Por LUIS HUMBERTO VARGAS
Investigador de la Unidad de Estudios de Haití (UEH)
Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, S.J.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
La amenaza del reciente electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar más de una decena de millones de indocumentados originarios de varios países, en mayor medida de América Latina y el Caribe, ha generado una creciente incertidumbre y, al mismo tiempo, una extrema preocupación entre innumerables familias, diversas empresas y algunas entidades públicas, dependientes sucesivamente de las transferencias corrientes destinadas en groso modo a la demanda de consumo hogareño, la compra de bienes importados y la financiación de obligaciones interiores y exteriores.
En el caso de la República de Haití, este escenario crítico apunta a una profundización y propagación de su magna crisis nacional, tanto más que la capacidad de sostenimiento de sus pobres capas populares, sus escasas actividades empresarias y sus precarias cobranzas impositivas y erogaciones gubernamentales languidecen cada día en un clima de violencia generalizada y división política; no obstante, las reiteradas promesas de concertación entre las principales agrupaciones oligárquicas y partidarias domésticas y las tradicionales asistencias financieras y presupuestarias a cargo de potencias e instituciones multinacionales.
El rol jugado hasta la fecha por las emigraciones laborales al extranjero de generar rentas laborales en forma de divisas y, en consecuencia, remitirlas parcialmente para contribuir en moneda nacional gourde a la subsistencia familiar y en moneda internacional dólar a la compra imprescindible de mercancías importadas y cumplimiento básico de pagos de servicio de de adeudos y compromisos foráneos ya ha finalizado.
Desde 2019 hasta 2023, la comunidad haitiana radicada en Estados Unidos aumentó supuestamente en 76,100 inmigrantes (10,85%) de 701,700 a 77,800 personas documentadas y no documentadas; vale decir, desde 0,21% hasta 0,23% de la población total de habitantes estimada en 328,3 millones en 2019 y 334,9 millones en 2023 en la nación estadounidense, así como la participación de tales inmigrantes haitianos ascendió sucesivamente de 1,56% a 1,63% en la totalidad de inmigrantes (44,93 millones) en 2019 y (47,83 millones) en 2023. Más aún, el número de indocumentados haitianos equivale a un rango entre 100,000 o 0,95% y 110,000 o 1,00% de todos los indocumentados calculados en cinco años comprendido entre 10,7 millones en 2017 y 11,0 millones en 2022.
En los años fiscales de doce meses, desde octubre del año anterior hasta septiembre del año siguiente, los encuentros fronterizos con haitianos en territorio americano subieron verticalmente, 56,596 en 2022, 163,781 en 2023 y 220,198 en 2024; vale anotar, en relación con los encuentros totales respectivamente en dichos años: 2,05% de 2,77 millones, 5,12% de 3,20 millones y 7,59% de 2,91 millones, debido a una inmensa mayoría de adultos solteros e individuos con familiares, toda vez que los menores solos y acompañados igualaron una pequeña -aunque muy vulnerable- parte de dichos encuentros globales.
Sin lugar a dudas, estos encuentros ofrecieron la oportunidad de realizar una aplicación móvil CBP One como una herramienta fácil de programación de citas, conforme a los procedimientos legales y requisitos de apoyo financiero, para entrar por puertos de Estados Unidos. Desde enero de 2023 hasta noviembre de 2024, 904,500 migrantes tramitaron sus respectivas solicitudes de citas, de los cuales 541,210 obtuvieron libertad condicional, repartidos en 211,040 haitianos, 117,320 venezolanos, 110,240 cubanos y 93,080 nicaragüenses. De este modo se llevó a cabo un proceso cada vez más restrictivo mediante el Título 42 y posteriormente el Título 8, con millones de expulsiones desde marzo de 2020.
Mientras la administración gubernamental de Biden fracasaba en la ejecución de la política migratoria, según promesas hechas públicas en la pasada campaña electoral y compromisos contraídos entre la dirección del parrido Demócrata y su fracción “izquierdista”; el opositor partido Republicano, bajo el mando de Trump, no escatimaba esfuerzos en polarizar las elecciones de presidente y congresistas en torno al “chivo expiatorio” de los migrantes latinos y musulmanes. Por un lado, el mismo Trump, candidato presidencial, protagonizó la falsa acusación de que haitianos habían robado mascotas y se las habían comido en Springfield, Ohio; en tanto, por el otro, Marco Rubio, senador republicano de Florida, expresó la falaz información de que en Estados Unidos alberga “más de 20, 25, tal vez 30 millones” de inmigrantes ilegales, a los fines de confundir la opinión pública, promover prejuicios raciales y xenófobos y fortalecer posturas extremistas de derecha de factura fascista.
