Por LUIS CASTILLO
La reciente promulgación de la Ley núm. 13-26 por parte del presidente Luis Abinader, tras su aprobación en el Congreso Nacional, ha reconfigurado el panorama electoral dominicano de manera significativa. Esta normativa, sustentada en la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, elimina en la práctica las candidaturas independientes al reservar exclusivamente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos el derecho de postular aspirantes a cargos de elección popular.
Más allá de la legalidad o constitucionalidad de la medida, lo que resulta verdaderamente revelador es la velocidad y coordinación con que los partidos tradicionales han actuado. Cuando sus intereses coinciden, no hay dilaciones, no hay bloqueos, no hay excusas. Se ponen de acuerdo, legislan y ejecutan con una eficacia que rara vez se observa cuando se trata de reformas estructurales en beneficio del país.
Este hecho envía un mensaje claro y preocupante al pueblo dominicano: el sistema político tiene la capacidad de funcionar con rapidez y cohesión, pero decide no hacerlo salvo cuando se trata de proteger su propio espacio de poder.
La eliminación de las candidaturas independientes no solo cierra una puerta a la participación ciudadana fuera del esquema partidario, sino que también profundiza el desencanto de una población que, en un porcentaje cada vez mayor, ha decidido apartarse del proceso electoral. No es casualidad que cerca de un 40 % del electorado no vote. La abstención no es apatía; es, en muchos casos, una forma de protesta silenciosa frente a un sistema que no representa.
El argumento de que las candidaturas independientes generan dificultades operativas puede ser válido desde el punto de vista técnico, pero no debería pesar más que el derecho de los ciudadanos a participar de manera directa en la vida política del país. Cuando las reglas del juego se diseñan para limitar la competencia, la democracia deja de ser plenamente inclusiva.
Más aún, surge una interrogante inevitable: si los partidos pueden actuar con tal nivel de coordinación para cerrar filas en torno a sus intereses, ¿por qué no hacen lo mismo para impulsar reformas que beneficien al pueblo? ¿Por qué no existe esa misma urgencia para revisar el sistema de financiamiento público de los partidos, que consume miles de millones de pesos del erario? ¿Por qué no se articulan consensos para integrar de manera efectiva a la diáspora dominicana, uno de los pilares económicos del país?
La percepción de que los partidos políticos funcionan como estructuras orientadas principalmente a la preservación del poder —tanto político como económico— no es nueva, pero decisiones como esta la refuerzan peligrosamente. En lugar de ampliar los canales de participación, se reducen. En lugar de fomentar la confianza, se alimenta el escepticismo.
Una democracia saludable requiere competencia real, apertura y renovación. Limitar las opciones electorales puede generar estabilidad en el corto plazo, pero a largo plazo erosiona la legitimidad del sistema. Cuando los ciudadanos sienten que no tienen alternativas, dejan de creer en el proceso.
El país necesita una reflexión profunda sobre el modelo de representación política que está construyendo. La confianza ciudadana no se impone por ley; se gana con acciones coherentes, inclusivas y orientadas al bien común.
Hoy más que nunca, el pueblo dominicano debe observar con atención. Porque si algo ha quedado demostrado, es que cuando los partidos quieren, pueden ponerse de acuerdo. La pregunta es: ¿cuándo lo harán para servir verdaderamente a la nación y no solo a sí mismos?