Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
Desde los subsidios del PEME (Programa de Empleo Mínimo Eventual) implementado durante el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), hasta la reciente propuesta de «bajarle un chin» a los puntos de droga en San Juan —solicitud de la gobernadora Ana María Castillo Mateo en declaraciones públicas difundidas masivamente entre el 30 y 31 de marzo de 2026—, el Estado dominicano parece haber institucionalizado una «paz pactada» que sacrifica la ley por una calma estadística.
En dicho material, la funcionaria solicitaba a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) mantener los puntos de drogas «en nivel bajo» en lugar de eliminarlos por completo. Este modelo de gestión del delito evidencia a un sistema político que ha desertado de sus principios y se ha vandalizado, permitiendo que el microtráfico actúe como un regulador social que llena los vacíos de un poder público ausente.
La tolerancia al narco como empleador de facto asfixia la economía lícita y canibaliza el talento joven, convirtiendo la inseguridad en un impuesto invisible al desarrollo provincial. Superar este esquema requiere un urbanismo social que recupere el territorio con oportunidades reales, impulsado por una sociedad civil que actúe como veedora frente a un sistema político que ha desertado de sus principios.
Esta «paz negativa» valida estructuras criminales silenciosas bajo el pretexto de mantener una estadística de seguridad favorable y sin sobresaltos públicos. Al pedir que el microtráfico opere a «bajo nivel», las autoridades renuncian a la erradicación del delito y aceptan una soberanía compartida en el territorio. Sociológicamente, esto institucionaliza al narco como un engranaje necesario ante la ausencia de una autoridad ética y efectiva.
Romper este esquema exige programas que saturen los barrios de oportunidades técnicas, artísticas y de salud mental de alta calidad. Solo recuperando el territorio emocional se puede desplazar la influencia de los actores ilegales que hoy dictan las reglas en las sombras. La inversión en infraestructura de dignidad debe ser la prioridad para quebrar la dependencia de un modelo que sobrevive gracias a la marginalidad y el abandono.
La tecnificación del campo y la educación orientada a la economía digital son las únicas armas capaces de vencer el incentivo económico del «punto». Si el Estado no ofrece una rentabilidad mayor a la de la ilegalidad, cualquier operativo policial será simplemente un cambio de mando en la estructura. Es imperativo que la inversión social sustituya de una vez por todas a la cínica administración del caos que ha caracterizado la política criolla.
El rol de la sociedad civil es determinante para que estas propuestas no se conviertan en otra versión de la «paz comprada» del pasado. Iglesias, agricultores y juntas de vecinos deben actuar como veedores técnicos que auditen cada peso invertido en la recuperación del tejido social profundo. La vigilancia ciudadana es el único antídoto real contra la complicidad institucional que suele esconderse tras el falso pragmatismo de los funcionarios.
En conclusión, superar el relato y las prácticas tradicionales implica desmantelar la cultura del «mal menor» para imponer un Estado de derecho donde la norma no sea negociable. San Juan y el país necesitan una gobernanza que no pacte con la ilegalidad, sino que la haga obsoleta mediante el progreso real. Es momento de pasar de la deserción de principios y la vandalización de actores políticos a la construcción de una ciudadanía crítica y participativa con soberanía y dignidad social económica.