En estas elecciones del próximo 18 de febrero lo más importante es escoger los mejores candidatos(as) municipales (alcaldes, vicealcaldesas, regidores/as) sin importar mucho el partido al que pertenezcan. Lamentablemente, no hay muchas diferencias en el comportamiento de los ejecutivos municipales de hoy, teniendo en cuenta la procedencia partidaria; salvo excepciones poco más o menos conocidas.
En ciudades pequeñas, como las de la provincia Montecristi y toda la frontera, la victoria de un candidato puede decidirse por el peso del poder del Estado y el dinero, como ha ocurrido en numerosas ocasiones anteriores. Esto ha sido particularmente válido para los candidatos oficialistas.
Sin embargo, el repudio que generan algunos, incluso entre gente de su propio partido, por acciones contrarias a lo que deberían hacer, dificulta su continuidad en los cargos. Salvo que se haga un uso masivo de los recursos públicos.
Cada ciudadano(a) debe pensar que si vende su voto por mil o dos mil pesos, automáticamente pierde el derecho de hacer futuras reclamaciones ante las nuevas autoridades. Unos cuantos cientos de pesos pueden resolver el problema de un día o dos, pero quedan cuatro años por delante sin poder reclamar un empleo, el arreglo de una calle, la recogida eficiente de la basura, la construcción de un matadero higiénico, la organización y limpieza en un cementerio, etcétera.
Los candidatos presidenciales quieren ejecutivos municipales que les agreguen votos en mayo, sin importar su conducta pasada y su potencial dañino. Cada ciudadano(a) debe pensar en el trabajo que ha hecho o podría hacer cada candidato, en el daño que ha hecho o podría hacer. En febrero y en mayo es necesario pensar con cabeza propia, no dejarse llevar por “órdenes superiores”.