Los dos últimos años de Donald Trump los ejercerá tal cual inició este mandato presidencial, amparado en emitir órdenes ejecutivas y dirigiendo las relaciones exteriores con caja chica.
Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
El control demócrata en el Congreso redefine las reglas del poder en Estados Unidos. Esta configuración obliga a la Casa Blanca a depender de las órdenes ejecutivas, limitando su margen legislativo. Los demócratas no solo recuperaron la mayoría, sino que lo hicieron con una holgura que supera cualquier margen de maniobra republicano: 54 escaños en el Senado y 231 en la Cámara de Representantes. Los mecanismos de control constitucional entran en una fase de máxima tensión ante la falta de consensos. La gobernanza nacional se traslada ahora del parlamento a la exclusividad de las decisiones presidenciales.
Desde una perspectiva multilateral, la emisión constante de decretos debilita la previsibilidad de los acuerdos internacionales. Los socios globales observan con cautela cómo las decisiones de la Casa Blanca quedan sujetas a la volatilidad ejecutiva. Esta inestabilidad jurídica reduce la confianza en los compromisos asumidos ante diversos organismos transnacionales. Las alianzas estratégicas globales requieren de ratificaciones parlamentarias estables que hoy están totalmente ausentes. El “rule of law” (Estado de derecho) ha sido reemplazado por el “rule of litigation” (imperio del litigio): la política comercial estadounidense se dicta por la última orden ejecutiva y la inyección judicial que le sigue 48 horas después.
El uso intensivo de órdenes ejecutivas busca evadir el bloqueo, pero enfrenta severas limitaciones judiciales. Los decretos carecen de la permanencia de una ley y pueden ser revertidos por futuros gobiernos. La evidencia de este límite ya es contundente: la Corte Suprema, en una decisión de 6 a 3 en febrero de 2026, declaró inconstitucionales los aranceles generalizados que Trump impuso invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que la facultad de imponer tributos reside en el Congreso, no en la Casa Blanca. La oposición parlamentaria utilizará su facultad presupuestaria para fiscalizar rigurosamente cada fondo destinado a estas políticas. El margen de acción del mandatario se reduce a medidas administrativas propensas a demandas legales. De hecho, la administración no solo litiga: según reportes de The New York Times de noviembre de 2026, el Ejecutivo ha “esquivado” sistemáticamente las órdenes judiciales mediante retrasos, cumplimiento incompleto o disputas de interpretación, creando una crisis de confianza entre poderes.
La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes podría, en teoría, abrir un tercer juicio político contra Trump. Pero la destitución no depende de esa mayoría simple: el Senado exige dos tercios, es decir, 67 votos. Con 54 escaños, los demócratas necesitarían al menos 13 senadores republicanos. Por eso, el escenario más probable no es la destitución, sino la fiscalización permanente y el uso del presupuesto como arma de control. La camisa de fuerza institucional no pasa, por ahora, por la expulsión del poder, sino por el ahogo de su margen de acción.
El costo de esta volatilidad no es abstracto. En materia exterior, la gestión con recursos limitados restringe el alcance real de la diplomacia norteamericana. El Congreso mantiene el poder sobre el presupuesto general, impidiendo el financiamiento de grandes estrategias. Este escenario reduce la capacidad de implementar planes complejos, aislando las decisiones clave en el Despacho Oval. Las iniciativas internacionales dependerán de presupuestos de contingencia altamente vigilados por comités opositores. El ejemplo más crudo fue el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —Department of Homeland Security—, que se prolongó durante 75 días —el más largo de su tipo— tras el pulso presupuestario entre demócratas y la Casa Blanca por las partidas de inmigración.
Ese mismo impacto se traslada al bolsillo de los ciudadanos. Los aranceles ilegales, mientras estuvieron vigentes, costaron a la familia estadounidense promedio más de 1.700 dólares entre 2025 y principios de 2026. La inflación, impulsada por estas medidas, repuntó por encima del 3%, erosionando el poder adquisitivo. La “caja chica” que describe la situación del Ejecutivo en el artículo no solo limita la diplomacia, sino que obliga a la economía a operar bajo una espada de Damocles judicial permanente.
El balance de este periodo dependerá de la resistencia institucional frente a esta centralización normativa. El sistema de pesos y contrapesos estadounidense se somete a una prueba frente a facultades especiales. La comunidad internacional y los ciudadanos asistirán a un tramo final de gobierno que, durante dos años, operará bajo una fiscalización constante. El diseño de políticas públicas queda condicionado al conflicto permanente entre poderes del Estado. El presidente queda, así, en una camisa de fuerza institucional.