Por Nelson del Pozo Guzmán
Zúrich, Suiza.- Hay fechas que el calendario no logra contener. El 11 de septiembre es una de ellas. En Chile y en Estados Unidos, dos sociedades separadas por la geografía y por veintiocho años, quedaron marcadas por imágenes de fuego, derrumbe y silencio. No fueron hechos idénticos ni respondieron a las mismas causas. Pero ambos transformaron la manera en que el mundo concibe la seguridad, la política y la memoria.
En 1973, aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea chilena bombardearon el Palacio de La Moneda. El presidente Salvador Allende murió en el interior del edificio y con él se interrumpió un proyecto democrático elegido en las urnas. Aquel día no solo cambió el destino de Chile: inauguró una era de excepción, represión y oscuridad institucional cuya sombra se extendió por décadas.
Veintiocho años después, en 2001, diecinueve secuestradores tomaron cuatro aviones comerciales y los convirtieron en armas. Las Torres Gemelas cayeron ante millones de televidentes en directo. Casi tres mil personas murieron y el horror se instaló en el corazón financiero del planeta. La respuesta global fue rápida y profunda: guerras, vigilancia masiva, restricción de libertades y una doctrina de intervención que aún define la política internacional.
No conviene equiparar mecánicamente ambos episodios. El golpe chileno fue una operación militar interna con complicidad externa; los atentados de 2001 fueron una acción terrorista internacional de un grupo no estatal. Sus responsables, sus lógicas y sus consecuencias difieren. Pero ambos comparten un mismo efecto: la violencia sobre poblaciones civiles o sobre símbolos del poder como método para reordenar el mundo.
Esa misma crudeza no ha cesado. En 2026, los bombardeos y asedios que desangran a Gaza, Ucrania e Irán son fenómenos distintos entre sí, con actores y causas propias, pero todos comparten el uso del terror aéreo y del castigo colectivo como herramienta de sometimiento. La población civil sigue pagando el precio más alto de una violencia que cambia de escenario pero no de esencia.
Tras cada uno de estos episodios, los Estados han respondido con doctrinas de vigilancia, intervencionismo y excepción. Las justificaciones geopolíticas suelen ocultar el costo real: vidas truncadas, comunidades destruidas, derechos suspendidos. Revisar estos procesos con rigor permite desmantelar los discursos que normalizan la violencia contra los pueblos, venga del Estado, del mercado o de grupos armados.
La memoria popular tiene una virtud sencilla y poderosa: rescatar la dignidad humana entre los escombros. La reflexión comprometida con la verdad histórica no busca igualar ideologías ni repartir culpas con ligereza, sino condenar sin ambigüedades la barbarie, venga de donde venga. Las lecciones de estos septiembres de ceniza nos llaman a defender la paz como un derecho inalienable y a reconocer el sufrimiento del otro como punto de partida de cualquier reconciliación posible.
Hoy, a más de dos décadas del nuevo milenio, el eco de aquellos aviones aún resuena. Este artículo rinde homenaje a quienes sufrieron el rigor de la intolerancia y del diseño de la fuerza. La historia no debe ser un registro de vencedores, sino un tribunal ético que cultive la empatía compartida. Recordar con rigurosidad y justicia es el único camino para evitar que el horror siga vistiéndose de normalidad.