UNADE).
Sobre el autor
Ing. Erick Sarante es especialista en inteligencia de seguridad, geopolítica y gestión estratégica de riesgos. Cuenta con más de quince años de experiencia profesional en el sistema de Naciones Unidas, donde desempeñó funciones vinculadas a la seguridad de operaciones, análisis de amenazas, gestión de riesgos y protección del personal. Actualmente se desempeña como Chief Security & Resilience Officer (CSRO), además de ejercer como asesor estratégico, maestro y comunicador.