Por Pedro Pablo Pérez
La República Dominicana vive hoy un relato vil, como solo puede ser el que orquesta una élite oligárquica acostumbrada al abuso de su propia población, sometida a la ignorancia por siglos. Este discurso xenófobo y de corte fascista niega deliberadamente la discusión sobre las causas reales de la crisis haitiana, pues abordarlas perjudicaría sus intereses políticos y económicos. La oligarquía dominicana jamás se enfrentará al imperialismo estadounidense ni mucho menos atentará contra las fortunas que amasa gracias a la explotación laboral.
La verdad de la migración haitiana
Explicar a la población dominicana el fenómeno de la migración haitiana indocumentada requiere desentrañar una contradicción estructural: la enorme distancia que existe entre el discurso dominante de rechazo y la práctica económica de integración y explotación cotidiana.
- La paradoja económica: extracción de plusvalía y aumento de la tasa de ganancia. El sentido común en la sociedad dominicana opera de manera dicotómica entre el rechazo legal o identitario y la aceptación fáctica en el mercado de trabajo. Se rechaza al migrante en el discurso público, pero cuando se requiere fuerza de trabajo —sobre todo manual—, se recurre de inmediato a la mano de obra haitiana.
- Estructuralmente necesario, socialmente excluido. Sectores clave de la economía dominicana, como la industria de la construcción, la agricultura intensiva (banano, arroz, café) y el turismo, dependen críticamente de la fuerza laboral haitiana indocumentada.
- Depresión salarial y maximización de ganancias. El estatus de indocumentado despoja al trabajador de derechos laborales básicos, seguridad social, prestaciones, salario mínimo regulado y sindicalización. Esto permite a las élites empresariales, a las oligarquías binacionales y al capital imperialista extraer una plusvalía absoluta muy elevada, abaratando los costos de producción y disparando la tasa de ganancia en estos sectores.
- El «razonamiento» cultural y patronal. En el día a día, el sentido común de la población —incluyendo a la clase empleadora media y baja— normaliza la idea de que «hay trabajos que los dominicanos ya no quieren hacer». Así se justifica la precarización y los bajos salarios de la población migrante bajo una supuesta predisposición cultural o física hacia el trabajo duro.
El «discurso del peligro haitiano» y su funcionalidad política
Las narrativas que bordean el chovinismo y el neofascismo cumplen una función precisa de cohesión social y desvío de atención frente a las crisis internas de la República Dominicana, justificando además la miseria del pueblo vecino.
- La «invasión pacífica». Una de las narrativas más potentes en el imaginario dominicano es la idea de que existe un plan orquestado —a veces atribuido a potencias extranjeras o a organismos internacionales— para fusionar ambos países o «haitianizar» el territorio mediante una migración masiva e indocumentada.
- El chivo expiatorio de los servicios públicos. Se atribuye el colapso de los hospitales públicos —especialmente las maternidades— y de las escuelas a la «carga» que representa la población haitiana. Esto desvía el debate sobre la falta histórica de presupuesto, la ineficiencia y la corrupción estatal en el gasto público dominicano, canalizando la frustración de las clases populares hacia el migrante desposeído en lugar de dirigirla hacia el Estado y la oligarquía.
- Instrumentalización electoral. Históricamente, el discurso de la «salvaguarda de la soberanía» ha sido utilizado por partidos de diversas tendencias para aglutinar votos en momentos de descontento social o crisis inflacionarias, presentando la deportación masiva como la única solución a problemas estructurales complejos.
La dimensión del racismo y el antihaitianismo histórico
El racismo en la República Dominicana tiene raíces coloniales, pero su andamiaje moderno se configuró principalmente durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) a través de la ideología del antihaitianismo institucional.
- La alteridad identitaria. La identidad dominicana se construyó históricamente por oposición al espejo haitiano. Mientras lo dominicano se autoidentificó institucionalmente como «hispánico, católico y blanco o indio» —negando la propia raíz afrodescendiente de la gran mayoría de su población—, Haití fue colocado en el imaginario colectivo como el polo opuesto: «africano, salvaje, negro y ligado a prácticas mágicas como el vudú».
- Racismo de negación. El discurso oficial y el sentido común local rechazan la etiqueta de «racista», argumentando que el conflicto es estrictamente migratorio, económico o legal: «un asunto de soberanía y leyes». Sin embargo, la discriminación fenotípica basada en el color de la piel o los rasgos opera de manera cotidiana, afectando tanto a migrantes como a dominicanos de ascendencia haitiana y a dominicanos negros de estratos vulnerables.
- Coexistencia y solidaridad en la base social. A pesar de la hegemonía de las narrativas de odio en los medios de comunicación y las redes sociales, en los barrios y comunidades rurales persisten dinámicas espontáneas de coexistencia pacífica, mestizaje cultural y solidaridad de clase. En los mercados fronterizos, los bateyes y los sectores populares urbanos, la convivencia cotidiana erosiona los discursos más radicales: el trabajador dominicano y el migrante haitiano comparten espacios de vecindad, intercambios comerciales y estrategias de supervivencia, generando lazos de compadrazgo y alianzas de clase que desmienten la tesis del conflicto permanente.
Las raíces reales de la quiebra haitiana (1985 en adelante)
El colapso y la ruina estructural de Haití a partir de 1985 no obedecen a un factor accidental ni a una supuesta incapacidad cultural de su pueblo, sino a la convergencia catastrófica de cuatro motores históricos. El principal y determinante de todos es el desmantelamiento deliberado de su economía por imposición imperialista —lo que destruyó el tejido productivo, forzó la migración masiva y creó el caldo de cultivo para la posterior descomposición social y el surgimiento de pandillas—, sumado a la inestabilidad política crónica tras el fin de la dictadura, la quiebra ecológica de su territorio y la captura del Estado por oligarquías rentistas y el crimen organizado.
