Caracas (Prensa Latina) Presentado por Estados Unidos como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial y por Venezuela como histórico, el convenio alcanzado suscita posiciones encontradas en un país abocado a la convivencia democrática y la paz.
Anunciado primero como “noticia de última hora” el 28 de agosto por el presidente Donald Trump en su red social, y luego por el Gobierno bolivariano a través de un texto en distintas plataformas, el arreglo despertó suspicacias por ser el principal recurso natural de la nación y lograrse en el actual contexto político.
Para la parte estadounidense, el acuerdo fue posible por la “estrecha colaboración” con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asegurará el “control mayoritario” de Estados Unidos sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas en Venezuela, estimadas en más de 300 mil millones.
Trump declaró que esta alianza con el sector privado no solo se realizará “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”, sino que la transacción histórica “DUPLICA con creces las reservas petroleras” y “reducirá sustancialmente los precios de la gasolina” nacionales.
Este contrato con operadores privados para incrementar la producción de hidrocarburos “tendrá un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación”, afirmó el texto divulgado por la mandataria, que el jefe de la Casa Blanca llamó en su mensaje “interina”.
Como parte del tratado se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos en la Faja del Orinoco, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de la moneda estadounidense en tributos para el Estado venezolano.
La nota oficial significó que estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de la industria, sino también al crecimiento económico de la nación, a la “seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales”.
“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, remarcó.
Rodríguez agradeció altamente a Trump, a su secretario de Estado, Marco Rubio, y al Gobierno estadounidense, por “su disposición en el desarrollo de este acuerdo, que representa un hito histórico en las relaciones bilaterales”.
Al día siguiente de dado a conocer el arreglo, la gobernante encargada aseguró en transmisión televisiva nacional que, con lo alcanzado con Estados Unidos, “Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos naturales”.
Precisó que el acuerdo será por 25 años, con “beneficios que se pierden de vista” y tendrá “un gran impacto” en la vida de todos los venezolanos en el mediano y largo plazo.
Entre los beneficios para su país, mencionó el aporte de la nación norteña de capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una “industria estratégica” duramente golpeada por las sanciones de más de una década.
Subrayó que los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, produce, recibe el Estado; cuáles son las condiciones para los operadores y el objetivo de desarrollarlos “debe ser, afirmó, que esa riqueza vuelva a convertirse en producción, oportunidades, bienestar y futuro para el país”.
Venezuela, dijo la dignataria, tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero tener recursos bajo tierra no es suficiente porque se necesitan inversiones, tecnología, infraestructura y capacidad productiva para convertir esas riquezas en bienestar para el pueblo.
El acuerdo parte de una premisa “muy sencilla” en que cada parte aporta lo que puede hacer mejor y la República Bolivariana aportará petróleo, industria y la experiencia adquirida por sus trabajadores durante más de 100 años, expresó.
Recibirá, además, producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado y encadenamientos productivos para la industria nacional. Mientras, apuntó, el país norteño aportará “capital y tecnología necesaria” para recuperar y desarrollar esos activos.
Este acuerdo con Estados Unidos —remarcó— contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, que redundarán en ingresos calculados en 209 mil 335 millones de dólares con un valor de referencia de 65 dólares por barril.
En términos concretos, por cada barril producido y vendido, Venezuela recibirá cerca de 19 dólares, y vislumbra el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja del Orinoco con “regalías mínimas” del 16 por ciento (hace tres décadas era del uno por ciento) y un impuesto sobre la renta del 34 por ciento.
PSUV Y TUPAMARO, DOS PARTIDOS DEL POLO PATRIÓTICO
Un espaldarazo a la jefa de Estado encargada dio de inmediato el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); a través de su Dirección Nacional expresó su “pleno respaldo” a Delcy Rodríguez por el compromiso contraído.
Ante el nuevo escenario de relacionamiento internacional para el desarrollo productivo del país y “fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional y el bienestar del pueblo”, el PSUV reafirmó su respaldo a la conducción de Rodríguez.
Para la llamada tolda roja, “se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional”, a fin de poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional.
El PSUV aseguró que “continúa férreamente unido en torno a nuestro Alto Mando Político”, para transitar esta nueva etapa con inteligencia estratégica, unidad popular y conciencia revolucionaria.
El Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT) fijó también su posición acerca del acuerdo y demandó que el país conozca “con absoluta transparencia” cómo se estructurará.
La Dirección Nacional del MRT aseveró en un comunicado oficial que no se oponen a que se venda el petróleo, haga negocios o atraiga inversión, pero lo que obliga a levantar la voz con firmeza, “es el método”.
Asimismo, las condiciones e intenciones geopolíticas que acompañan esta negociación “en un escenario donde el imperialismo no ha dejado de agredir, sancionar y asfixiar a nuestra patria”.
Como fuerza aliada de la Revolución bolivariana y fiel al legado de Chávez y Bolívar, la organización recordó que fue precisamente Estados Unidos, junto a sus operadores políticos, quien impulsó el cerco financiero, la persecución económica y el bloqueo criminal contra Venezuela para intentar doblegarla.
Resulta políticamente contradictorio que ahora aparezcan como promotores del “renacimiento” nacional quienes antes apostaron al colapso de nuestra patria y economía, declaró.
La organización política manifestó que no basta con anunciar contratos ni repetir discursos vacíos de “desarrollo” e “inversión” si detrás se esconde la subordinación de nuestra riqueza a intereses foráneos.
Consideró indispensable que el país conozca con “absoluta transparencia” cómo se estructura este acuerdo, bajo qué figura jurídica pretende operar y quién ejercerá el control real sobre la producción, la comercialización, la tecnología y, sobre todo, la renta petrolera.
La Revolución no puede confundirse con concesión, ni la recuperación económica con una nueva forma de tutela imperial; “la soberanía no se negocia, la independencia no se disimula y la riqueza del subsuelo debe servir para liberar al pueblo, no para someterlo”, alegó.
EL CONTEXTO Y QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN
La República Bolivariana y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo pasado como parte del diálogo iniciado entre autoridades de los dos países, después de quedar interrumpidas desde febrero de 2019.
Un comunicado entonces de la Cancillería expresó su confianza en que “este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una cooperación positiva y de beneficio compartido”.
Estos vínculos se concretaron después de que el 3 de enero de 2026 tropas estadounidenses secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y atacaron cuatro puntos estratégicos del territorio nacional con saldo de más de un centenar de muertos, entre ellos, 32 combatientes cubanos.
El artículo 12 del Capítulo II de la Constitución sobre el “espacio geográfico y la división política”, establece que: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República…”.
Es decir, “son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público”.
El apartado 303, en tanto, plantea: “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), o del ente creado para el manejo de la industria petrolera…”.
En tal sentido, exceptúa “las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios” de Pdvsa.
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