Por DANTES ORTIZ NÚÑEZ
El presidente LuisAbinader hizo en su primera administración del Estado (2020-2024) una gestión positiva y transparente, no obstante los grandes obstáculos que se presentaron, las respuestas fueron certeras a problemas sempiternos. La mayoría de funcionarios demostró tener los perfiles y capacidades para operar y resolver, en tanto otros no pudieron resistir las tentaciones de disfrutar de las mieles del Poder y fueron defenestrados. Puede decirse que esa primera gestión tuvo más luces que sombras.
Desde que se completó el gabinete sonaron las alarmas sobre figuras con perfiles sospechosos, otros propensos a “saltar a ricos” por la vía fácil de un puesto público y, lo más grave, representantes de grupos económicos que asignan prioridad a lo privado sobre lo público. Tras la activa vigilancia ciudadana y periodística frente a ellos, se hizo notoria la actitud de separarlos de sus cargos y más de 30 fueron retirados, al margen de sus cercanías al presidente y de sus aportes partidarios.
A lo largo del cuatrienio se pudo constatar cambios significativos respecto a anteriores administraciones públicas, sobre todo ante la permisividad frente a la corrupción, frente al cinismo de autoridades ineptas que siempre alegaron estar trabajando para resolver y los problemas aún persisten; y frente al constante desafío a la opinión pública, negándose a reconocer actos ilícitos o simplemente los atribuían a casos aislados a contrapelo de las abrumadoras denuncias y las ostentaciones de riquezas rápidas desde puestos oficiales.
El lastre de la corrupción
Dados los casos de sobrevaluación de obras y despojos de tierras, solares y lugares, así como desvalijar propiedades públicas, viviendas particulares, compras fraudulentas, alteraciones de documentos, asociación de malhechores y complotar para despojar a terceros de bienes, a Joaquín Balaguer no le quedó más remedio que admitir que hubo más de 300 nuevos millonarios en su gestión de los doce años, número subestimado en extremo: al que es necesario agregar haber convertido las agencias oficiales en cotos de corrupción para la burocracia, que si no se le pagaba peaje bloqueaban todo.
En las administraciones de Balaguer la corrupción se afianzó como política pública, adquiriendo niveles escandalosos para las economías populares, pero de gran beneplácito para los que tenían posibilidad de acumular vía el despojo y endeudando al país. Durante las administraciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), los casos de peculado, malversación, cohechos y asociación de funcionarios para prevaricar estuvieron a la orden el día, inspirados por aquellos que prometieron hacer eficiente al Estado y llegados al Poder se dedicaron acumular capitales, reciclar grupos económicos y fomentar nuevos núcleos burgueses; haciendo que pareciera normal que las diferentes fracciones del capital, con acceso al poder, desvalijaran al erario. Si bien esa práctica venía desde el gobierno de Lilis en el siglo XIX y, más tarde, fue institucionalizada durante la dictadura de Trujillo, ésta se circunscribió al círculo del perínclito, sus familiares y a un reducido número de empresarios.
La magnitud de la corrupción durante los gobiernos de Balaguer formaba parte del proyecto geopolítico imperial que requería la ampliación del número de empresarios e incrementar su poder económico-social para convertirlos en sustento socio-político del sistema y que así pasaran a defender y garantizar la sustentabilidad sistémica del pacto de gobernanza creado por los ocupantes norteamericanos de 1965, que buscaba impedir otra crisis de proporción catastrófica como la vivida entre 1961-1965.
El pacto entre el imperialismo y la oligarquía criolla requirió de fomentar la corrupción que pasó a ser orgánica al interés sistémico, porque unos estaban en la etapa primitiva de la acumulación y otros en la etapa institucional o capitalista y debían evitarse nuevos enfrentamientos. Con Balaguer el plan estratégico logró alcanzar sus objetivos en un marco de terror y corrupción contrarrevolucionarios. El agotamiento del modelo balaguerista fue, entre otros factores, por entrar en contradicciones con los intereses de los grupos en ascenso, que demandaban cambios en la conducción de los aparatos estatales. Esos grupos estuvieron representados por el PRD que era el instrumento más idóneo de movilizar masas por cambios políticos, pero no estructurales.
Las luchas políticas del PRD y amplios sectores opuestos al continuismo de Balaguer, liderados por el Dr. Pena Gómez, lograron derrotar el modelo balaguerista; pero no así al proyecto imperialista y al bloque histórico en el poder, que continuaron detentando el Estado y se fortalecieron con la llegada de Antonio Guzmán a la presidencia. La derrota de Balaguer produjo el cambio deseado por los sectores democráticos porque promovió una pronunciada rotación de las élites. No todos podían percibir que dichos cambios eran de forma y no de contenido, la dominación imperial seguía sobre la formación social nacional, pero políticamente diferente al balaguerismo. El PRD cambió su naturaleza y pasó a articularse al sistema, al superar la forma de cómo veía la solución a los conflictos de 1966-1974; así, tanto ese partido como el statu quo quedaron fortalecidos.