El año 1986, con la caída y huida del dictador Jean-Claude Duvalier («Baby Doc»), marcó el inicio de un proceso de desestabilización que transformó las vulnerabilidades históricas del país en una crisis humanitaria permanente. Las causas estructurales de esta ruina se dividen en los siguientes ejes:
- El embate neoliberal y las políticas de ajuste estructural (FMI y BM). A partir de la década de 1980, Haití fue sometido a agresivos planes de austeridad y apertura comercial exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos como condición para acceder a créditos.
- Destrucción de la agricultura local. Las exigencias impuestas obligaron a Haití a desplomar sus aranceles a las importaciones agrícolas: del 50 % al 35 % a finales de los años ochenta, y finalmente al 3 % en 1995. Esta medida aniquiló la producción de cultivos estratégicos como el arroz, el azúcar y el maíz. La cuenca del Artibonite, corazón arrocero del país, quebró al no poder competir con los granos estadounidenses fuertemente subsidiados, empujando a cientos de miles de campesinos a la miseria y al éxodo.
- La crisis de la harina y la austeridad. Ya en 1982 y 1983 se habían aplicado impuestos a productos básicos como la harina, además de gravámenes al consumo en general que dispararon la hambruna en los sectores populares, mientras de manera simultánea se recortaba el gasto público en educación y salud en un 25 %.
- La erradicación del cerdo criollo (1982-1983). Ante el temor de un brote de peste porcina africana, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) forzó la matanza de prácticamente la totalidad de los cerdos criollos del país, animales que funcionaban como la «caja de ahorros» de las familias campesinas. Fueron reemplazados por cerdos estadounidenses que requerían alimentos costosos e infraestructura técnica inadecuada para el entorno rural haitiano, descapitalizando por completo al campesinado y eliminando su principal fuente de proteínas.
El poder del Estado posdictadura y las intervenciones extranjeras
La salida de Duvalier en 1986 no dio paso a una democracia institucionalizada, sino a una fragmentación violenta del poder político impulsada desde el exterior:
- Fractura institucional del Estado. Desde 1986, la tutela imperialista ha supervisado más de una veintena de cambios de gobierno, múltiples golpes de Estado, intervenciones militares extranjeras directas (1994, 2004, 2025 y 2026) y misiones de ocupación encubiertas bajo la ONU, como la MINUSTAH. Lejos de estabilizar el país, estas injerencias criminales e injustificables erosionaron severamente la soberanía nacional y destruyeron la institucionalidad del Estado haitiano.
- Desmantelamiento de las fuerzas de seguridad. En 1995, el presidente Jean-Bertrand Aristide disolvió las Fuerzas Armadas de Haití debido a su largo historial de abusos e interferencia política. Sin embargo, la Policía Nacional creada para sustituirlas careció históricamente de los recursos y la preparación necesarios. Esta debilidad, sumada a la miseria generalizada por la quiebra económica, dejó un vacío territorial que con los años facilitó el surgimiento, el control y el auge de las bandas delictivas armadas.
Degradación ecológica y vulnerabilidad extrema
Haití sufre un fenómeno de colapso ambiental que magnifica el impacto de cualquier fenómeno meteorológico o geológico:
- Deforestación terminal. Para 1985, la dependencia absoluta del carbón vegetal como fuente primaria de energía doméstica ya había arrasado gran parte de la capa boscosa. Al perder los árboles que retenían la capa arable del suelo, las tierras fértiles se erosionaron irreversiblemente, inutilizando vastas zonas para la agricultura.
- Efecto multiplicador de los desastres. La falta de planificación urbana, la pobreza extrema y la deforestación convirtieron desastres naturales recurrentes —como los huracanes de las décadas de 1990 y 2000, y los devastadores terremotos de 2010 y 2021— en tragedias humanitarias totales de las cuales el tejido económico del país nunca logró recuperarse.
El ahogo financiero histórico: un abuso monumental
El estancamiento moderno no puede desvincularse de la asfixia económica con la que nació el Estado haitiano:
- Multiplicación de la deuda bajo la dictadura. Durante los casi 30 años del régimen de los Duvalier, la deuda externa del país se incrementó exponencialmente, multiplicándose por más de 17 veces. Cuando Jean-Claude Duvalier huyó en 1986, las arcas del Estado estaban saqueadas, dejando al país una deuda financiera masiva que los gobiernos posteriores tuvieron que costear con intereses y penalizaciones devoradoras.
- El lastre colonial. El endeudamiento del siglo XX se montó sobre el remanente de la indemnización histórica exigida por Francia en 1825: 90 millones de francos oro pagados a cambio del reconocimiento de la independencia. Aunque esa deuda colonial terminó de liquidarse en 1947, drenó durante más de un siglo hasta el 19 % de los ingresos públicos del país, impidiendo de raíz la construcción de infraestructuras básicas, sistemas educativos o redes de salud pública desde mucho antes del inicio de la crisis moderna.
El colapso de la agroindustria de exportación
El desplome arancelario y la apertura comercial forzada a partir de 1985 no solo liquidaron la producción de arroz para el consumo interno; también provocaron el colapso definitivo de la agroindustria de exportación tradicional de Haití. Cultivos emblemáticos que históricamente financiaban el presupuesto del Estado y sostenían el empleo rural —como la caña de azúcar, el café, el cacao y el sisal— quebraron debido a la competencia desleal y asimétrica con Estados Unidos, el contrabando orquestado desde la República Dominicana, la falta de inversión estatal y los embargos comerciales.
- La caña de azúcar y el cierre de la industria. Haití pasó de ser una potencia azucarera a perder por completo su capacidad de exportación industrial a finales de la década de 1980.
- El cierre de los ingenios (1986-1987). La joya de la corona industrial era la Haitian American Sugar Company (HASCO), junto a los ingenios estatales Darbonne y Citadelle. Entre 1986 y 1987, bajo la junta militar que sustituyó a Duvalier, todas estas plantas cerraron o se declararon en quiebra.
- El factor contrabando. Las mafias militares, el afán de lucro de las oligarquías binacionales y la reducción de controles fronterizos provocaron una inundación masiva de azúcar de contrabando desde la República Dominicana. Como los productores dominicanos sufrieron un recorte en su cuota de exportación hacia Estados Unidos en 1986, desviaron sus excedentes de azúcar barata hacia el mercado haitiano, destruyendo la rentabilidad de las fábricas locales.
