La Paz (Prensa Latina) A 48 horas de las elecciones generales de Bolivia, el Gobierno de Estados Unidos publicó un voluminoso informe en el cual condenó las políticas del Ejecutivo del presidente Luis Arce sobre derechos humanos, con evidente propósito injerencista.
Pese a que la división del bloque nacional popular boliviano indicaba que la votación del domingo 17 de agosto daría como resultado, tras 20 años de hegemonía política de la izquierda (con el paréntesis del golpe de Estado de 2019), un balotaje con uno y hasta dos representantes de la derecha neoliberal, la intención del reporte evidenció el propósito de influir en el resultado.
El departamento que encabeza el secretario de Estado, Marco Rubio, censura en ese documento lo que denomina la violación de los derechos fundamentales y señala que en este terreno la situación no cambió en el último año.
Según el texto de Washington, “entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; arresto o detención arbitrarios (…)”.
Menciona, asimismo, “graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluida violencia o amenazas de violencia contra periodistas”.
Finalmente, el denominado “Resumen Ejecutivo” se atribuye el derecho de opinar que “el Gobierno (de Bolivia) no tomó medidas creíbles para identificar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.
LA POSICIÓN DE BOLIVIA
De su lado, en un comunicado circulado a la prensa el mismo 15 de agosto, la Cancillería boliviana rechazó “categóricamente” el contenido y las conclusiones del denominado Informe de Derechos Humanos 2024.
“Este documento, elaborado sin consulta ni consentimiento alguno de nuestro país, carece de rigor, objetividad y validez, y se enmarca en una visión unilateral e intervencionista que desconoce la realidad boliviana y nuestras instituciones democráticas”, afirmó el comunicado.
Denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores que en un momento en que Bolivia vive en democracia, “a pesar de que se la pretendió destruir desde distintos frentes y a días de celebrarse las elecciones generales, resulta evidente que este informe pretende incidir en la política boliviana (…)”.
Precisó que, de esa forma, Washington pretende erosionar la confianza ciudadana en las instituciones bolivianas, utilizando afirmaciones arbitrarias y carentes de fundamento.
PLAN B
En este contexto, en entrevista concedida a Prensa Latina días antes de los comicios, el politólogo boliviano Hugo Moldiz denunció que estaba en marcha un Plan B golpista de la derecha en previsión de un resultado favorable a la izquierda, con el pretexto de un supuesto fraude.
“Hay una estrategia imperial de carácter continental, cuya receta la aplican en gran parte de los países latinoamericanos”, aseguró Moldiz.
Describió que esa fórmula tiene que ver con posicionar a los candidatos afines a los intereses de Estados Unidos, los de la derecha, como los favoritos, lo cual tiene un segundo objetivo claro: que, ante un eventual crecimiento o victoria del campo popular, inmediatamente se saque la bandera del fraude electoral.
“Ambas tácticas se complementan -advirtió el también exministro de Gobierno (2015)-, y tienen por objetivo, ciertamente, conquistar territorios, en este caso países, en una estrategia de carácter continental”.
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