La «verdad» que se penaliza sería la de aquellos que recuerdan al mundo que existen leyes que, aparentemente, ya no protegen a nadie.
Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
La administración de Donald Trump y el gobierno de Netanyahu han normalizado una política de ejecuciones extrajudiciales que desafía frontalmente los cimientos del derecho internacional contemporáneo. Mediante operaciones militares coordinadas, como las recientes ofensivas contra la cúpula iraní, estos actores han instaurado la práctica de eliminar líderes de Estados soberanos sin juicio previo ni declaración formal de guerra.
Esta «justicia de misil» carece de sustento en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Al asesinar a figuras de alto rango, incluidos líderes supremos y ministros, se viola el principio de soberanía nacional y se sustituye la legalidad por la fuerza bruta de la tecnología bélica. Se ignora deliberadamente el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, transformando el concepto de «legítima defensa» en un cheque en blanco para el magnicidio tecnológico.
La justificación de estos actos bajo el concepto de «defensa preventiva» es rechazada por expertos jurídicos como Agnès Callamard —ex Relatora Especial de la ONU—, quien ha calificado estas ejecuciones como violaciones arbitrarias del derecho a la vida que carecen de evidencia sobre ataques «inminentes». Esta erosión del sistema legal global, denunciada sistemáticamente por bloques de peso como el G77 + China y la Unión Africana, sienta un precedente peligroso donde cualquier potencia puede atribuirse el derecho de ejecutar a sus adversarios políticos en suelo extranjero sin rendir cuentas, enterrando los principios establecidos en los Juicios de Núremberg sobre la guerra de agresión.
Este modelo de «extracción y eliminación» trasciende fronteras y tiene su eco más reciente en el hemisferio occidental con el caso de Venezuela. El secuestro y traslado forzoso de Nicolás Maduro hacia Nueva York, ejecutado por tropas de asalto en suelo soberano, confirma que la fuerza militar se ha convertido en la herramienta predilecta para descabezar gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington.
Paralelamente a la ofensiva militar, se ha desplegado una sofisticada maquinaria de censura informativa para blindar el relato oficial de la Casa Blanca e Israel. La difusión de datos que contradigan la narrativa gubernamental es penalizada, buscando asfixiar cualquier intento de periodismo independiente que denuncie las consecuencias humanas y legales de estos secuestros y bombardeos.
Como parte de este blindaje, el Estado de Israel ha endurecido su marco legal, imponiendo penas de cárcel de hasta un año a cualquier ciudadano o periodista que difunda imágenes o vídeos que muestren los daños reales causados por las represalias iraníes. Bajo el pretexto de «dañar la moral nacional» o «ayudar al enemigo», se criminaliza el registro visual de la vulnerabilidad del sistema de defensa, prohibiendo que el mundo vea los impactos en centros
estratégicos. Esta mordaza legal asegura que solo la versión editada por la censura militar llegue a las pantallas globales. El control narrativo se apoya en la difusión de mensajes falsos y, sorprendentemente, en declaraciones parciales de la ONU que condenan a Irán mientras guardan silencio ante las ejecuciones. Este sesgo institucional valida el relato oficial USA-Israeli, omitiendo que las agresiones iniciales provinieron del descabezamiento de las instituciones estatales iraníes mediante misiles de precisión.
Las plataformas digitales se han convertido en campos de batalla donde cuentas con apariencia oficial propagan bulos sobre el conflicto para justificar la continuidad de la agresión. Esta estrategia busca deshumanizar a las personas en todo el mundo, fabricando e imponiendo un consenso social que acepte la violencia extrajudicial como una medida necesaria para la seguridad regional.
La imposición de este unipolar método de justicia misil y «mordaza informativa» nos sitúa ante la evidencia de una comunidad internacional que cuestiona, en sus organismos de deliberación y disuasión de conflictos, la pérdida de autoridad moral de las democracias occidentales. El silencio forzado y la penalización de la verdad —respaldada hoy por códigos penales que castigan la simple difusión de una fotografía— son los complementos indispensables del misil para asegurar que el nuevo imperialismo actúe sin la estorbosa vigilancia de la justicia.