Solo ha cambiado a qué manos llega el pago y cómo se justifica. El «pago» en los contratos oficiales institucionales no se realiza mediante transacciones directas en efectivo a las cuentas del Estado, sino a través de mecanismos de compensación macroeconómica y «auxilios» financieros internacionales.
Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
La facilidad y rapidez de propagar acontecimientos que nos ha traído el desarrollo tecnológico de las redes de comunicación han puesto sobre el tapete, en ocasiones de forma viral, la participación de dominicanos contratados para pelear guerras muy distantes de su nación. Detrás de este fenómeno que hoy estalla en las pantallas de nuestros teléfonos móviles, se esconde una realidad histórica incómoda, profunda y cíclica. Cada fusil empuñado por un criollo en tierras lejanas responde a un negocio de dinero y a un contrato de reclutamiento que ha cambiado con el tiempo, pero que mantiene la misma raíz: usar la vida humana como mercancía frente a la necesidad económica o a los intereses de las grandes potencias.
Antes, la participación de dominicanos en guerras ajenas se disfrazaba de heroísmo, solidaridad, migración legal por nacionalidad, ayuda humanitaria o «acuerdo» intergubernamental. Durante el siglo XX, miles de dominicanos combatieron y derramaron su sangre en escenarios como Corea, Vietnam, e incluso más tarde en Irak y Afganistán. Sin embargo, en esos momentos, la participación se daba porque los criollos se inscribían formalmente en el ejército de los Estados Unidos; el servicio militar estadounidense era una vía regularizada de superación y asimilación para que el migrante pudiera conseguir la residencia o la ciudadanía en ese país.
Pero la verdadera transformación hacia lo que podemos llamar un «Contrato de Reclutamiento Oficial» ocurrió cuando la guerra se convirtió en un intercambio de favores o presiones entre gobiernos. Bajo esta modalidad, el Estado dominicano comenzó a operar como un contratista corporativo que cedía a sus propios soldados a cambio de beneficios económicos para el país. Las potencias extranjeras no pagaban este sacrificio mandando dinero en efectivo a las cuentas del Estado, sino a través de ayudas macroeconómicas indirectas: préstamos fáciles de pagar, fondos de emergencia, eliminación de impuestos para los productos que República Dominicana exportaba y donaciones de armas camufladas como asistencia. El apoyo en el extranjero y el silencio diplomático se cobraban directamente con la aprobación de créditos internacionales.
La evidencia histórica más clara y documentada de este entrelazamiento entre gobiernos ocurrió en agosto de 2003, bajo la gestión del expresidente Hipólito Mejía, con el envío de las Fuerzas de Tareas Quisqueya 1 y 2 a Irak. Mientras 604 soldados dominicanos abordaban los aviones con destino a las peligrosas arenas de Diwaniya, Irak, la República Dominicana atravesaba la peor crisis económica de su historia contemporánea tras el colapso bancario de BANINTER. En ese mismo mes del envío de las tropas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretó un Acuerdo Stand-By de 600 millones de dólares cuya negociación había estado estancada, y cuyo desbloqueo resultaba imprescindible para que los bancos internacionales y el Club de París otorgaran al país el oxígeno financiero que necesitaba desesperadamente para sostener su gobernabilidad interna. La coincidencia no fue casual: el alineamiento geopolítico del gobierno dominicano con Washington —del cual el contingente militar era su expresión más visible— funcionó como la señal de confianza que destrabó la negociación. No se trató de un pago directo por cada soldado, sino de algo más sutil y más grave: la vida de los criollos se convirtió en la garantía política que permitió que el rescate financiero fluyera.
El respaldo en el extranjero se cobraba en las ventanillas comerciales de las potencias; la coalición internacional asignó un total de 1,942,526 dólares en viáticos operativos para las tropas dominicanas. El soldado ponía el cuerpo en la trinchera de Diwaniya, mientras el gobierno usaba su despliegue para conseguir oxígeno financiero. Al regresar, ese dinero fue retenido sospechosamente por la burocracia, obligando a los veteranos a protestar por casi dos décadas frente al Palacio Nacional para recibir su pago. Este escándalo provocó un cambio drástico en las leyes, obligando a poner candados en la Constitución para prohibir que un presidente envíe tropas al extranjero de manera unilateral sin aprobación del Senado.
Al cerrarse las compuertas de los acuerdos oficiales del gobierno, el siglo XXI privatizó la violencia, introduciendo el contrato individual de civiles en un mercado bélico libre y desregulado. Es aquí donde la tecnología de la comunicación entra en escena de manera determinante. Hoy en día, las empresas militares privadas y las redes informales en internet ya no necesitan decretos del presidente para conseguir soldados, sino que llegan directamente al teléfono del ciudadano común. Las plataformas digitales y la falta de empleo local se convirtieron en los nuevos agentes de motivación y captación, explotando la desesperación de los jóvenes que ven en las guerras ajenas la única salida rápida para escapar de la pobreza en su país.
El destino de los recursos es la única frontera que separa radicalmente a ambos modelos de reclutamiento a través del tiempo. En la era de la misión de Irak, el capital se diluía en el presupuesto nacional para salvar la balanza de pagos del gobierno. En la actualidad digital, las transacciones viajan directamente al bolsillo del combatiente voluntario que transmite en redes sociales su arriesgada aventura procurando facturar mayor rentabilidad con la captura del like o del dislike, o terminan confiscadas por las mafias transnacionales que operan escondidas en la ilegalidad de las zonas de conflicto, careciendo de las absolutas garantías jurídicas y de la protección social que ofrecen las fuerzas armadas regulares.
A la par del contrato de alistamiento por voluntad propia, el drama actual se oscurece con redes criminales que utilizan el engaño sistemático y ofertas falsas de empleo de fácil implementación. Muchos jóvenes viajan buscando un futuro en la construcción o la mecánica, pero al llegar les quitan sus pasaportes y los obligan bajo amenazas de muerte a firmar contratos militares forzosos para mandarlos a la primera línea de combate. El propio gobierno dominicano ha tenido que admitir oficialmente la detección de al menos 20 casos bajo investigación de nacionales atrapados bajo estos esquemas fraudulentos en el extranjero, aunque organizaciones civiles estiman que la cifra real es considerablemente mayor.
Tanto el reclutamiento oficial del pasado como el negocio privado del presente comparten la misma matriz de desigualdad y necesidad económica. El ciudadano dominicano en una guerra ajena sigue siendo la parte más débil de una cadena comercial que no le pertenece. Ya sea para sostener la estabilidad de un gobierno quebrado o para llevar comida a una familia pobre, la vida criolla sigue teniendo un precio en el juego de las grandes potencias extranjeras. En el tablero del ajedrez bélico mundial, la sangre derramada en tierras ajenas sigue cotizando en bolsa.
¡No a las guerras!