Por ANULFO MATEO PÉREZ
La crisis estructural del capitalismo ya no admite maquillajes ideológicos ni discursos triunfalistas. Basta observar lo que ocurre en Estados Unidos y en los principales centros del poder económico mundial para comprobar que el neoliberalismo, presentado durante décadas como la fórmula salvadora del desarrollo, ha terminado profundizando las desigualdades, debilitando las instituciones democráticas y extendiendo una desesperanza que hoy alcanza dimensiones planetarias.
Los grandes indicadores macroeconómicos pueden exhibir cifras favorables para los mercados financieros, pero la realidad cotidiana de millones de seres humanos revela un panorama completamente distinto. La concentración de la riqueza continúa acelerándose mientras crecen la pobreza, la precariedad laboral, el desempleo, la exclusión social y la pérdida de derechos conquistados durante décadas de luchas populares. El progreso tecnológico no ha significado bienestar para las mayorías, sino mayores beneficios para una minoría cada vez más poderosa.
Las consecuencias humanas de ese modelo son visibles en la salud mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 1,100 millones de personas viven actualmente con algún trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión las afecciones más frecuentes. Estos trastornos constituyen una de las principales causas de discapacidad en el mundo y afectan de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes y poblaciones empobrecidas.
La propia OMS recuerda que la salud mental no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad, sino en la capacidad de cada individuo para desarrollar plenamente sus potencialidades, enfrentar las tensiones normales de la vida, trabajar de manera productiva y contribuir al bienestar de su comunidad. Sin embargo, resulta imposible alcanzar ese equilibrio cuando predominan la incertidumbre económica, la desigualdad, la violencia, la exclusión y la permanente sensación de inseguridad social.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido advirtiendo que, tras la pandemia, el desarrollo humano mundial experimentó un retroceso sin precedentes y que las desigualdades continúan ampliándose tanto entre países como dentro de ellos. Millones de personas permanecen atrapadas en condiciones de vulnerabilidad debido al aumento del costo de la vida, los conflictos armados, la crisis climática y la desaceleración económica, fenómenos que golpean con mayor fuerza a las economías dependientes.
No resulta extraño, entonces, que aumenten simultáneamente los feminicidios, los asaltos armados, el narcotráfico, la corrupción institucional, la violencia intrafamiliar, el sicariato, las adicciones, la explotación sexual y otras expresiones de degradación social. No se trata de fenómenos aislados ni de simples fallas individuales, sino de síntomas de un modelo económico que privilegia la acumulación de capital sobre la dignidad humana.
Mientras una élite acumula fortunas inimaginables, miles de millones sobreviven entre salarios insuficientes, empleos precarios y servicios públicos deteriorados. Esa contradicción alimenta el desencanto colectivo, erosiona la confianza en las instituciones y abre espacio a expresiones extremistas, autoritarias y violentas que amenazan incluso a las democracias que durante años se presentaron como ejemplo para el resto del mundo.
Cuando un sistema económico produce simultáneamente mayor riqueza y mayor sufrimiento humano, cuando multiplica la productividad pero también la desesperanza, y cuando convierte la salud mental en una emergencia global, resulta legítimo preguntarse si no estamos frente a una enfermedad terminal del propio capitalismo. La historia enseña que ningún sistema es eterno cuando deja de responder a las necesidades esenciales de la inmensa mayoría de la sociedad.