En el editorial anterior exhortábamos a la población a escoger los mejores candidatos/as municipales (alcaldes, vicealcaldesas, regidores/as, vocales y directores/as) sin importar mucho el partido al que pertenecieran. Se supone que, en general, fueron seleccionados los mejores, los que gastaron más dinero y los que tenían más apoyo del poder central (gobierno y cúpulas partidarias).
Sin embargo, algunos alcaldes reelectos no están entre los mejores, sin importar cómo han logrado mantenerse en sus cargos. Y los problemas que causan a las comunidades que mal dirigen no pueden esperar otros cuatro años más para ser solucionados. La venta desordenada de solares, incluso numerosos terrenos vendidos a más de una persona, es un obstáculo inmediato para el desarrollo de cualquier municipio. Y la falta de transparencia en los ingresos locales y la inversión o gasto de esos recursos es otro freno al progreso. Difícilmente se acerquen inversionistas criollos o extranjeros a cabildos en esas condiciones.
Podría haber varios ayuntamientos en esas circunstancias. Uno de los casos más notorios es el de Montecristi. ¿Habría que esperar cuatro años más para frenar la venta irregular de solares o para organizar el cobro del impuesto a la sal? Sería trágico.
Parece que lo que no fue resuelto por el proceso electoral tendrá que resolverse en los tribunales. Las personas perjudicadas por la venta de un solar a varios compradores tendrán que someter a la Justicia a los responsables de esa mala práctica. Y habrá que reclamar información, por vía judicial, a las autoridades municipales de Montecristi para que expliquen cuánto reciben por concepto del impuesto a la sal y en qué invierten ese dinero. Ya ha habido pronunciamientos públicos de conocidos abogados montecristeños dispuestos a actuar en ese sentido. Solo falta pasar de las palabras a los hechos para frenar a quienes se creen dueños de instituciones públicas tan importantes como un ayuntamiento.