Puerto Príncipe (Prensa Latina) A pocos días del arribo de tropas foráneas, Haití continúa padeciendo de una violencia cada vez más profunda que incide implacablemente en todos los ámbitos de la sociedad, desde la economía hasta la educación.
La situación en el país, sumido en un caos a raíz de que en marzo pasado un ataque de pandillas a la principal prisión liberara a miles de reos, obliga a muchos de sus ciudadanos a escapar de estas fronteras y, cuando son capturados y devueltos, lo vuelven a intentar.
Sin embargo, esta no resulta una realidad nueva, puesto que un informe conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones y el Grupo de Apoyo para Repatriados y Refugiados de Haití, subraya que más de 216 mil personas que huyeron de su tierra natal a través de rutas migratorias irregulares fueron regresados en 2023.
A muchos de estos ciudadanos se les interceptó en alta mar o llevaban tiempo viviendo en otro país, precisa el documento.
Algunos enfrentan diversas dificultades para reintegrarse a sus comunidades, por lo que se convierten en reincidentes y se embarcan de nuevo, a veces en repetidas ocasiones, en rutas de migración irregular ilegales y peligrosas, para buscar una vida mejor para ellos y sus familias.
En estos momentos, aunque todos los sectores de la vida pública han sido sacudidos irremediablemente, la violencia impacta de manera devastadora en la educación, pues provocó el cierre de unas 900 escuelas desde mediados de 2023 en las provincias de Artibonite y Puerto Príncipe.
Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) registraron más de 30 ataques en centros educativos solamente en lo que va de año, mientras los grupos armados expanden su control en barrios de la capital.
Como consecuencia, cerca de 200 mil jóvenes carecen de acceso a la educación y cuatro mil docentes permanecen desempleados.
Datos de la ONU refieren que las bandas armadas provocaron el desplazamiento interno de 362 mil haitianos, la mitad de ellos niños, mientras la Organización Internacional de las Migraciones alerta que entre el 8 de marzo y el 9 de abril unas 95 mil personas huyeron de la capital, el 60 por ciento de ellas hacia los departamentos del sur.
Según estimaciones del organismo multilateral, al menos 5,5 millones de haitianos necesitarán asistencia humanitaria en este año, lo que supone un aumento con respecto a los 5,2 millones previstos antes de la escalada de los últimos meses.
A ello se suma la alerta en torno a una carga desproporcionada del actual contexto en las mujeres, luego de que los índices de violación se dispararan a causa de las condiciones inseguras en muchos sitios de desplazamiento.
Lo cierto es que un escenario prima en el inestable país caribeño: el cierre de escuelas y negocios, tiroteos de pandillas; saqueo y quema de viviendas, y asaltos a entidades e instalaciones como bancos, comisarías, terminales aéreas y marítimas y estaciones eléctricas.
Hace solo unos días, un grupo de delincuentes no solo redujo a ruinas en 48 horas la prisión civil de Titanyen y la comisaría de Croix-des-Bouquets, sino que filmó su fechoría y la hizo circular por las redes sociales, quizás para advertir a las fuerzas extranjeras que están por llegar a la nación.
La Policía de Haití, cuyo poder de acción parece rebasado desde hace meses por la coalición de pandillas, podría estar recibiendo los refuerzos de tropas extranjeras promovidos por la ONU en los próximos días, un hecho que genera tanto esperanza como preocupación en la nación antillana.
Tal reticencia no asombra si se tiene en cuenta que, a lo largo de su historia, Haití ha sido víctima de una larga sucesión de intervenciones militares foráneas y de supuestas ayudas humanitarias que, lejos de resolver la problemática del país, han terminado agravándola.
Hasta este momento, varias naciones de África, Asia y el Caribe mostraron su disposición a proporcionar efectivos con ese fin, entre estos, Kenya —que se ofreció a dirigir las operaciones—, Benín, Chad, Bahamas, Jamaica, Barbados, Bangladesh y Suriname.