{"id":83017,"date":"2026-10-20T00:10:50","date_gmt":"2026-10-20T04:10:50","guid":{"rendered":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/?p=83017"},"modified":"2026-10-19T21:12:06","modified_gmt":"2026-10-20T01:12:06","slug":"la-puesta-en-29-no-es-de-ley-es-de-clase-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/2026\/10\/20\/la-puesta-en-29-no-es-de-ley-es-de-clase-social\/","title":{"rendered":"La puesta en 29 no es de ley, es de clase social"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\"alignright size-thumbnail wp-image-71177\" src=\"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0054-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0054-150x150.jpg 150w, https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/IMG-20250123-WA0054-585x585.jpg 585w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>Por NELSON DEL POZO GUZM\u00c1N<\/p>\n<p>El debate sobre la seguridad ciudadana en la Rep\u00fablica Dominicana se encuentra atrapado entre la urgencia de contener la delincuencia y la necesidad de preservar el Estado de derecho. En ese tenso equilibrio, la persistencia de los denominados \u00abintercambios de disparos\u00bb, el \u00abdarle pa&#8217; bajo\u00bb o la puesta en 29 abre una discusi\u00f3n inc\u00f3moda sobre c\u00f3mo se administra la fuerza letal. Y la respuesta, cuando se mira sin sesgos, trasciende la calle: sus causas son estructurales y su permanencia atraviesa gobiernos, gestiones y discursos.<\/p>\n<p>Para comprender por qu\u00e9 esta pr\u00e1ctica sobrevive al paso del tiempo, conviene examinarla desde tres ejes: el socioecon\u00f3mico, el pol\u00edtico-institucional y el cultural-discursivo. Pero el an\u00e1lisis quedar\u00eda incompleto si no se contrasta con la evidencia que, desde la ciencia forense y los registros audiovisuales, desmiente el relato oficial.<\/p>\n<p><strong>El eje socioecon\u00f3mico: la geograf\u00eda desigual del castigo<\/strong><\/p>\n<p>La aplicaci\u00f3n informal de la violencia estatal muestra una selectividad penal evidente. Las ejecuciones extrajudiciales ocurren casi de manera exclusiva en barrios marginados y \u00abpuntos calientes\u00bb de la cartograf\u00eda desigual del delito. Quienes carecen de ingresos, defensa legal t\u00e9cnica o visibilidad medi\u00e1tica enfrentan una vulnerabilidad jur\u00eddica extrema: sin recursos para constituirse en querellantes, sin cobertura period\u00edstica y sin conexiones de influencia, la impunidad se facilita y el hecho queda etiquetado autom\u00e1ticamente como \u00abintercambio de disparos\u00bb. Se consolida as\u00ed una criminalizaci\u00f3n de la pobreza que convierte a los j\u00f3venes de sectores populares y afrodescendientes en los \u00absospechosos habituales\u00bb del sistema.<\/p>\n<p><strong>El eje pol\u00edtico-institucional: la debilidad que se hereda<\/strong><\/p>\n<p>El problema medular radica en la debilidad de los mecanismos de fiscalizaci\u00f3n. La falta de peritajes cient\u00edficos independientes y la dependencia directa de los fiscales hacia la propia estructura policial para recolectar evidencias generan un conflicto de intereses sist\u00e9mico. A ello se suma una estructura policial que hist\u00f3ricamente ha operado con din\u00e1micas de autogobierno, donde la fuerza letal se usa como mecanismo de control social r\u00e1pido o para dirimir conflictos en econom\u00edas il\u00edcitas. La presi\u00f3n pol\u00edtica por mostrar resultados inmediatos incentiva, adem\u00e1s, din\u00e1micas de \u00abmano dura\u00bb respaldadas por el viejo populismo penal, que terminan desbordando los l\u00edmites constitucionales y erosionando la confianza en las instituciones democr\u00e1ticas.<\/p>\n<p><strong>El eje cultural-discursivo: el relato que legitima<\/strong><\/p>\n<p>El uso sistem\u00e1tico del t\u00e9rmino \u00abintercambio de disparos\u00bb funciona como un dispositivo ret\u00f3rico para normalizar la muerte y eximir de culpa al Estado, construyendo una narrativa donde la polic\u00eda act\u00faa siempre en leg\u00edtima defensa frente a un \u00abmal social\u00bb. Ese relato encuentra eco en una opini\u00f3n p\u00fablica que, afectada por el miedo a la inseguridad y desconfiada del sistema judicial, suele aplaudir soluciones sumarias: criminales en los hechos, impunes en el papel. El discurso del \u00abdarle pa&#8217; bajo\u00bb compite directamente con el de los derechos humanos y el debido proceso, y esa porosidad social es lo que permite que la pr\u00e1ctica sobreviva a todos los gobiernos.