Desde acusaciones por acciones fraudulentas al Partido Nuevo Progresista, regido por Pedro R. Pierluisi en calidad de gobernador, hasta el incremento en las bancarrotas personales y empresariales, Puerto Rico enfrenta una situación compleja a pocas semanas de sus comicios primarios.
Mayor migración, alzas sustanciales en los servicios de agua, luz y peajes sumados a una clase obrera que mantiene la pugna por sus derechos laborales conforman el panorama del país, donde las fuerzas políticas de los Partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) han generado una enorme deuda sin auditar que conduciría a la quiebra fiscal.
El gobernador puertorriqueño destacó en su pasado cuarto mensaje de la Situación del Estado ante la sesión especial conjunta de la Asamblea Legislativa que el presupuesto para el próximo año fiscal, a iniciar el 1 de julio, será el más alto en su historia: 13 mil 602 millones de dólares.
En su intervención, mencionó iniciativas para atender a los adultos mayores, programa de apoyo energético para pequeños negocios y aumento en residencias médicas, lo que contrasta con la actual realidad.
La isla destacó por los casos de liquidación de empresas que aumentaron 80 por ciento, al totalizar 169 peticiones durante el pasado abril, según el Boletín de Puerto Rico, al tiempo que se produjeron 345 quiebras que corresponde a la reorganización financiera de individuos, lo que representa 50 por ciento más que hace un año.
En resumen, durante los primeros cuatro meses de este 2024 las quiebras sumaron mil 851, cifra que supera en un 41 por ciento las contabilizadas en 2023.
Respecto al desempleo, supera las oportunidades creadas a nivel gubernamental, un panorama que reúne a miembros del sector privado y público por igual.
TRABAJADORES NO CALLAN
Repudiamos las medidas abusivas que el gobierno y la clase patronal del sector privado han implantado en Puerto Rico y condenamos la alianza entre la Legislatura, el gobernador y la junta de control fiscal, que han provocado que vivamos en mayor pobreza y mayor emigración”.
Así lo expresaron varios gremios en una declaración conjunta a propósito del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo.
Luego de tres años de la administración de Pierluisi, la privatización del sistema de energía eléctrica en la nación boricua continúa empeorando y no pocos miembros de la oposición política, así como la ciudadanía, ponen en tela de juicio los logros esbozados por el Gobierno cuando el pasado abril cerca de 196 mil puertorriqueños sufrieron la crisis eléctrica.
Dicha interrupción del servicio, ya habitual en algunos sectores, es atribuible no solo a problemas con distintas unidades de generación en las centrales de San Juan y Aguirre.
Particularmente involucra al conglomerado estadounidense GeneraPR, a cargo del sistema de generación de electricidad en el país, como parte del desmantelamiento de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), bajo el pretexto de un mejor servicio.
Cómo reducir el impacto del acuerdo de restructuración de la deuda de la AEE en la factura de la luz a los abonados por los próximos 35 años resulta una de las principales interrogantes que rondan a la población en la antesala a las elecciones primarias de los partidos políticos.
En el ámbito sanitario, el país debió emitir una declaración de emergencia de salud pública por dengue en respuesta a la situación de propagación del virus con una orden administrativa en vigor y extendida por un período de 90 días, lo que supone otro de los retos en lo que va del año, con 549 casos reportados.
Cm/ (Redacción Centro-Caribe Prensa Latina)