Washington, (Prensa Latina) De la misma manera en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma sus \u00f3rdenes ejecutivas, llegan las impugnaciones en cortes y los vetos de jueces federales, el caso m\u00e1s reciente, el llamado parole humanitario.<\/p>\n\n\n\n
La jueza federal Indira Talwani impedir\u00e1 que el Gobierno de Trump ordene a m\u00e1s de 530 mil personas de Hait\u00ed, Nicaragua, Cuba y Venezuela, amparadas con el parole, un beneficio migratorio que otorga estatus legal temporal, abandonar el pa\u00eds antes del 24 de abril, cuando los permisos ser\u00e1n cancelados.<\/p>\n\n\n\n
El fallo emitido es un rev\u00e9s significativo en los esfuerzos de la actual administraci\u00f3n por endurecer las pol\u00edticas migratorias y en este caso desmantelar las medidas adoptadas en la era de Joe Biden (2021-2025) que busc\u00f3 v\u00edas para la migraci\u00f3n regular a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Durante una audiencia ayer, Talwani cuestion\u00f3 repetidamente la afirmaci\u00f3n del gobierno de que pod\u00eda poner fin al parole humanitario para las personas de esos cuatro pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
Subray\u00f3 que los inmigrantes en el programa que est\u00e1n aqu\u00ed legalmente se enfrentan ahora a la opci\u00f3n de \u201chuir del pa\u00eds\u201d o quedarse y \u201carriesgarse a perderlo todo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La magistrada advirti\u00f3 que la explicaci\u00f3n para poner fin al programa estaba \u201cbasada en una lectura incorrecta de la ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Desde que comenz\u00f3 su segundo mandato el pasado 20 de enero, varias de las \u00f3rdenes ejecutivas de Trump han sido bloqueadas temporalmente por jueces federales, entre las m\u00e1s relevantes est\u00e1n su acci\u00f3n para eliminar la ciudadan\u00eda por nacimiento.<\/p>\n\n\n\n
El 23 de enero, el juez federal John Coughenour describi\u00f3 la medida como \u00abdescaradamente inconstitucional\u00bb y la fren\u00f3 a nivel nacional.<\/p>\n\n\n\n
Trump tambi\u00e9n emiti\u00f3 una orden para prohibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica de afirmaci\u00f3n de g\u00e9nero a menores, que eliminaba la financiaci\u00f3n para tratamientos de afirmaci\u00f3n de g\u00e9nero en menores de 19 a\u00f1os, a lo cual un magistrado le puso el sem\u00e1foro en rojo el 6 de febrero.<\/p>\n\n\n\n
El ocupante del Despacho Oval suspendi\u00f3 a trav\u00e9s de una orden ejecutiva la ayuda exterior y actividades de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), as\u00ed como la restricci\u00f3n de beneficios sociales para inmigrantes como Medicaid y asistencia alimentaria.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el 13 de febrero un juez le puso el pare a una orden de Trump que permit\u00eda desviar fondos del Pent\u00e1gono hacia la construcci\u00f3n del muro fronterizo sin la aprobaci\u00f3n del Congreso.<\/p>\n\n\n\n
Otra medida bloqueada por un juez fue la que permit\u00eda despedir a m\u00e1s de 16 mil empleados federales y la del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -solo utilizada en tiempo de guerra- para deportar a migrantes, pero la Corte Suprema en sendas decisiones ech\u00f3 por tierra la opini\u00f3n en tribunales inferiores y favoreci\u00f3 al Gobierno de Trump.<\/p>\n\n\n\n
A prop\u00f3sito, los que ya tienen orden de deportaci\u00f3n se enfrentan a otra vuelta de rosca. La administraci\u00f3n Trump planea cobrar a cada migrante casi mil d\u00f3lares diarios si no se marchan. Aquel que no pague la sanci\u00f3n diaria de 998 d\u00f3lares tambi\u00e9n corre el riesgo de que las autoridades confisquen su propiedad.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan reportes en medios locales, cerca de 1,4 millones de migrantes cuya expulsi\u00f3n fue ordenada por un juez de inmigraci\u00f3n podr\u00edan ser sancionados bajo esta disposici\u00f3n que, adem\u00e1s, podr\u00eda aplicarse de forma retroactiva durante un m\u00e1ximo de cinco a\u00f1os, lo cual resultar\u00eda pr\u00e1cticamente una penalidad millonaria.<\/p>\n\n\n\n
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