Sin embargo, ¿cómo se explica la exacerbación del “supuesto peligro migratorio” haitiano, a sabiendas de que las diminutas cifras absolutas y relativas de las migraciones haitianas con respecto a las correspondientes observadas en Estados Unidos no constituyen en modo alguno una amenaza a los intereses estatales, nacionales, empresarios y laborales americanos? Tal vez la respuesta adecuada se localiza en cierta media en algunos hitos de la propia historia, legislación e ideología estadounidenses.
Sucesos históricos clave
A raíz del triunfo de Inglaterra sobre Francia en 1763, al cabo de la Guerra de los Siete Años, el Estado inglés comenzó a cubrir sus cuantiosos gastos incurridos en tal conflicto bélico mediante la imposición de onerosos tributos a las Trece Colonias. La respuesta inmediata de la élite gobernante americana no se hizo esperar. Inmediatamente difundió con vehemencia la defensa de los “derechos naturales” de los colonos esclavistas blancos, en particular la participación parlamentaria en la formulación y aprobación de impuestos; la prohibición del comercio de bienes británico; la denuncia de abusos metropolitanos; y, por supuesto, la justificación de los derechos de los propietarios de terrenos, con exclusión de los “otros” como los negros, los indígenas y las mujeres por carencia de raciocinio e incapacidad de gobernarse.
En 1779, autoridades francesas de la parte occidental de La Hispaniola reclutaron un cuerpo de voluntarios de decenas de colonos blancos y alrededor de 650 hombres de color, propietarios respectivamente de grandes y pequeñas plantaciones, denominados “Cazadores Voluntarios de Saint Domingue” con el propósito de combatir en favor de la Revolución Americana (1776-1783)
y en contra de las tropas imperiales inglesas, durante cerca de tres años. Este cuerpo de combatientes se destacó entre otras batallas, en el sitio de Savannah, localidad de Georgia, desde el 16 septiembre hasta el 18 de octubre del aludido año.
Luego de la victoria alcanzada por esta Revolución en 1783, los líderes y padres de Estados Unidos de America se negaron a respaldar tanto la abolición de la esclavitud como la independencia nacional de Haití de Francia, a causa del predominio del régimen esclavista asentado en grandes plantaciones algodoneras y rentables transacciones mercantiles.
En 1789 estalló la Revolución francesa, con tremendo impacto en la conciencia y voluntad de liberación de los negros esclavos y la firme decisión de los amos blancos de sostener el régimen de propiedad y dominación esclavista. En efecto, el 22 de agosto de 1791, los esclavos del norte de Santo Domingo francés empezaron la rebelión antiesclavista con enormes repercusiones en todos los territorios coloniales de plantaciones, en los esclavistas respaldados por los imperios de Francia, Gran Bretaña y España y en los negros decididos a romper los lazos de la esclavitud.
Las pretensiones de la Revolución francesa de neutralizar el movimiento rebelde por medio de promesas de poner punto final a la esclavitud no rindieron los frutos de lugar. La rebelión devino en guerra civil entre blancos, negros y mulatos con intervención de los imperios indicados, destrucción de las plataformas de producción, comercialización y finanzas y matanza indiscriminada de civiles, hasta el punto de que el Estado francés bajo el mando de Napoleón reconquistó posiciones y Toussaint aceptó la propuesta de seguir manteniendo el dominio de Francia sobre la parte occidental de colonia Saint Domingue, a condición de la concesión de autonomía. Este pacto fracasó, desde el instante que Toussaint fue apresado por las tropas francesas y enviado a una de las cárceles en Francia. Pero las fuerzas rebeldes haitianas lideradas por Dessalines lucharon de manera triunfal, derrotando al ejército napoleónico, así como alcanzando la independencia Nacional el 1º de enero de 1804.
Entre tanto, el partido Federalista ganó las elecciones y John Adams se convirtió en el segundo presidente de Estados Unidos (1897-1801) y aplicó una política de apoyo a la lucha anti-esclavista de Toussaint Louverture, envío de buques de guerra a las costas haitianas en contra de las fuerzas navales francesas, fortalecimiento de los nexos comerciales haitiano-americanos y designación de Edward Stevens como cónsul general para proteger vidas y propiedades estadounidenses y aupar la independencia haitiana de Francia.
