Por NELSON DEL POZO GUZM\u00c1N<\/p>\n
El nuevo C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Dominicana (Ley 74-25), que entra en vigencia el 6 de agosto, no regula de manera directa las leyes de asistencia social de otros pa\u00edses, pero s\u00ed castiga penalmente los delitos financieros derivados de la falsedad documental, el fraude transfronterizo y el lavado de activos que se conecten con el territorio dominicano.<\/p>\n
El fraude transfronterizo por ocultamiento de bienes en la Rep\u00fablica Dominicana ser\u00e1 perseguido penalmente bajo el nuevo marco jur\u00eddico de la Ley 74-25. Mentir sobre el patrimonio local o alterar certificaciones para calificar en programas de asistencia social extranjeros activa el art\u00edculo 350 de la legislaci\u00f3n. Esta normativa sanciona la falsedad documental con penas de dos a tres a\u00f1os de c\u00e1rcel mediante el principio de jurisdicci\u00f3n compartida.<\/p>\n
El lavado de activos vinculado a subsidios extranjeros ser\u00e1 penalizado severamente si el dinero obtenido de forma il\u00edcita se introduce al sistema dominicano. Las personas que malversen fondos de bienestar social e introduzcan esos capitales para adquirir propiedades o veh\u00edculos sufrir\u00e1n la incautaci\u00f3n de sus bienes. Las autoridades locales est\u00e1n facultadas para confiscar de manera aut\u00f3noma cualquier patrimonio de origen oscuro en el territorio nacional.<\/p>\n
La cooperaci\u00f3n internacional y el intercambio de informaci\u00f3n financiera automatizada se refuerzan dr\u00e1sticamente con la entrada en vigencia de esta reforma. Las agencias fiscales extranjeras como el IRS podr\u00e1n solicitar el congelamiento inmediato de cuentas bancarias dominicanas sospechosas de recibir remesas fraudulentas. Las estafas masivas contra administraciones p\u00fablicas internacionales expondr\u00e1n a los dominicanos residentes en el exterior a procesos de extradici\u00f3n activa.<\/p>\n
El decomiso de propiedades registradas a nombre de terceros afectar\u00e1 directamente el patrimonio que los migrantes adquieran a trav\u00e9s de familiares. Los tribunales incautar\u00e1n los inmuebles que hayan sido comprados con fondos il\u00edcitos del extranjero, sin importar qui\u00e9n figure en el t\u00edtulo. La carga de la prueba recaer\u00e1 sobre el pariente residente en el pa\u00eds, quien deber\u00e1 demostrar su condici\u00f3n de adquiriente de buena fe.<\/p>\n
Las sanciones penales para testaferros locales castigar\u00e1n con dureza a los parientes en el pa\u00eds que faciliten el encubrimiento de capitales. Los familiares que presten sus nombres, c\u00e9dulas o cuentas bancarias para recibir remesas estructuradas ser\u00e1n procesados criminalmente por complicidad. El c\u00f3digo tipifica adem\u00e1s la insolvencia fraudulenta, penalizando a quienes colaboren en la reducci\u00f3n ficticia de bienes para evadir la justicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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