Bridgetown, (Prensa Latina) Como los demás territorios del Caribe, Barbados sufre las secuelas de eventos naturales cada vez más extremos asociados al cambio climático y que dejan significativas pérdidas en la economía, amplios daños en la infraestructura y un gran impacto social.
Esta nación es hogar de 280 mil habitantes y eventos como el devastador paso del huracán Beryl por la zona sirve de buen ejemplo para ilustrar la situación de vulnerabilidad que encara la región en materia medioambiental.
Las amenazas conllevaron a la isla a implementar una iniciativa ambiciosa que busca una mejor adaptación y más resiliencia frente el cambio climático, mediante proyectos de refuerzo de las viviendas y las infraestructuras críticas, así como la protección de los ecosistemas costeros y marinos.
Se trata del programa denominado Roof to Reefs (del techo a los arrecifes) y centrado en soluciones integradas y autóctonas destinadas a aumentar la capacidad de respuesta al fenómeno global.
Al mismo tiempo, Barbados forjó una sólida alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), que le permitió en los últimos años reforzar sus sistemas de gestión y gobernanza de los ecosistemas marinos y terrestres.
Es una colaboración bidireccional, pues la isla es una de las 48 naciones que en 2023 contribuyeron con su cuota íntegra al Fondo para el Medio Ambiente, la principal fuente de financiación flexible del organismo internacional y la columna vertebral de su trabajo para hacer frente a la triple crisis planetaria del cambio climático, pérdida de naturaleza y biodiversidad, y contaminación y desechos.
Esa unión con el Pnuma también le valió para poner en marcha los sistemas vigilancia ambiental y desarrollar iniciativas de financiación sostenible.
No obstante, Barbados es una voz potente en la defensa de los pequeños Estados insulares y la promoción de la justicia climática, pues igualmente afronta una crisis de deuda que dificulta la inversión en proyectos ecológicos.
En ese sentido, encabeza la Iniciativa de Bridgetown que propone una reforma radical del sistema financiero mundial y aboga porque se combinen el alivio de la deuda, la concesión de nuevos préstamos y las inversiones del sector privado en favor de los países en desarrollo vulnerables, que utilizarían el dinero específicamente para prepararse contra las repercusiones del cambio climático.
«Una catástrofe climática podría afectar a una nación de mayor tamaño y (su impacto) se limitaría a una región concreta. Pero para nosotros es un acontecimiento de escala nacional», dijo recientemente Travis Sinckler, alto funcionario del Ministerio de Medioambiente.
La Iniciativa de Bridgetown también visualizó a la primera ministra, Mia Mottley, a la cabeza de la defensa de la justicia climática para el grupo de 39 pequeños Estados insulares en desarrollo, a los cuales les costará más de 26 mil millones de dólares anuales prepararse para mitigar la crisis ambiental.
El mundo sigue lejos de la meta de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que intensifican el cambio climático. Según los compromisos nacionales actuales, la Tierra va camino de calentarse 2,9 °C desde el inicio de la era industrial, una cifra que rompería los límites del Acuerdo de París.
Sin embargo, Sinckler considera que los países del mundo podrán evitar una catástrofe si actúan juntos.
«Tenemos que ser optimistas. Como dice mi Primera Ministra, logramos llevar a un hombre a la luna hace 60 años. Así que está en nuestro alcance reunir la voluntad humana para responder a una crisis que hemos creado», acotó.