Puerto Príncipe (Prensa Latina). La creación este miércoles de un consejo electoral provisional en Haití emerge como un paso más en su ordenamiento político y abre las puertas a la organización de los primeros comicios generales desde 2016.
El consejo presidencial de transición había dado como plazo límite esta jornada para el completamiento del ente, como parte de acciones frente a un telón de fondo bien definido: el cronograma de la cita ante las urnas podía verse afectado debido a que ese órgano seguía sin cobrar vida.
Mientras se concretan estos elementos, otros datos apuntan a la urgencia de resolver, asimismo, problemáticas vinculadas a la escalada de violencia en la nación del Caribe, sumida en una crisis sin precedente y con incidencia en todos los ámbitos.
Un ejemplo de esa realidad reside en que más de dos mil personas fueron desplazadas de sus hogares en Puerto Príncipe, la capital haitiana, en apenas dos días, a causa de enfrentamientos entre grupos armados, refirió recientemente la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El organismo registró esos índices entre el 11 y 13 de septiembre últimos en los barrios de Cité Soleil y Delmas, tras violentos incidentes de las bandas que agravan aún más la situación de los civiles en la zona metropolitana.
De acuerdo con estimaciones del organismo multilateral, más de 170 mil ciudadanos se encuentran desplazados solamente en Puerto Príncipe y, aunque la mayoría de ellas se alojan en casas de familias de acogida, otros tres asentamientos temporales surgieron luego de los más recientes movimientos.
Las Naciones Unidas y sus socios mantienen la entrega de alimentos, agua, saneamiento y asistencia a pesar de la baja financiación y la expansión de la violencia, dijo a la prensa la víspera Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.
El Plan de Respuesta Humanitario para el país caribeño apenas cuenta con el 39 por ciento de los 674 millones de dólares solicitados por la ONU.
“Seguimos pidiendo un mayor apoyo a la respuesta humanitaria para ayudar al pueblo haitiano”, instó al respecto el vocero.
Entretanto, las dudas sobre la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad aprobada para Haití advierten la necesidad de renovar los compromisos con el país azotado por la violencia, mientras el futuro de la iniciativa parece incierto.
Menos de tres meses después de la llegada de los primeros uniformados kenyanos, la prensa describe la situación como frustrante para los nacionales, quienes más sufren los desmanes provocados por las pandillas.
La fuerza de paz aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU desde octubre de 2023 no tiene un destino sólido.
De acuerdo con lo dispuesto por el órgano más poderoso de las Naciones Unidas, el mandato debería renovarse tras doce meses, pero las demoras para el despliegue y la falta de financiamiento apuntan a un golpe de timón para ese proyecto.
Recientes declaraciones de representantes de Estados Unidos confirman su interés en un cambio de estructura que podría convertir a la Misión Multinacional en una fuerza de paz de la ONU.
De esta forma, las tropas no dependerían de donaciones o personal internacional, sino de los fondos fiduciarios del organismo y los denominados cascos azules.
Para el profesor de la Universidad de La Habana Antonio Romero, el establecimiento de una nueva misión no representa garantía alguna de que se pueda restablecer el orden y reducir la criminalidad y la violencia.
“Tampoco significa que se puedan establecer condiciones mínimas institucionales necesarias para empezar a remontar la crisis estructural que enfrenta Haití”, dijo en entrevista con Prensa Latina.El tema promete llegar a los debates de la venidera semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, aunque para los haitianos solo representa un sólido recordatorio de la deuda de la comunidad internacional con el país caribeño y el sombrío legado de las tropas extranjeras en el país.
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