- La informalidad generalizada. Al desaparecer la industria refinadora y cesar las exportaciones de azúcar centrífuga —que colapsaron de 43,000 toneladas en 1985 a niveles insignificantes o nulos en los años noventa—, la caña restante se desvió a la economía de subsistencia informal. El campesinado comenzó a procesarla manualmente en trapiches locales para producir clairin (destilado de caña barato) y melaza para el consumo interno.
- Pérdida del principal motor de divisas: el café. El café era el cultivo comercial que empleaba a más de un millón de campesinos en las zonas montañosas, y su declive a partir de 1985 fue dramático. En 1980, Haití exportaba cerca de 42,900 toneladas métricas de café, lo que representaba el 40 % de los ingresos por exportación del país. Para finales de los años ochenta y la década de los noventa, la producción cayó a la mitad y el valor de las exportaciones se desplomó de 90 millones de dólares anuales a apenas 3.2 millones en la década siguiente. El desmantelamiento de los servicios de extensión agrícola estatales, los bajísimos precios pagados a los productores por los monopolios de intermediarios urbanos y exportadores burgueses, y la llegada de la plaga de la roya terminaron por desincentivar el cultivo. Los campesinos prefirieron talar los cafetales para sembrar cultivos de subsistencia rápida o para fabricar carbón vegetal, acelerando aún más la deforestación.
- Cacao y sisal. El cacao siguió un camino paralelo al del café. Aunque las cooperativas campesinas intentaron mantener la calidad, el sector sufrió la sobregravación fiscal por parte del Estado y la falta de competencia entre los pocos compradores locales autorizados, dejando la producción estancada en niveles de subsistencia (4,000 toneladas a finales de los años ochenta). Por su parte, las grandes plantaciones de sisal del norte del país, destinadas a la exportación de cuerda y soga, cerraron progresivamente a finales de esa década ante la competencia de las fibras sintéticas internacionales y la pérdida de mercados por los embargos políticos de la OEA y Estados Unidos (1991-1994).
Resumen del desmantelamiento de la agroexportación haitiana
| Producto / Cultivo | Situación comercial antes de 1985 | Impacto y destino a partir de 1985 | Efecto en la industria y el comercio | ||
| Caña de azúcar | Alta producción industrial, exportaciones estables y abastecimiento nacional. | Desaparición total de la exportación; la caña se desvió al mercado informal doméstico. | Quiebra y desmantelamiento de los grandes ingenios (HASCO) por la entrada masiva de azúcar subsidiada y contrabando. | ||
| Café | Principal producto de exportación (40 % de las divisas del país). | Marginalización total; las exportaciones colapsaron un 95 % en valor de mercado. | Abandono de tierras y quiebra de las casas comerciales exportadoras de café tradicionales. | ||
| Cacao | Segundo cultivo comercial en importancia regional. | Estancamiento crónico debido a los bajos precios pagados al productor y la carga fiscal. | Reducción a niveles de subsistencia y pérdida de competitividad frente a monopolios intermediarios. | ||
| Sisal | Exportaciones industriales estables para el sector textil. | Cese total de las operaciones en las plantaciones del norte. | Sustitución definitiva por materiales sintéticos y bloqueo comercial de la OEA y Estados Unidos. | ||
El resultado final de este proceso fue la completa desindustrialización del campo haitiano. Al destruirse tanto el mercado interno por el arroz de Arkansas como el mercado de exportación por el colapso del azúcar y el café, la agricultura haitiana involucionó hacia una economía de micro-minifundios de subsistencia extrema e improductivos.
El comercio agrario se privatizó informalmente y las divisas del país pasaron a depender, de forma irreversible, de la ayuda internacional (dadivas) y las remesas de la diáspora.
Para muestra un botón, la actuación criminal de Billy y no The Kid. En 2010, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton pidió disculpas públicas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. EE. UU. mientras se desempeñaba como enviado especial de la ONU para Haití por haber “presionado” a Haití para que redujera sus aranceles a la importación de arroz en la década de 1990. La reducción de aranceles, en 1995, bajo presión de EE. UU. y de los productores del estado natal de Billy, Arkansas, Haití redujo drásticamente el arancel a la importación de arroz del 50% al 3%. Al abrir el mercado sin protección, el país se inundó de arroz estadounidense subsidiado, mucho más barato.
La medida arruinó a decenas de miles de pequeños productores y molineros locales, especialmente en el valle de Artibonite, destruyendo la capacidad de Haití de ser autosuficiente en la producción de este alimento. Haití pasó de producir gran parte del arroz que consumía a importar la inmensa mayoría que demanda.
Durante su comparecencia en 2010, Clinton admitió que la política fue un error: «Puede que haya sido bueno para algunos de mis agricultores en Arkansas, pero no ha funcionado. Fue un error».
Confesando el crimen de Lessa Humanidad. Expresó: «Tengo que vivir cada día con las consecuencias de la pérdida de la capacidad de producir arroz en Haití para alimentar a esa gente, debido a lo que hice»
Uno se imagina, otra vez, a este hipócrita con una lagrimita de cocodrilo al mejor estilo del perdón negociado en el caso de Mónica Lewinsky. El texto y la traducción oficial de la declaración de “disculpa” de Billy respecto al arroz en Haití, pronunciada el 10 de marzo de 2010 ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, detallan cómo sus políticas comerciales afectaron la autosuficiencia alimentaria haitiana. Extracto de la declaración en inglés y español, la confesión del crimen. «It has not worked. It may have been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. […] I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people, because of what I did — nobody else. «No ha funcionado.
Puede que haya sido bueno para algunos de mis agricultores en Arkansas, pero no ha funcionado. Fue un error. […] Tengo que vivir cada día con las consecuencias de la pérdida de capacidad para producir una cosecha de arroz en Haití para alimentar a esa gente, debido a lo que hice; nadie más».
