Por ALFONSO -FONCHI- TEJEDA<\/p>\n
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El guion se repite de manera c\u00edclica, y pese a esa repetici\u00f3n frecuente, que supone haberse aprendido la tarea, los resultados tambi\u00e9n muestran\u00a0 fallas a la hora del examen: organismos internacionales de derechos humanos persisten en sus denuncias por el tratamiento a los haitianos residentes en el pa\u00eds, que de acuerdo a la legislaci\u00f3n vigente, \u00a0m\u00e1s del 90 por ciento est\u00e1n en situaci\u00f3n de irregulares a partir de la sentencia 163-13 (2013) \u00a0del Tribunal Constitucional que los\u00a0 despoj\u00f3 de derechos civiles.<\/p>\n
Ocurri\u00f3 ahora con la reiterada preocupaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidi\u00f3 al gobierno reevaluar la gesti\u00f3n migratoria a partir de las 15 medidas que en abril del 2025 implement\u00f3 para reducir la presencia de haitianos en Rep\u00fablica Dominicana, que tiene como su principal mecanismo las deportaciones, las que parecen estar normadas\u00a0 por establecer \u00a0nuevo r\u00e9cord\u00a0 de expulsados de cada semana.<\/p>\n
Irreductible es la responsabilidad del Estado dominicano para establecer y aplicar la pol\u00edtica migratoria en el territorio nacional, componente cardinal en el amplio fen\u00f3meno que es la movilidad de personas en y entre pa\u00edses, la que tambi\u00e9n est\u00e1 regulada por ordenamientos de organismos internacionales de los que el pa\u00eds es compromisario para atender necesidades y garantizar los derechos de quienes est\u00e1n en esa condici\u00f3n.<\/p>\n
Como en cada ocasi\u00f3n -aunque en esta oportunidad ha sido menos el fervor \u201cpatri\u00f3tico\u201d-, las autoridades responden los se\u00f1alamientos y cr\u00edticas a la gesti\u00f3n migratoria desde una actitud unilateral, alegando el derecho constitucional que lo ampara, pero desconociendo la complejidad social y econ\u00f3mica del mismo, y eludiendo las implicaciones humanas que rodean ese fen\u00f3meno, que es\u00a0 a partir de donde los organismos internacionales hacen los se\u00f1alamientos y reclamos.<\/p>\n
De aquellas 15 disposiciones establecidas en abril del 2025, tres son las m\u00e1s cuestionadas: el desempe\u00f1o en el resguardo fronterizo, caracterizado por \u201cuna porosidad\u201d inexplicable a la luz de los recursos humanos, t\u00e9cnicos y materiales desplegados en esa zona; la desgarradora atenci\u00f3n m\u00e9dica a pacientes (parturientas en especial) haitianas\/os en hospitales p\u00fablicos, y la abusiva comercializaci\u00f3n de las deportaciones.<\/p>\n
Dable es reconocer que han mejorado las condiciones y manera en que trasladan a los \u201cposibles deportados\u201d -as\u00ed entre comillas-, porque eso va a depender de la disponibilidad econ\u00f3mica del apresado – o de si tiene alguna relaci\u00f3n salvadora-, que tambi\u00e9n condicionan el ingreso de irregulares al pa\u00eds, pese a que la frontera\u201d est\u00e1 sellada\u201d, a decir de las autoridades, y en los hospitales p\u00fablicos\u00a0 a los pacientes haitianos le dan servicios tal como si fuera atenci\u00f3n de emergencia.<\/p>\n
Las quejas c\u00edclicas de los organismos internacionales que denuncian una pr\u00e1ctica consuetudinaria requieren de las autoridades otro enfoque m\u00e1s amplio en cuanto a combinar la responsabilidad constitucional del pa\u00eds en la pol\u00edtica migratoria con el respeto a derechos humanos de los impactados por esa, que, a m\u00e1s de un mandato cristiano ,es tambi\u00e9n un acto de dignidad y solidaridad.<\/p>\n
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