Puerto Príncipe. Aunque la elección la semana pasada de nuevas autoridades, entre estas el primer ministro Fritz Bélizaire, arrojó luces más esperanzadoras sobre el cauce político de Haití, la supremacía de las pandillas y su consecuente espiral de violencia siguen siendo una asignatura pendiente en la empobrecida nación francófona.
Cada uno de los ámbitos de la sociedad, desde la economía hasta la salud o la educación, sufrió en pocos meses un deterioro acelerado a medida que los grupos armados ilegales extendían su dominio en el país. Solo la capital, Puerto Príncipe, está controlada en un 80 por ciento por bandas criminales, según estimaciones.
A un dantesco panorama signado por desplazamientos forzados, agresiones y asaltos contra ciudadanos, viviendas, bancos, terminales aéreas y portuarias e, incluso, el propio Palacio Nacional, se suma el hecho de que cinco millones de personas, acorde con datos de la ONU, padecen hambruna aguda.
La debacle alcanza también al sistema sanitario: la directora de la Organización de Servicios de Salud, Yvrose Chrysostome, precisó la víspera que entre marzo y abril últimos, un total de 34 clínicas y hospitales dejaron de funcionar debido a saqueos e incendios perpetrados por las bandas delincuenciales.
En el área metropolitana de Puerto Príncipe y los municipios de Gonâve, Arcahaie, Cornillon, Croix-des-Bouquets, Fermathe, Léogâne y Petit-Goâve, los centros asistenciales están laborando a un ritmo más lento a causa de problemas con el suministro de insumos y de energía.
Los tiroteos provocan el ausentismo forzado del personal, y los pacientes se ven impedidos de llegar a las clínicas por el fuego cruzado, precisó la funcionaria.
A la crisis en esta materia le sigue muy de cerca otra en el área de la enseñanza: 900 escuelas permanecen cerradas en el país caribeño, un hecho que no solamente incide sobre la formación de las nuevas generaciones, sino que estampa su huella en el ámbito laboral, al privar a los docentes de sus puestos de trabajo.
De acuerdo con el diario Le Nouvelliste, algunos planteles logran organizar clases en línea; sin embargo, los resultados no son satisfactorios.
En días recientes, el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional condenó el saqueo y quema de escuelas y universidades, al subrayar que tales acciones, junto a la destrucción de archivos y material escolar, equivale a devastar a los principales miembros de una sociedad.
Ante un escenario caracterizado por el caos, el Consejo Presidencial de Transición, instalado formalmente el 25 de abril último, gestiona con el gobierno de Kenya el envío urgente de una misión multinacional con el fin de brindar respaldo a la Policía y hacer frente a la terrible situación.
Los miembros del ente, llamado a restablecer el orden político en la sufrida nación, dirigieron una carta al presidente del país africano, William Ruto, en la que abordan la preparación para el despliegue de la misión.
“La población no puede esperar más, debe haber un clima de seguridad en el país lo antes posible”, dijo un asesor del órgano, cuyo nombre no fue revelado por el diario digital Juno 7.
La Policía podría estar recibiendo refuerzos de tropas extranjeras a partir del 26 mayo, un hecho que genera tanto esperanza como preocupación en la nación antillana.
Hasta ahora, siete países de África, Asia y el Caribe mostraron su disposición a proporcionar efectivos con ese fin, entre estos, la propia Kenya —que se ofreció a dirigir las operaciones—, Benín, Chad, Bahamas, Jamaica, Barbados, Bangladesh y Suriname.
De los 300 millones de dólares prometidos para este empeño, Estados Unidos se comprometió con 120 millones y el total recaudado está por debajo de los 20 millones, una realidad frente a la cual la Organización de las Naciones Unidas ha instado a los países miembros a ser más generosos y llenar el vacío para cubrir todas las necesidades.
las/Prensa Latina