Que realmente opero: El imperialismo: En 1995, bajo la presidencia de Clinton, se obligó a Haití a reducir sus aranceles al arroz del 50% al 3%, permitiendo la entrada masiva de grano subsidiado de EE. UU., principalmente de Arkansas. El Crimen: La medida arruinó a los productores locales y convirtió a Haití que antes era autosuficiente en un importador de más del 80% del arroz que consume. Impunidad: Clinton emitió estas declaraciones como Enviado Especial de la ONU para Haití tras el terremoto de 2010, reconociendo el fracaso de las políticas de exportación de alimentos de los países ricos. Continuo después como ¨Il caprino di mente¨, en buen dominicano, haciéndose el chivo loco y los haitianos muriendo de hambre.
Evolución histórica del arroz en Haití (1980-2000).
La siguiente tabla resume los datos históricos oficiales recopilados por organismos como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la FAO y el Banco Mundial:
| Periodo / Año | Arancel de importación | Producción local de arroz (Promedio anual en TM) | Importaciones desde EE. UU. (Promedio anual en TM) | Tasa de autosuficiencia estimada |
| Principios de los 80 (1980-1985) Periodo de preliberalización | 50 % | 130,000 a 163,000 TM | 7,000 TM | 95 % (Alta autosuficiencia) |
| Finales de los 80 (1986-1989) Primera apertura de mercados | 35 % | 100,000 a 123,000 TM | 25,000 TM | 76.9 % |
| Inicios de los 90 (1990-1994) Inestabilidad política y embargo | 35 % | 72,000 a 78,000 TM | 114,000 TM | 40 % a 50 % |
| Año de la imposición (1995) Retorno de Aristide bajo presión comercial | Baja al 3 % | 60,000 TM | 208,000 TM | 22 % |
| Era posapertura (Año 2000) Inundación del «Miami Rice» | 3 % | Estancada en 78,000 TM | 219,590 TM | 17.2 % (Dependencia total) |
Consecuencias directas de esta imposición
- Destrucción del empleo rural y desplazamiento. La cuenca del río Artibonite, principal zona arrocera de Haití, vio quebrar a miles de pequeños productores que no contaban con los masivos subsidios estatales que recibían los agricultores en Arkansas. Esto provocó un éxodo masivo del campo hacia los barrios marginados de Puerto Príncipe —donde el hacinamiento y la miseria crearían años después el caldo de cultivo para las pandillas delictivas— y posteriormente la migración masiva hacia la República Dominicana.
- Inseguridad alimentaria estructural. En menos de dos décadas, Haití pasó de ser un país productor capaz de alimentar a su población a un territorio dependiente de las importaciones para más del 80 % de su canasta básica de arroz.
Existe una correlación directa y causal entre la destrucción de la economía rural haitiana por la apertura arancelaria, el incremento de la pobreza extrema y la transformación de la dinámica migratoria hacia la República Dominicana. A partir de la década de 1980, el flujo migratorio dio un vuelco estructural: pasó de ser un movimiento temporal y controlado, ligado exclusivamente a los braceros de la industria del azúcar (los «bateyes»), a convertirse en un éxodo masivo, permanente y multisectorial provocado por la quiebra del campo en Haití.
El nexo entre arroz, pobreza y éxodo migratorio (1980-2000 en adelante)
| Periodo | Política de importación de arroz | Niveles de pobreza en Haití | Dinámica del éxodo hacia la República Dominicana |
| Años 1980-1985 Preliberalización | Proteccionismo. Aranceles del 50 %. Haití produce casi el 95 % del arroz que consume. Las importaciones de EE. UU. son marginales (7,000 toneladas). | Pobreza rural estable. Aunque bajo la dictadura de Duvalier el país era pobre, las economías campesinas locales de subsistencia garantizaban la alimentación y el empleo rural. | Migración circular e institucional. El flujo migratorio está dominado por acuerdos estatales temporales («braceros») para cortar caña de azúcar en los ingenios dominicanos. Pocos haitianos se quedan de forma permanente. |
| Años 1986-1994 Primeras presiones | Apertura inicial. Tras la caída de Duvalier (1986), el FMI impone reducir aranceles al 35 %. Las importaciones saltan a más de 100,000 toneladas, golpeando el precio local. | Aumento de la indigencia. Comienza el declive de los ingresos agrarios. La inestabilidad política y el posterior embargo internacional (1991-1994) destruyen el empleo urbano formal, disparando el sector informal. | Inicio del éxodo permanente. La quiebra agrícola y el golpe de Estado contra Aristide (1991) provocan las primeras oleadas masivas de refugiados y migrantes permanentes. Cerca de 70,000 personas huyen hacia la frontera dominicana. |
| Año 1995 El desplome arancelario | La imposición radical. Bajo la presión de EE. UU., los aranceles del arroz se reducen drásticamente al 3 %. El grano subsidiado de Arkansas inunda el mercado a precios imposibles de competir. | Choque de pobreza extrema. Destrucción masiva del tejido económico en el valle de Artibonite. El hambre se generaliza en las zonas rurales debido a la pérdida del sustento diario. | Desplazamiento en masa. El campesinado arruinado inicia un éxodo en dos etapas: primero hacia los barrios marginales de Puerto Príncipe y, ante la falta de oportunidades, cruzando masivamente la frontera dominicana de forma irregular. |
| Años 2000 en adelante Dependencia y crisis estructural | Consolidación del mercado. Las importaciones de arroz estadounidense representan más del 80 % del consumo nacional. La producción local queda marginada y descapitalizada. | Pobreza estructural crónica. Más del 70 % de la población cae bajo la línea de pobreza, y la inseguridad alimentaria se vuelve endémica, dependiendo totalmente de los precios internacionales del grano. | Inmigración multisectorial en RD. El perfil del inmigrante haitiano cambia por completo. Ya no se limita a los bateyes azucareros, sino que se integra de forma permanente y precarizada en la construcción, el turismo, el comercio urbano y los servicios generales. |
Los tres factores del colapso encadenado
La asimetría comercial. El productor haitiano de arroz empleaba métodos tradicionales, compitiendo directamente contra una agricultura capitalista moderna respaldada por los subsidios multimillonarios del gobierno estadounidense a los agricultores de Arkansas.
