(EIRNS)— En la víspera del Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 353,000 haitianos residentes en Estados Unidos. La secretaria del DHS, Kristi Noem, afirmó que Haití ya no cumple con los requisitos legales para el TPS y que permitir que estos haitianos continúen viviendo en EE. UU. es incompatible con los intereses nacionales de Estados Unidos. Por lo tanto, la continua violencia de pandillas descontrolada en Haití, que ha causado el desplazamiento de 1.4 millones de personas, un desastre humanitario implacable que afecta a 6 millones de ciudadanos, la mitad de ellos niños, y la destrucción descontrolada de infraestructura básica que hace inhabitables muchas partes del país, no son motivo suficiente para ofrecer el TPS a los haitianos.
Las 353.000 personas afectadas, que tienen hasta el 3 de febrero de 2026 para salir, deben informar voluntariamente de su salida a través de la aplicación móvil proporcionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La administración Trump ofrece a quienes acepten salir por su cuenta un billete de avión gratuito, un bono de salida de 1.000 dólares y posibles oportunidades futuras de inmigración legal a Estados Unidos.
La crueldad de esta decisión es innegable. La violencia de las pandillas haitianas no ha disminuido, alimentada por el flujo ininterrumpido de armas estadounidenses al país desde el sur de Florida. La aclamada Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de septiembre, que se suponía sería el nuevo y eficaz medio para combatir las pandillas haitianas con una fuerza mayor y más poderosa, aún no se ha implementado. Los socios internacionales aún debaten la logística y el tamaño de la fuerza, y su financiación no está garantizada. Ningún ejército estadounidense participará en la GSF.
Sin embargo, existe el temor de que el acuerdo antinarcóticos firmado el 26 de noviembre por el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y el presidente dominicano, Luis Abinader, claramente relacionado con las operaciones estadounidenses en el Caribe, tenga implicaciones para la seguridad de Haití. El 27 de noviembre, Le Nouvelliste citó al periodista haitiano Ives Marie Chanel, quien señaló la porosidad de la frontera entre ambos países y la incapacidad de Haití para ejercer control alguno sobre ella. Las autoridades deben estar muy atentas, advirtió Chanel. «Dada la proximidad de Haití a las instalaciones aeroportuarias dominicanas, es de esperar que aviones y helicópteros estadounidenses sobrevuelen el espacio aéreo haitiano en los próximos días».
Cuando la resolución estadounidense-panameña para crear el GSF se debatía en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 30 de septiembre, el Representante Permanente de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, advirtió con insistencia que «la propuesta inspiraba aún menos confianza dada la escalada de tensiones en el Caribe y el despliegue de fuerzas armadas estadounidenses cerca de las costas de Venezuela. No confiamos en que a los autores del texto de hoy no se les ocurra vincular de alguna manera ‘creativa’ su actividad militar contra presuntos cárteles de la droga con la situación en Haití».