<\/p>\n<p><strong>La evidencia que quiebra el relato oficial<\/strong><\/p>\n<p>Cuando se contrasta la versi\u00f3n institucional con la realidad f\u00e1ctica, el relato se desmorona. Los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) revelan con frecuencia impactos de bala a quemarropa, trayectorias de arriba hacia abajo o heridas en la espalda y en las palmas de las manos: evidencias t\u00e9cnicas que destrozan la tesis de un tiroteo din\u00e1mico a distancia. A ello se suma la proliferaci\u00f3n de c\u00e1maras de seguridad y tel\u00e9fonos inteligentes, que han capturado operativos donde se observa a patrullas ejecutando a ciudadanos con las manos en alto, de rodillas o sometidos sin resistencia. El \u00abintercambio\u00bb existe, pero no siempre en la escena del crimen: existe en el acta.<\/p>\n<p><strong>La respuesta del Ministerio P\u00fablico y las barreras para las familias<\/strong><\/p>\n<p>El aparato judicial revela una tensi\u00f3n procedimental profunda. El Ministerio P\u00fablico muestra una hist\u00f3rica resistencia a investigar de oficio estos casos, aceptando el acta policial como verdad jur\u00eddica inicial debido a su dependencia estructural de los propios cuerpos policiales. La persecuci\u00f3n penal es intermitente y medi\u00e1tica: solo reacciona cuando un caso rompe el cerco informativo, se vuelve viral o genera indignaci\u00f3n colectiva. Mientras tanto, las familias enfrentan obst\u00e1culos casi insalvables: agentes involucrados que procesan la escena inicial, facilitando la desaparici\u00f3n de casquillos o la siembra de armas no registradas; falta de recursos para litigar; y asedio, amenazas y vigilancia en comunidades vulnerables que obligan al abandono de las causas por temor a represalias.<\/p>\n<p><strong>El horizonte: reforma policial y derechos humanos<\/strong><\/p>\n<p>Los procesos de transformaci\u00f3n institucional y las recomendaciones de organismos internacionales (CIDH y ONU) apuntan a una salida: restar autonom\u00eda a la polic\u00eda en la fase investigativa, garantizando que los peritajes dependan de cuerpos t\u00e9cnicos independientes o de un \u00f3rgano forense civil fortalecido; implementar protocolos estrictos sobre el uso de la fuerza; integrar c\u00e1maras corporales (bodycams) en las patrullas; y reestructurar la formaci\u00f3n para desmontar la doctrina militarizada heredada.<\/p>\n<p>Solo desmantelando la complicidad institucional y aplicando una ley imparcial que no distinga estatus social, el pa\u00eds avanzar\u00e1 hacia una verdadera seguridad ciudadana. Porque la puesta en 29 no es de ley: es de clase social. Y mientras esa verdad no se nombre, ninguna reforma ser\u00e1 completa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por NELSON DEL POZO GUZM\u00c1N El debate sobre la seguridad ciudadana en la Rep\u00fablica Dominicana&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":78164,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55,164,51],"tags":[],"class_list":["post-83017","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-nelson-del-pozo-guzman","category-opinion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83017","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83017"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83017\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":83018,"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83017\/revisions\/83018"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83017"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83017"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiarioantillano.com\/uno\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83017"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}