- La pérdida del sustento y el éxodo. El arroz no era solo alimento: representaba la banca y el seguro de vida del campesino haitiano. Al perder su valor de mercado, la tierra dejó de ser viable, lo que obligó a millones de personas a la movilidad humana forzada y al éxodo masivo.
- El imán dominicano y el beneficio oligárquico. Mientras el campo haitiano se desmantelaba, la República Dominicana vivía un proceso de desarrollo económico relativo mayor que Haití; en los años noventa, la diversificación económica en la que destacaban la agricultura, más el auge de la construcción privada y de infraestructuras, y el sector turístico, todos altamente demandantes de mano de obra. Esta brecha de desarrollo convirtió al país vecino en el destino natural de supervivencia para la fuerza laboral haitiana desplazada, creando una reserva de trabajadores sin derechos que maximizó las ganancias de la oligarquía dominicana y del capital transnacional.
Entonces, para comprender la magnitud de la crisis migratoria en toda su dimensión, es necesario analizar el fenómeno no como un evento coyuntural o estrictamente legal, sino como el resultado de una operación ideológica y económica estructural perfeccionada por la élite financiera y terrateniente dominicana a consecuencia de una imposición imperialista en Haití.
El desastre económico de Haití a partir de 1985 —cuyas causas reales radican en el choque neoliberal, la destrucción arancelaria del arroz, el café y el azúcar, y la erradicación del cerdo criollo por agencias estadounidenses y el lastre financiero de su deuda histórica— es sistemáticamente ocultado en el espacio público dominicano.
En su lugar, la oligarquía ha edificado un sólido bloque cultural y un sentido común de corte chovinista y neofascista que cumple una doble función: invisibilizar los mecanismos de sobreexplotación que incrementan sus tasas de ganancia y desviar el descontento de las clases populares dominicanas hacia un chivo expiatorio perfecto.
El discurso de la oligarquía dominicana y la ocultación de las causas reales
El relato hegemónico difundido por las élites políticas y empresariales dominicanas reduce la tragedia de Haití a una narrativa de «Estado fallido por naturaleza», «ingobernabilidad genética» o «atraso cultural indeseable». Al omitir de forma deliberada el desmantelamiento de la agroindustria haitiana forzado por los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) y las políticas comerciales de los Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990, la oligarquía dominicana borra la raíz económica de la migración y justifica la miseria del pueblo vecino.
Esta omisión histórica tiene como objetivo presentar el flujo de mano de obra como una «invasión pacífica» unilateral, ocultando que la economía dominicana —junto con las oligarquías de ambos países y el capital imperialista— requiere, succiona y se lucra activamente de esa fuerza laboral precarizada para sostener sectores clave de acumulación de capital.
La economía política de la migración: sobreexplotación y tasa de ganancia
La criminalización mediática y legal del migrante contrasta drásticamente con su asimilación absoluta en los procesos productivos nacionales. Mantener a la fuerza de trabajo haitiana en una condición de extrema vulnerabilidad legal —la indocumentación— es un mecanismo altamente rentable para las élites:
- Depresión salarial sistemática. Se extrae una plusvalía absoluta masiva mediante el pago de salarios muy por debajo del mínimo legal regulado.
- Evasión de costos laborales. Se aplica una eliminación fáctica del pago de seguridad social, seguro médico, vacaciones, horas extras y prestaciones por despido.
- Sumisión forzada («la camiona»). La amenaza constante de la redada y la deportación funciona como el dispositivo de disciplina laboral perfecto, anulando cualquier intento de sindicalización o protesta por mejoras salariales.
El bloque cultural y las narrativas excluyentes
El sentido común en la población dominicana absorbe y reproduce de manera cotidiana variantes del discurso ultranacionalista o neofascista bajo las siguientes premisas:
- El chivo expiatorio de los servicios públicos. Se repite constantemente que el colapso del sistema sanitario —en especial las maternidades públicas— y el hacinamiento escolar son culpa de la «carga pesada» que representan los inmigrantes. Los datos macroeconómicos desmienten esta falacia: el presupuesto histórico de salud en la República Dominicana ha rondado apenas entre el 1.8 % y el 2.8 % del PIB, muy por debajo del 6 % recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El colapso es el resultado de décadas de subfinanciación, corrupción institucional y privatización encubierta de los servicios, pero el sentido común inducido prefiere culpar al usuario haitiano antes que exigir responsabilidades a las élites gobernantes.
- La teoría de la conspiración de la «fusión de la isla». Difundida masivamente por sectores conservadores de la prensa, intelectuales orgánicos del estamento militar y plataformas digitales, esta narrativa sostiene que existe un plan político internacional para «unificar» a ambas naciones y borrar la soberanía dominicana. Esta ficción ideológica funciona como un eficaz distractor político en épocas de alta inflación, escándalos de corrupción o reformas fiscales regresivas.
- El racismo institucionalizado y el antihaitianismo. Anclado históricamente en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y prolongado por los gobiernos de Joaquín Balaguer, el discurso dominante asocia lo dominicano a lo «hispánico, católico, civilizado e indio o blanco», situando a lo haitiano en el extremo de lo «africano, vudú, bárbaro y negro». Este racismo de negación permite deshumanizar al trabajador, haciendo que su sufrimiento, hacinamiento y persecución en los camiones de migración sean percibidos por la sociedad no como una violación de derechos humanos, sino como un acto necesario de «preservación de la patria».
Hacia una salida estructural y clasista: ¡Trabajadores, uníos!
Superar este bloque cultural y desmantelar el engranaje de sobreexplotación exige acciones profundas en los ámbitos laboral, educativo, político y social. No se trata simplemente de un debate ético, sino de una lucha por la democratización, la liberación económica y social en ambas naciones:
- Igualdad laboral y persecución al sobreexplotador. La principal herramienta de abuso es la ilegalidad del trabajador. La solución estructural pasa por la aplicación estricta del Código de Trabajo dominicano a toda la fuerza laboral, independientemente de su estatus migratorio, obligando a las empresas a dotar de contratos formales, pagar salarios justos e inscribir a los empleados en la Seguridad Social. Esta medida desplaza el foco del castigo desde el eslabón más débil —el migrante indocumentado— hacia el verdadero sobreexplotador de plusvalía: las grandes constructoras, los latifundistas agrarios y las cadenas hoteleras que emplean mano de obra no registrada.
