Puerto Príncipe(Prensa Latina).– Aun con un gobierno recién conformado y la próxima llegada de una misión multinacional para hacer frente a la violencia, Haití sigue siendo un escenario de caos, con cerca de 580 mil desplazados, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esas personas, obligadas a abandonar sus hogares en un país sometido a la escalada de inseguridad impuesta por las pandillas, representan un aumento del 60 por ciento desde marzo.
De acuerdo con la información de la ONU, el área más afectada es Puerto Príncipe, la capital, donde las bandas armadas controlan más del 80 por ciento del territorio, lo que aumenta la presión en las comunidades ya vulnerables.
Como consecuencia, en el departamento Sur, el número de desplazados se elevó de 116 mil a 270 mil en apenas tres meses.
Mientras, en la capital 39 escuelas se han transformado en lugares de acogida de estos ciudadanos y quedaron fuera de servicio para las actividades docentes.
Funcionarios de Naciones Unidas consideran que el sector educativo se ha visto gravemente afectado por la violencia reciente, con más de 200 mil niños y cuatro mil profesores imposibilitados de asistir a los centros de enseñanza en los departamentos del Oeste y Artibonite.
Sin embargo, ese es solo uno de los tantos ámbitos en crisis en Haití, cuya estabilidad venía en picada desde el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise, y se hundió aún más a partir de marzo, con un ataque coordinado por varias bandas a la principal prisión de la nación francófona que liberó a miles de reos.
Allí está el origen más reciente del dantesco panorama de la nación, donde ciudadanos, viviendas, bancos, instalaciones educativas, terminales aéreas y portuarias e, incluso, el propio Palacio Nacional, han sido objetivos de las pandillas, cuyo accionar incide en áreas también claves como el acceso a la salud y la alimentación.
Los criminales han arremetido igualmente contra automóviles particulares, un seminario religioso, la primera Iglesia Bautista de Haití con más de 180 años de fundada, y más de una docena de farmacias, y en demostración de que van en serio le quemaron la casa al excomandante en jefe de la Policía Nacional.
No asombra, entonces, que el país amaneciera este miércoles con su Ejército en pie de guerra, en otro intento de unir esfuerzos para combatir a la coalición de grupos criminales, y que el combate a la inseguridad sea una de las prioridades delineadas por el Consejo Presidencial de Transición y el nuevo primer ministro, Garry Conille.
También en esta jornada Conille reiteró su compromiso de centrarse en la celebración de los comicios generales, y visitó el Consejo Electoral Provisional (CEP) con el fin de elaborar un plan de conformidad con el acuerdo firmado entre el Consejo Presidencial de Transición y él para la realización de la cita ante las urnas.
Con anterioridad, el director del CEP, Max Délice, vaticinó que el proceso para preparar las elecciones será complejo, teniendo en cuenta la situación que vive el país caribeño.
En primer lugar está el tema de la violencia, y otro elemento a tener en cuenta es que el panorama electoral cambió considerablemente, pero seguimos trabajando a pesar de la difícil situación que enfrentamos, precisó Délice, al referir que en condiciones óptimas el Consejo necesita entre 180 y 200 días para celebrar unos comicios.
El funcionario explicó que se debe preparar un calendario y resolver el asunto de la poca cantidad de centros de votación accesibles por la crisis de seguridad, sin mencionar –aseveró- las restricciones en cuanto al movimiento de personas y la falta de equipamiento.
Hemos planteado el tema del padrón electoral, pues miles de electores fueron desplazados por la violencia o simplemente abandonaron la nación, añadió la autoridad, quien reiteró que realizar ese ejercicio requerirá de mucha voluntad, en un país saturado por las crisis y la violencia.
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