Uno de los factores que impidieron la consolidación de Balaguer como dictador fue la política de alianzas de Peña Gómez y su capacidad de movilizar las masas, lo que aprovecharon los sectores sistémicos para asaltar la dirección del PRD, instrumentalizar al líder, llegar al poder y excluir los sectores populares representados por él. No obstante, los vínculos del PRD con las masas y las históricas jornadas de lucha dirigidas a frenar el despotismo neotrujillista, al conseguir el poder operó una ruptura con los intereses populares y predominaron los criterios de las fracciones burguesas, apoyadas por sectores pequeñoburgueses y profesionales ávidos de ascensos.
Con la llegada al poder del PRD se esperaba que no mermaran, sino que desaparecieran la corrupción y la impunidad; que se acentuara la institucionalización estatal. Esta última avanzó, pero muy tímidamente; en cambio, la corrupción continuó como práctica normal de la clase política que siguió usando los resortes públicos para acumular capitales y promoción social, confirmando que así se ha formado la clase dominante.
Los intereses de fracciones perredeístas perjudicaron la institucionalización del Estado y éste se fragmento y debilitó más; en el Poder, se hipertrofió la nómina pública, aumentó la demanda de bienes y servicios que fue suplida con un incremento de las importaciones y así se fortalecieron las fracciones dedicadas a esas actividades en detrimento de la producción nacional. El gobierno se vio precisado a buscar divisas para pagar las importaciones, lo que disparó la prima del dólar, devaluándose el peso y perdiendo poder adquisitivo los trabajadores; se inició un proceso inflacionario que permitió a los empresarios servirse en grande contra los asalariados.
Se vivieron coyunturas que tensaron la contradicción capital-trabajo, la falta de institucionalidad para procesar los conflictos, la corrupción entre inspectores de trabajo y la dispersión de los sectores obreros por sectarismos izquierdistas y acciones estratégicas de la patronal impactaron los colectivos obreros, fomentando su dispersión; al tiempo que se fortaleció el conservadurismo social, perdiendo terreno la clase trabajadora y ampliando el control estatal, académico, informativo y político de la derecha.
El PLD al poder
Leonel Fernández advino presidente en 1996, en medio de grandes expectativas, incluso de los adversarios de su partido, que temían al PLD como el diablo a la cruz, dado el discurso antiimperialista y poses promarxistas de éste; pero desde que tuvo perfil de ganador, el PLD abdicó de los mismos y asumió la triunfante doctrina neoliberal a través de la llamada tercera vía de Tony Blair, derechizándose en lo esencial.
Fernández desaprovecho múltiples momentos de su gestión para hacer lo que se esperaba del él y se dedicó a gobernar para la burguesía, promover nuevos núcleos burgueses, esta vez del comité central; burlando todas las expectativas creadas en torno a la supuesta decencia, juventud y eficiencia del PLD. El momento más emblemático del divorcio con las prédicas del boschismo fue el mofarse del país declarando que inyectaría capitales a las empresas públicas para eficientizarlas; con este subterfugio se privatizaron las empresas públicas, que era la predica central de las demandas imperiales.
El presidente Fernández en otro momento dijo: “No es verdad que desde el Estado se planifican actos de corrupción”. Esas declaraciones contrastan con los casos de compra de los aviones Tucanos, la construcción del Metro, los escándalos en la compañía Molinos Dominicanos y decenas de otros; tipificados como actos dolosos en la legislación y denunciados en los periódicos nacionales y por Participación Ciudadana. Al respecto, el entonces presidente no movió un dedo contra sus camaradas de partido y los empresarios que se servían a borbotones del presupuesto. Uno de ellos, enriquecido al vapor proclamó: “Durante su gestión mis empresas han crecido y ganado más que nunca”.
Aunque nunca sabremos cuantos nuevos millonarios surgieron en esos años, es notoria la expansión del narco, las nuevas urbanizaciones, la ampliación de los yates de lujos, los carros de alta gama, los aviones y helicópteros privados, la ostentación de villas y mansiones en montañas, cuentas en paraísos fiscales y tiendas de lujo para usos exclusivos.
Se puede llenar varios álbumes con denuncias y evidencias de asociación de malhechores, cohechos y prevaricaciones desde el Estado; pero la conducta desafiante y la frase “el poder es para usarlo”, que repetían orondos los dirigentes y cuadros del PLD, evidenciaron el grado de complicidad con los delitos de cuello blanco de ese colectivo y con el asalto a las finanzas públicas; a contrapelo de las prédicas de Bosch, fundador de ese partido, lo que ha causado el desprecio que hoy padecen. Cientos de peledeistas cobraban en dos o más instituciones, las botellas, nominillas y cofrecitos estaban de moda. Todo se justificaba con: “Si no nos aprovechamos ahora, cuándo?”.