- Reforma educativa y desmitificación de la historia oficial. El sistema educativo formal dominicano, dirigido por el Ministerio de Educación (MINERD), reproduce los mitos fascistas del antihaitianismo, imponiendo una carga ideológica repugnante. Es urgente una reforma curricular en las asignaturas de Ciencias Sociales e Historia que incorpore una perspectiva crítica y caribeña. Esto implica enseñar los lazos históricos de solidaridad entre Juan Pablo Duarte y los reformistas haitianos antiboyeristas, destacar el apoyo haitiano a la Guerra de la Restauración dominicana contra España en 1863 y recordar la participación de combatientes haitianos frente a la invasión estadounidense a la República Dominicana en 1965. Asimismo, debe visibilizarse la raíz afrodescendiente de la identidad dominicana y explicarse de manera científica las causas económicas compartidas del subdesarrollo insular.
- Alianza clasista y solidaridad internacionalista. El bloque cultural se quebrará cuando los trabajadores asimilen en su conciencia que comparten los mismos intereses frente a los mismos explotadores. Es indispensable fortalecer los sindicatos de la construcción y los gremios agrícolas dominicanos, incorporando activamente a los trabajadores migrantes en sus demandas. Desmontar el discurso chovinista requiere demostrar en la práctica que los bajos salarios de los dominicanos no son causados por la presencia haitiana, sino por la voracidad de la oligarquía nativa por incrementar su tasa de ganancia, articulando esta lucha con la solidaridad internacionalista de los trabajadores dominicanos, estadounidenses y canadienses.
La organización de la población haitiana —tanto en su territorio como en la diáspora asentada en la República Dominicana y otros países— representa un desafío histórico marcado por la necesidad de construir una soberanía real, de carácter popular.
Las misiones de ocupación previas lideradas por potencias imperialistas o amparadas bajo la ONU no resolvieron jamás las causas estructurales de la crisis; por el contrario, constituyen actos criminales e injustificables desde cualquier punto de vista humano que debilitaron aún más las instituciones locales y profundizaron la dependencia económica.
Por ello, la salida de todas las fuerzas extranjeras del suelo haitiano debe ser inmediata. Todo proceso de reorganización política y social bajo tutelas imperialistas o modelos autoritarios externos, ajenos a la realidad histórica y comunitaria de Haití, está condenado al fracaso.
El Acuerdo de Montana y la «salida soberana»
El esfuerzo organizativo más significativo de los últimos años dentro de Haití es el llamado Acuerdo de Montana, formalmente conocido como el Acuerdo para una Solución Haitiana a la Crisis. Esta iniciativa demuestra que existen capacidades propias para estructurar formatos viables de negociación impulsados por el propio pueblo:
- Rechazo tajante a la injerencia externa. El acuerdo repudia cualquier intervención militar o política extranjera y sostiene que la salida a la crisis de gobernabilidad, seguridad e institucionalidad debe nacer de un consenso nacional haitiano. Propone establecer un gobierno de transición que devuelva el poder a las bases populares y organice elecciones democráticas libres de la tutela de las potencias tradicionales o de las oligarquías locales.
- La soberanía alimentaria impulsada desde la base. Tal como se evidenció tras la quiebra del arroz y de la producción agraria provocada por las políticas neoliberales, la reconstrucción nacional pasa necesariamente por el campo haitiano. Movimientos históricos como el Mouvement Paysan de Papaye (MPP) y Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen (Unión de Pequeños Campesinos Haitianos) trabajan activamente en la resistencia interna respaldando la ruta de Montana. El acuerdo contempla promover el retorno a las técnicas agrícolas tradicionales, el almacenamiento de semillas nativas y la reconstrucción de cooperativas locales fuera del control de las agencias de cooperación internacional. Para estos movimientos, la verdadera independencia comienza recuperando la capacidad de producir su propia comida y desmantelando la dependencia del grano importado desde Estados Unidos.
Organización laboral transfronteriza y solidaridad de clase
En el contexto de la diáspora asentada en la República Dominicana, la organización política haitiana enfrenta la criminalización estatal y el acoso del discurso xenófobo y chovinista.
Sin embargo, existen núcleos de articulación potenciales que podrían romper este bloqueo cultural incorporando organizaciones haitianas y colectivos dominicanos solidarios, diversas agrupaciones de jóvenes y obreros de la construcción que impulsan la sindicalización migrante.
- El sentido de la lucha compartida. El objetivo estratégico de estos espacios es concientizar al trabajador haitiano en el extranjero de que su lucha no se limita a sobrevivir o enviar remesas, sino que abarca la conquista de sus derechos políticos fundamentales. Al organizarse laboralmente, se combate la precarización económica que financia a las élites que sostienen el statu quo en toda la isla. Asimismo, se fortalecen los lazos con los movimientos sociales dominicanos de izquierda y de base popular, demostrando en la práctica que la opresión patronal golpea a ambas clases trabajadoras.
- La diáspora global y la solidaridad internacionalista. La población haitiana en el exterior —concentrada en ciudades como Nueva York, Miami, Montreal, París y Santiago de Chile— posee un peso económico crucial a través de las remesas, y busca transformar esa fuerza en influencia política autónoma. Articuladas con la solidaridad internacional de los trabajadores y sectores de izquierda en Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana, estas agrupaciones de intelectuales, profesionales y obreros presionarán constantemente para visibilizar el rol histórico de la deuda colonial y exigir la rendición de cuentas de los organismos financieros que arruinaron el país.
- Su esfuerzo se centra en cortar los canales de financiamiento externo que sostienen a los sectores políticos corruptos de Puerto Príncipe, abriendo espacio para que las fuerzas populares disputen el poder sin el veto ni la intervención foránea.
