Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
Síntesis de la infamia: 5 argumentos contra la Ley Genao
- Desacato Constitucional:
Viola la sentencia vinculante TC/0788/24 que protege la postulación no partidista. - Monopolio del Poder: Instaura un «apartheid político» al prohibir el derecho ciudadano de elegir y ser elegido (22.1).
- Cartelización Financiera: Asegura el control exclusivo del 5% de los ingresos nacionales para las cúpulas.
- Asfixia en la JCE: Los bloques mayoritarios operan para bloquear cualquier reglamento de libre postulación.
- Riesgo de Acefalía: La nulidad electoral por inconvencionalidad amenaza con dejar al país sin sucesor legítimo en agosto de 2026.
La democracia dominicana sufre un secuestro institucional. El proyecto de ley liderado por el senador Ramón Rogelio Genao para eliminar las candidaturas independientes no es más que una emboscada de la partidocracia. Bajo el falso pretexto de «ordenar» el sistema, los legisladores buscan levantar un muro de impunidad que impida a ciudadanos con méritos, pero sin carnés partidarios, competir por el favor del pueblo. Es, en esencia, un ejercicio de autoprotección de quienes han hecho del Estado su botín personal, blindando un sistema donde las cúpulas actúan como los «porteros» exclusivos de la democracia.
Genao y sus cómplices de la partidocracia se colocan en abierta rebeldía contra la Constitución. Al intentar borrar por ley ordinaria lo que el Tribunal Constitucional ya blindó como un derecho fundamental, los legisladores ejecutan un desacato institucional sin precedentes. Esta movida no es un error técnico; es un desafío directo al orden jurídico para asegurar que las directivas de los partidos sigan siendo los únicos dueños de las llaves del poder, convirtiendo la participación política en un sistema de peaje exclusivo para sus intereses y estableciendo un monopolio de la representación que viola el Art. 22.1 de nuestra Carta Magna.
El pánico al rechazo ciudadano es el verdadero motor de esta ley. Los partidos tradicionales saben que su marca está agotada: según el Latinobarómetro, la confianza en los partidos en la región apenas ronda el 13%, y en República Dominicana, el Barómetro de las Américas ha reportado que más del 60% de la población no se siente representada por ninguna de las siglas vigentes. Al eliminar la competencia independiente, intentan anular por la fuerza la única alternativa de un votante harto, protegiendo así el 0.5% de los ingresos nacionales que se reparten por ley. No temen al desorden, temen a un electorado que ya los jubiló moralmente.
El silencio del liderazgo mayoritario delata una complicidad vergonzosa. Mientras el presidente Luis Abinader y los líderes de la oposición evitan el tema, sus delegados y bloques operan ante la Junta Central Electoral (JCE) para sabotear cualquier intento de reglamentación que facilite el ejercicio del derecho ciudadano, presionando al órgano electoral para que la libre postulación muera por asfixia burocrática. Han dejado que Genao intente volver a reincidir violentando derechos fundamentales, usándolo como un peón útil para ejecutar una infamia que asegura que el 100% de los fondos públicos se negocie únicamente entre las cúpulas partidarias.
El atropello legislativo nace viciado de nulidad y arrastra al país hacia un abismo legal. Al ignorar el precedente vinculante de la Sentencia TC/0788/24 y la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso Yatama vs. Nicaragua, el Congreso garantiza la impugnación total de los comicios. Este escenario de nulidad electoral impediría el traspaso de mando el 16 de agosto de 2026, provocando una acefalía de poder donde, ante el impedimento constitucional de reelección de Abinader, el país quedaría a la deriva sin autoridades legítimas y bajo el riesgo inminente de sanciones internacionales y la intervención de la Carta Democrática de la OEA.
La República Dominicana retrocede hacia una partidocracia absoluta y excluyente. Mientras naciones como México, Chile o Panamá abren canales a la sociedad civil a través de la «libre postulación», aquí se intenta proscribir a las nuevas generaciones que rechazan la militancia rígida. No estamos ante una reforma electoral, sino ante un «apartheid político» diseñado para que el ciudadano común nunca pueda desafiar el statu quo de los vividores del presupuesto público, ignorando la tendencia global hacia una democracia más directa y menos clientelista.
La historia recordará a Rogelio Genao como el sepulturero de la libertad política. Si el Poder Ejecutivo promulga este adefesio, sellará un pacto histórico contra el pueblo dominicano. La democracia no es propiedad privada de los partidos; es un derecho colectivo que no puede ser subastado en el Senado. Es hora de que la clase política entienda que su monopolio sobre el pensamiento y la acción ciudadana ha llegado a su fecha de vencimiento y que la justicia internacional no tardará en restaurar lo que la ambición local pretende robar.