La actitud de la administración Medina fue que llevó más al extremo el desdén frente a la ciudadanía, asignándole a un grupo mafioso de Odebrecht una oficina en el Palacio Presidencial, para desde allí operar el entrenado criminal de soborno y sobrevaluación de miles de obras aquí y el extranjero.
Los casos de corrupción que la Procuraduría, encabezada por la Dra. Miriam Germán, ha presentado al país y a los jueces eran para que ningún abogado aceptara “defender” a los acusados; pero estos, como parte del sistema, alegan que “todo acusado merece ser defendido” y si el robo es millonario, tanto mejor. Todo eso pone a prueba la operatividad de la justicia que, hasta ahora, sigue accionando a favor de la acumulación ilícita de capitales y sostén del sistema.
Medina, que sectores de la base peledeísta creían que salvaría el honor de Bosch y el PLD, fue la gran decepción. Llamó a la prensa a no generalizar los casos de denuncias de corrupción, negó que la hubiese en su administración y retó a que lo demostrasen. Un comunicador mostró en televisión una hoja timbrada, con los símbolos de la presidencia, firmada por uno de los hermanos del presidente, dirigida a un compinche de Centroamérica; la mayoría de comentaristas ha pasado por alto la gravedad de esa denuncia.
El ordenamiento jurídico hace al presidente responsable de las acciones de los funcionarios nombrados por él y la Procuraduría ha mostrado al país expedientes de familiares y relacionados que, en juicio oral, público y contradictorio y sujeto a las leyes, si funcionara la justicia, sería imposible no condenarlos a las penas máximas establecidas. Pero, redes de periodistas, “influencers y articulistas pretenden ridiculizar a la Procuraduría, expedientes y jueces; exaltando a los acusados y declarándolos víctimas de persecución política, a pesar de las demoledoras pruebas contenidas en las acusaciones, confesiones de coacusados y devoluciones de millones de pesos. Todas son manifestaciones de la cultura de corrupción que hace parte de los entramados para delinquir y sostener el ridículo alegato de que todos somos corruptos.
La práctica de Abinader
Contrario a la tolerancia política de la impunidad para con los funcionarios, desde su llegada al gobierno, Abinader advirtió que no tiene compromisos con corruptos y que quien la practique es un suicida; por ello durante su primera gestión no ha tenido empresas mafiosas operando desde palacio, no aceptó compras públicas que no fueran hechas a la luz de lo que ordena el procedimiento legal; no tiene familiares usando papel timbrado de la presidencia para encubrir negocios turbios, canceló por rumores periodísticos, ha hecho la gestión más transparente de la historia, rinde cuentas y explica planes y proyectos cada semana en rueda de prensa. Esa es una práctica de transparencia, sobre todo que contrasta con mandatarios que nunca lo hicieron. Algunos líderes, exmilitares y “periodistas independientes” solicitan que se suspenda La Semanal, el espacio más abierto a los medios de comunicación.
A pesar de lo supradicho, no creo que el gobierno de 2020 a 2024 haya sido la gran cosa en términos de fortalecimiento de la institucionalidad. Aunque sí en obras. Pero cuando se compara con el pasado ominoso del PLD, PRD y PRSC es notoria la diferencia. Hay que insistir en que el PRM no defendió, como debió, la gestión; al contrario, puso obstáculos, permitió rebatiñas que recordaban los líos del PRD y sus fatídicos desenlaces; fueron apáticos con las sugerencias de reformas del presidente, complotaron contra el ministerio público independiente mofándose del mismo y coincidieron, sospechosamente, con lideres opositores altamente cuestionados.
Disculpen el post factum, pero, ¿qué habría sucedido si las reformas que propuso Abinader en 2021 hubiesen sido aprobadas y puestas en vigencia desde entonces? ¿Dónde estaría el país en materia institucional? El sabotaje provino de las filas del PRM, hay que insistir en ello; quedando claro que no es lo mismo Abinader que el partido oficial, ya que no tienen el mismo espíritu y cultura democrática. No tiene igual actitud ante las críticas y observaciones periodísticas y ciudadanas. Uno es abierto y transparente, el otro sectario en extremo y pretende hacer política en forma premoderna (usufructuando el patrimonio nacional), equivalente a que sigan la corrupción y la impunidad, ahora para beneficio de los suyos. El presidente tiene que estar al asecho porque por lo bajo pululan las quejas, porque no los dejan expoliar al Estado.
Es por ello que es necesario radicalizar las demandas en pro de una gestión pública superior, al margen de procesos acumulativos desde el Estado, vía la corrupción; y presionar por reformas reales , no fenoménicas.