La liberación y refundación de Haití por sus propias manos exige desmantelar el engranaje de bandas armadas que operan bajo el control encubierto de facciones de la oligarquía económica interna y rechazar las recetas de seguridad importadas que vulneran los derechos humanos. Solo la reconstrucción del tejido comunitario, la soberanía alimentaria en el campo y la articulación solidaria de los trabajadores a ambos lados de la frontera y en el mundo podrán abrir una ruta de emancipación definitiva.
El Movimiento Campesino de Papaye (MPP): pilar de la resistencia popular.
Un componente fundamental del Acuerdo de Montana es el Mouvement Paysan de Papaye (Movimiento Campesino de Papaye, o MPP por sus siglas en francés), fundado en 1973 en la Meseta Central de Haití (Hinche), una de las organizaciones rurales más grandes e históricas del país. A través de su acción social, política y agraria, el MPP reivindica siete ejes centrales:
- Soberanía alimentaria. La defensa del derecho de los campesinos a producir sus propios alimentos frente a las importaciones masivas del modelo agroindustrial global.
- Reforma agraria integral. El acceso equitativo a la tierra para la población rural, respaldando activamente a los campesinos sin tierra.
- Agroecología y protección ambiental. El fomento de la agricultura sostenible, la reforestación, la conservación del suelo y el agua, y el rechazo estricto a las semillas transgénicas e híbridas.
- Lucha contra la crisis climática. La mitigación de la deforestación y el cambio climático mediante prácticas agrícolas locales que protejan los ecosistemas y reduzcan las emisiones de carbono.
- Derechos del campesinado. La defensa jurídica y social de los trabajadores rurales y el fortalecimiento de organizaciones de base integradas por hombres, mujeres y jóvenes.
- Feminismo campesino y popular. La equidad de género y la participación activa de las mujeres rurales dentro de las estructuras de decisión y liderazgo del movimiento.
- Inversión y apoyo estatal. La exigencia de que el Estado haitiano invierta en el sector rural, garantizando infraestructura, acceso al agua, tecnología agrícola y servicios básicos de salud y educación a las comunidades campesinas.
El boicot imperialista y oligárquico contra el Acuerdo de Montana.
El Acuerdo de Montana no fracasó por falta de cohesión interna del pueblo haitiano, sino porque fue activamente neutralizado y bloqueado mediante una alianza entre las oligarquías locales y el gobierno de los Estados Unidos. Los principales actores que obstaculizaron su implementación fueron:
- El primer ministro de facto Ariel Henry. Fue el principal obstáculo político dentro de Haití. Henry, quien asumió el poder tras el asesinato de Jovenel Moïse gracias al respaldo directo de potencias extranjeras, se negó sistemáticamente a ceder el mando o a aceptar la hoja de ruta de Montana. Cuando el movimiento del acuerdo eligió mediante votación interna a un presidente interino (Fritz Jean) y a un primer ministro (Steven Benoît) para encabezar la transición, Henry rechazó reconocer su legitimidad, excusándose en que el próximo mandatario debía surgir de elecciones generales directas que él mismo jamás convocó. Para restar fuerza a Montana, orquestó pactos paralelos con sectores empresariales y políticos afines —como el «Acuerdo del 11 de septiembre» y el «Consenso Nacional» del 21 de diciembre de 2022—, maniobras denunciadas por los líderes populares como intentos de usurpación para perpetuarse en el poder.
- El «Core Group» y el gobierno de Estados Unidos. En sintonía con Henry, la llamada «comunidad internacional» ejecutó un férreo boicot diplomático contra la ruta de Montana. El Core Group —un bloque neocolonial integrado por embajadores de Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, España, Alemania y la Unión Europea, junto a representantes de la OEA y la ONU— prefirió sostener el statu quo apuntalando al régimen ilegítimo de Ariel Henry. A pesar de que el Acuerdo de Montana representaba a más de 300 agrupaciones de base de la sociedad haitiana, el gobierno estadounidense y sus aliados…
La nueva ocupación militar y mercenaria
Las bandas delictivas (Frankenstein del FMI y Estados Unidos), que hoy asolan Haití no surgieron por generación espontánea, sino como el residuo directo de los antiguos cuerpos armados y paramilitares desarticulados tras la dictadura, entrelazados con las redes transnacionales del narcotráfico y el crimen organizado. Lejos de ser actores aislados, estas estructuras criminales operaron históricamente como brazos armados al servicio de las élites económicas y de los políticos corruptos de Puerto Príncipe —quienes las financiaron para reprimir protestas populares, disputar cuotas de poder y controlar territorios—, logrando engrosar masivamente sus filas gracias al desespero de millones de jóvenes desplazados por el éxodo campesino que provocó la quiebra del campo impuesta por el FMI y Estados Unidos. Con el paso del tiempo, este engranaje monstruoso adquirió mayor capacidad bélica y autonomía financiera, transformándose en federaciones armadas cada vez más independientes que hoy mantienen secuestrada a la población y sirven como el pretexto perfecto para justificar nuevas ocupaciones militares extranjeras.
La nueva ocupación criminal: las tropas de Bukele y los mercenarios de Erik Prince. El pretexto de las bandas de delincuentes
En la actualidad, ante este escenario de devastación inducida —nada accidental ni espontáneo—, el imperialismo estadounidense y las oligarquías explotadoras de ambos lados de la isla han puesto en marcha una nueva fase de agresión armada.
Para ejecutarla, han recurrido a una alianza siniestra entre el autoritarismo fascistoide de Nayib Bukele y la industria mercenaria privada encabezada por Erik Prince. Lejos de buscar la estabilidad, estas incursiones constituyen crímenes de guerra encubiertos cuyo verdadero objetivo es aplastar cualquier resistencia popular, perpetuar el saqueo de los recursos haitianos y garantizar el control político de Washington en el Caribe.