Lamentablemente, este proceso se frustró. Thomas Jefferson asumió la presidencia y dio un giro radical a la política del gobierno de Adams, ya que ejecutó sin vacilación las siguientes medidas: la revocación de la ayuda gubernamental a Louverture; la implantación de un embargo comercial, tras la matanza de colonos y familiares; la negación a reconocer la independencia y soberanía haitianas; la reducción de las transacciones mercantiles américo-haitianas; y, desgraciadamente, la repulsión del pueblo y nación de Haití por medio de manifestaciones tales como de que los revolucionarios haitianos son “caníbales de la república terrible”. No obstante, como guardián de los intereses nacionales americanos se opuso a la concesión de préstamos para sostener las campañas de guerra de Leclerc. Este rechazo de Jefferson al reconocimiento de Haití se mantuvo hasta 1862.
Marco legal y migraciones
La Carta de Derechos de los Estados Unidos es el nombre otorgado a las primeras diez enmiendas de la Constitución americana, aprobadas el 15 de diciembre de 1791, con el propósito de establecer claramente un conjunto de libertades, según la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la Carta de Derechos inglesa de 1789 y la Carta Magna inglesa de 1215. En verdad, esta Carta de Derechos se sustenta en gran medida en las ideas de Locke, quién en su obra “Dos tratados sobre el gobierno civil” plantea que la finalidad de la sociedad civil es la protección de la propiedad y que cada individuo es libre e igual en el estado de naturaleza. De esta manera, se instituyó la libertad y la igualdad sólo entre los propietarios, en particular los colonos esclavistas blancos, con exclusión de la ciudadanía a los no propietarios; es decir, a los “indígenas salvajes”, los esclavos negros y las mujeres. De ahí la necesidad de que Estados Unidos emprendiera una serie de reformas de la Constitución en calidad de enmiendas para institucionalizar derechos fundamentales no contemplados en los textos constitucionales aprobados.
Entre algunos casos relevantes se cuentan la Decimotercera Enmienda que abolió oficialmente y continúa prohibiendo la esclavitud en Estados Unidos, en diciembre de 1865, después de la ejemplar lucha librada por los negros, tanto esclavos como libres en la guerra civil y la Proclamación de la Emancipación, por parte de Abraham Lincoln: la Decimocuarta Enmienda que consagra el Debido Proceso y la Protección Igualitaria, ratificada el 9 de julio de 1868, y la Decimoquinta Enmienda que ordena a los gobiernos a no impedir el voto ciudadano por motivo de raza, color, o condición anterior de servidumbre o esclavitud, ratificada el 3 de febrero de 1870.
Se estima que desde 1870 a 1890, entraron a Estados Unidos alrededor de 30 millones de migrantes, evaluados conforme a severos criterios racistas, xenófobos y aporófobos, establecidos jurídicamente, tales como la Ley de Exclusión de los Chinos de 1882, la Ley de Inmigración de 1891 y la Ley de Cuarentena de 1893.
Tres decenios más tarde, en 1924, se aprobó la Ley de Inmigración o Ley de Orígenes Nacionales que transformó radicalmente la demografía americana, a causa de que se restringió casi a cero los inmigrantes procedentes del sur y el este de Europa, en procura de favorecer la inmigración racialmente “pura” desde Europa del Norte y, a la misma vez, excluir la de Asia y África. Se calcula que entre 1924 y 1965 los pobladores estadounidenses nacidos fuera de Estados Unidos se contrajeron de 15% a 5% de la población americana total.
Esta campaña de restricción de inmigrantes extranjeros fue promovida por una serie de organizaciones de renombre en Estados Unidos sobre la base de criterios racistas, seudocientíficos y despectivos de inferioridad mental y física, incapacidad laboral y convivencia y desconocimiento de valores éticos y culturales: el Ku Klux Klan, la Liga de Restricción de la Inmigración y la Federación Americana del Trabajo.
Esta Ley antiinmigrante de 1924 fue reformada por una legislación en 1965, atendiendo a las necesidades de fuerza de trabajo masiva y barata por parte de los procesos de industrialización, urbanización, prestación de servicios en zonas urbanas y rurales y transnacionalización de las actividades de producción, comerciales y financieras de bienes, servicios y capitales, afrontando frecuentemente crisis económicas, contradicciones imperiales, reestructuraciones geopolíticas, guerras sangrientas, catástrofes ambientales y flujos migratorios de gran calado orientados mayoritariamente hacia los mismos países pobres y en menos medida hacia los países ricos. En este último caso, es importante destacar que los migrantes haitianos se dirigen en mayor proporción a República Dominicana y en menos a Estados Unidos, sin que se disponga al día de hoy de una solución factible, justa y solidaria, enmarcada en el derecho internacional y la soberanía popular dominicana, máxime cuando se vislumbra un empeoramiento de la crisis mundial, empujada por fuerzas y organizaciones de extrema derecha.