18 de enero 2026 (EIRNS).—En la conferencia de prensa del 3 de enero en la que el presidente Donald Trump celebraba que militares estadounidenses secuestraron esa madrugada a Nicolás Maduro, presidente de la nación soberana de Venezuela, aparecen cinco funcionarios detrás de Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de “Guerra”, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, tomaron la palabra, al igual que Trump. Dos de ellos no hablaron; uno de los cuales era fácilmente reconocible (y notorio), el subjefe de gabinete de la Casa Blanca para Política, Stephen Miller. El otro era el menos conocido Mike Davis, abogado responsable de urdir los fundamentos jurídicos de la «Operación Resolución Absoluta».
Davis no habló desde el podio, pero ese día utilizó su cuenta de X para (entre otras cosas) amenazar a la Presidenta de México, Claudio Sheinbaum, con que podría recibir el mismo trato que el Presidente Nicolás Maduro por hacer referencia a la Carta de las Naciones Unidas contra el ataque a Venezuela, (Davis escribió: «Cállate, Claudia. O serás la siguiente») y para decirle a Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, «jódete, Zohran», por haber declarado su rechazo al atentado al derecho.
Asimismo, reprodujo la consigna de su compinche, Will Chamberlain, de que «el único verdadero ‘derecho internacional’ es la ley estadounidense». Desde el asesinato de Renee Good en Minnesota a manos del ICE, Davis ha sugerido que se utilice la Ley de Insurrección para reprimir a los enemigos del Estado, como él tilda a todos los manifestantes, demócratas y cualesquiera que defiendan a los inmigrantes.
Davis y Chamberlain son miembros orgullosos de la llamada “Federalist Society” (Sociedad Federalista), la asociación jurídica que el estadista estadounidense Lyndon LaRouche denunció en el 2006 como uno de los principales promotores del intento de llevar a cabo un golpe de Estado al estilo de Hitler contra la Constitución de Estados Unidos, liderado por el entonces vicepresidente Dick Cheney y sus secuaces neoconservadores a instancias de los banqueros de Wall Street.
La gente debió haber escuchado entonces y puesto atención, cuando Lyndon LaRouche advirtió de que el asunto con la Sociedad Federalista «es Hitler. ¡No podemos permitir que se introduzca en Estados Unidos a Hitler y a sus políticas de gobierno!».
La Sociedad Federalista, fundada en 1982 desde la Universidad de Chicago, «fue organizada en torno a las ideas de un personaje central del nazismo, Carl Schmitt, quien fue el que diseñó la ley, la decisión jurídica que le permitió a Hitler convertirse en dictador en vez de ser sólo Canciller», denunció LaRouche en una entrevista con la Radio Pública de Wisconsin el 18 de enero del 2006; la misma decisión jurídica «que más tarde autorizó y respaldó el asesinato de las personas» que se le oponían.
Hoy, a esta teoría se le llama el «ejecutivo unitario», destacó LaRouche, pero es «simplemente la misma política que Carl Schmitt utilizó para darle a los Nazis poderes dictatoriales, en 1933… en Alemania. Y Hitler se quedó como dictador hasta 1945».
La revista fundada por Lyndon LaRouche, Executive Intelligence Review (EIR), documentó como se introdujo la Sociedad Federalista en las instituciones judiciales para gobernar mediante el terror, y su papel se destacó en el cuarto de los originales folletos publicados ese año por el movimiento político de LaRouche bajo el título «Children of Satan» (Hijos de Satanás).
Así que, el llamado «Proyecto Artículo III» (A3P) de Davis, del que Will Chamberlain es el asesor jurídico principal, se jacta de haber sido fundado en el 2019 como «el puño de acero para luchar contra la guerra jurídica de la izquierda», con el fin de conseguir que sus compinches de la Sociedad Federalista fuesen nombrados para dominar el poder judicial y «formar la próxima generación del poder judicial».