La situación en Haití ha entrado en una etapa de violencia neocolonial extrema, caracterizada por la ocupación simultánea de tropas extranjeras y sicarios corporativos:
- La incursión criminal de Nayib Bukele: muerte, propaganda y servilismo imperial. Como una concesión servil a Donald Trump y a las élites fascistas internacionales, el gobierno salvadoreño ordenó el envío de un contingente que supera los 2,000 soldados a territorio haitiano, pisoteando el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
Este despliegue masivo —activado bajo el pretexto de una emboscada ocurrida el 18 de octubre de 2026 en Croix-des-Bouquets, tras la cual cuatro efectivos salvadoreños desaparecieron— opera al margen de cualquier marco legal internacional. Incluso las tibias y sesgadas Naciones Unidas tuvieron que admitir que la gran mayoría de estas tropas actúan fuera de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), señalando la ausencia total de reglas de compromiso, la opacidad de sus operaciones y el altísimo riesgo de masacres contra la población civil. Bajo una grotesca campaña mediática en redes sociales diseñada para exportar el modelo carcelario y represivo salvadoreño, las tropas de Bukele funcionan en la práctica como una fuerza de choque imperialista que siembra terror en los barrios empobrecidos sin tocar jamás a los verdaderos financiadores de las pandillas.
Es muy probable que Bukele esté perdiendo apoyo interno por su desgastado discurso sin resultados de desarrollo concretos en El Salvador e investigaciones en todo el continente sobre el negocio de las criptomonedas.
- Erik Prince y Vectus Global: la privatización de la muerte y el saqueo aduanero. De manera paralela, el régimen ilegítimo encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé entregó la soberanía nacional a la corporación mercenaria Vectus Global, fundada por Erik Prince creador de la infame Blackwater, tristemente célebre por sus masacres de civiles en Irak. Desde principios de 2025, esta empresa de sicarios extranjeros despliega helicópteros artillados y realiza más de 2,000 bombardeos con drones artillados sobre zonas urbanas densamente pobladas. Agencias de derechos humanos han documentado el asesinato y la mutilación de niños y civiles inocentes bajo estos ataques tecnológicos indiscriminados. Pero el negocio de la muerte tiene una contrapartida económica directa: además de un contrato bélico de 52 millones de dólares anuales pagados con los escasos fondos públicos haitianos, Vectus Global se aseguró un acuerdo colonial de diez años para apropiarse del 10 % de todos los ingresos recaudados en las aduanas fronterizas con RD. Es la expresión más pura del capitalismo de desastre: mercenarios extranjeros cobrando por bombardear a un pueblo hambriento mientras confiscan sus ingresos fiscales.
Con estas intervenciones criminales, Haití jamás tendrá paz ni desarrollo.
La presencia conjunta de las tropas de Bukele, los mercenarios de Erik Prince y las misiones tuteladas por Washington y la ONU convierte a Haití en un laboratorio de guerra neocolonial donde se diluye toda responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad. Es fundamental denunciar esta verdad histórica: las mismas potencias imperialistas y las mismas élites explotadoras haitianas y dominicanas que destruyeron la agricultura haitiana, impusieron el ajuste estructural del FMI y financiaron en la sombra a las bandas armadas, jamás traerán paz ni desarrollo mediante las bombas y la ocupación.
La militarización extranjera solo busca pacificar a sangre y fuego a una población empobrecida para asegurar la continuidad del saqueo, proteger las zonas francas de maquila barata y mantener el flujo de mano de obra indocumentada que enriquece a las oligarquías insulares.
Bibliografía y fuentes documentales citadas
- Informes económicos, estadísticos y organismos internacionales
- Banco Mundial y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Informes sobre el mercado laboral en la República Dominicana y la contribución sectorial de la población inmigrante al Producto Interno Bruto (PIB).
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Series históricas sobre producción agrícola, políticas arancelarias e importaciones de arroz en Haití (1980-2000).
- Oficina Nacional de Estadística (ONE) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2017). Santo Domingo, República Dominicana.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). Indicadores básicos de salud y gasto público sanitario en las Américas (comparativa regional frente al PIB).
- Senado de los Estados Unidos (Comité de Relaciones Exteriores). Registro oficial de la comparecencia y declaración pública del expresidente Bill Clinton como enviado especial de la ONU para Haití (10 de marzo de 2010).
- Estudios académicos y organizaciones sociales
- Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Centro de Investigación y Acción Social Marítimo (CIAS-SJM). Investigaciones sobre condiciones laborales, brecha salarial y economía política de la migración haitiana en la República Dominicana.
- Comisión para la Búsqueda de una Solución Haitiana a la Crisis. Acuerdo de Montana (Accord de Montana). Documento programático para la transición democrática y soberana en Haití (agosto de 2021).
- Mouvement Paysan de Papaye (MPP) y Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen. Manifiestos y documentos programáticos sobre soberanía alimentaria, agroecología y reforma agraria integral en Haití.
- Contexto histórico y documental sobre deuda, intervención y seguridad
- Archivos históricos sobre la deuda colonial francesa (1825-1947). Documentación relativa a la ordenanza de Carlos X y los pagos de indemnización financiera impuestos a la República de Haití.
- Consejo de Seguridad y Agencias de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Reportes sobre el impacto de las misiones de estabilización (MINUSTAH), los contratos de seguridad privada en Puerto Príncipe (Vectus Global) y las operaciones de fuerzas militares extranjeras en territorio haitiano (2025-2026).
- Dependencia sectorial. Según la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), coordinada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sectores enteros dependen de este trabajo.
- La brecha salarial como transferencia de valor. Estudios del Centro de Estudios de Género del INTEC y del Centro de Investigación y Acción Social Marítimo (CIAS-SJM) reflejan que un trabajador haitiano indocumentado percibe en promedio entre un 30 % y un 45 % menos de salario que un trabajador dominicano por realizar exactamente la misma jornada laboral y esfuerzo físico en el sector informal.
- Aporte al PIB frente a retribución. El Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han señalado en diversos informes sobre el mercado laboral dominicano que la mano de obra inmigrante aporta entre el 7 % y el 9.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, debido al régimen de exclusión, este aporte no se traduce en inversión social para esta población, sino que se transforma directamente en excedente neto y aumento de la tasa de ganancia para los sectores inmobiliario, agroexportador y turístico.

