Por NELSON DEL POZO GUZMÁN
El reciente discurso del presidente Luis Abinader ha confirmado una realidad amarga: el blindaje del gasto político frente al sacrificio ciudadano. Mientras el mundo se sacude por la crisis en Medio Oriente, el Gobierno dominicano ha decidido proteger su frondosa estructura burocrática y su millonaria pauta publicitaria. La clase media, una vez más, queda atrapada en el centro de un sándwich fiscal, sin bonos de alivio pero con todo el peso de los nuevos aumentos.
La narrativa oficial intenta vender una «corresponsabilidad» que, en la práctica, resulta profundamente asimétrica e injusta. Se le pide al profesional y al emprendedor que teletrabajen y ahorren combustible, pero el Estado no cede un solo centímetro en su opulento tren de gastos. No hubo anuncios de recortes en nóminas parasitarias ni en gastos de representación, enviando un mensaje claro: el ciudadano debe apretarse el cinturón para que el político no pierda su comodidad.
Un punto ciego e indignante es el gasto en publicidad estatal, que según DIGEPRES superó los 8,000 millones de pesos anuales. A esto se suma el dispendio de 1,600 millones de pesos que la JCE distribuirá entre los partidos políticos este año, fondos que bastarían para mitigar el alza eléctrica. Mantener esta maquinaria de propaganda y financiamiento partidario mientras se asfixia al que trabaja es una elección que prioriza la imagen electoral sobre el bienestar económico real.
A diferencia de naciones europeas que han implementado impuestos a las ganancias por el estallido de misiles, aquí el capital sigue intocable. Sectores energéticos y financieros que multiplican sus beneficios por la guerra en Oriente Medio no han sido llamados a contribuir con un solo peso de sus ganancias
extraordinarias. El Gobierno prefiere evitar incomodar a las élites económicas que en toda ocasión salen ganando, cargando el déficit al consumo de la familia trabajadora y profesional.
La comparación internacional deja al desnudo la falta de voluntad para una austeridad institucional que sea genuina y valiente. Mientras Argentina redujo su planta estatal y Chile recortó reembolsos electorales para fondear la crisis, en República Dominicana se mantiene el gasto corriente intacto. Esta falta de simetría frente a otros modelos de la región evidencia que aquí se protege la estabilidad del sector corporativo y político, sacrificando siempre al mismo segmento productivo.
Este enfoque de «estabilidad a toda costa» ignora el creciente resentimiento de un sector que fue vital para el cambio. La clase media dominicana empieza a ver con desconfianza un crecimiento macroeconómico que solo se traduce en cifras oficiales, pero nunca en su capacidad de ahorro real. Al focalizar la ayuda solo en la base votante más pobre, el Gobierno compra paz social momentánea, pero erosiona la legitimidad moral frente a quienes sostienen el sistema tributario.
El riesgo de este camino es una ruptura definitiva entre el Palacio Nacional y el motor productivo de la nación. Si la respuesta a cada crisis externa es siempre cargar la mano al mismo segmento, la intención de voto y la confianza institucional se desplomarán inevitablemente. El banquete del Estado no puede seguir financiándose con la precariedad de una clase media agotada, que ya no tolera discursos de resiliencia mientras paga facturas que el poder político se niega a compartir.