Por ANULFO MATEO PÉREZ
República Dominicana vive una etapa de profundas contradicciones. Mientras exhibe indicadores de presunto crecimiento económico y modernización de infraestructuras, también enfrenta señales preocupantes de descomposición social que se manifiestan en múltiples escenarios de la vida cotidiana.
La violencia de género continúa cobrando vidas y dejando secuelas irreparables en las familias. Cada feminicidio constituye una derrota colectiva de la sociedad, de las instituciones y de los valores que debemos defender.
No basta con condenar los hechos; es imprescindible prevenirlos mediante la educación, protección efectiva y transformación cultural, para que prime sobre todas las dificultades la convivencia humana.
Otro reflejo de esta crisis se observa en el caos del tránsito vehicular. Las calles se han convertido en espacios donde con frecuencia predomina la agresividad, la imprudencia y el irrespeto a las normas.
La violencia vial no es solo un problema de movilidad, sino también una expresión de la pérdida de civismo y debilitamiento del sentido de responsabilidad social. A ello se suma la corrupción pública.
El cohecho es un cáncer que debilita las instituciones y desvía recursos destinados al bienestar colectivo. Cuando el interés particular se impone sobre el bien común, la desigualdad entre los ciudadanos se profundiza.
En este contexto emergen conductas marcadas por el individualismo enfermizo y rasgos de sociopatía extrema, donde algunos actúan con indiferencia frente al sufrimiento ajeno y al cumplimiento de las normas.
La conducta solidaria, valor esencial de todo colectivo, parece ceder terreno ante la cultura del privilegio y la impunidad. Frente a todo esto, la justicia social debe convertirse en una prioridad nacional.