Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
La democracia en España esconde un laberinto invisible donde el voto ciudadano nunca elige directamente al presidente. Por los nombres más conocidos promovidos para presidentes, cabeza de listas, solo votan quienes están empadronados en su circunscripción, hasta ahora Madrid, entre otras 50 plazas electorales. Las mayorías se construyen mediante pactos en despachos cerrados que diluyen la voluntad popular directa.
La representación en el Congreso se distribuye con un sesgo geográfico que beneficia al bipartidismo tradicional. El método D’Hondt (que divide los votos para premiar a los más grandes) castiga con dureza a los partidos medianos en las provincias con menos habitantes del país. Miles de papeletas se van a la basura electoral si no se concentran bajo siglas oligopólicas tradicionales.
Esta trampa matemática explica la presión y necesidad de conformar plataformas unificadas ante la próxima movilización y el deber hacia las urnas. La izquierda parece acudirá al certamen y reparto fracturada entre el Frente Amplio de Ada Colau y las alianzas independientes de resistencia de Podemos y Gabriel Rufián desde ERC. Si no unifican sus marcas, la regla del reparto podría convertir sus votos, en muchas demarcaciones, en esfuerzos perdidos y triunfo de la oposición.
Esa fractura se agrava porque las formaciones de Cataluña y el País Vasco priorizan las demandas de sus propios ámbitos territoriales. Sus exigencias de recursos exclusivos encarecen cualquier pacto y empujan a las fuerzas estatales a una trampa de alianzas obligatorias. Esta asfixia parlamentaria es la que impone la necesidad urgente de levantar frentes unificados para no sucumbir ante las legítimas demandas de autogobierno regional.
El bloque de derechas observa esta fragmentación esperando recuperar el control absoluto del poder institucional. El Partido Popular y Vox buscan una suma directa que evite depender de las exigencias de la periferia. Su campaña se plantea como un juicio definitivo a la gestión del actual administrador del Estado.
La caída de los decretos de vivienda demostró que sostener un gobierno de coalición múltiple es una tarea imposible. La convocatoria anticipada es una riesgosa aventura impuesta por la ciudadanía en las calles, dejando muy poco margen de maniobra, obligando a todas las fuerzas políticas al reajuste o cambio de las mayorías que hoy bloquean el Parlamento.
El relato oficial vende estos procesos como una fiesta democrática de participación ciudadana libre y soberana. Sin embargo, la realidad demuestra que los electores solo eligen las piezas de un rompecabezas muy complejo. El verdadero poder no se ejerce en los colegios electorales, sino en las negociaciones secretas del día después bajo el auspicio del rey.
El tablero del poder español requiere un análisis libre de sesgos que cuestione las reglas del juego. Comprender la ingeniería de los pactos es fundamental para que el ciudadano no sea un simple votante por nombre o figura promovida como presidencial, sino más bien como cabeza de lista y sumatoria geográfica que le beneficia. La gobernabilidad del país ya no depende de convencer a la mayoría, sino de saber gestionar el reparto del poder.