Conocer el territorio es construir poder 

Por Carmen Veloz y Luis Carvajal,
Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo · CAUASD

CONOCER EL TERRITORIO ES CONSTRUIR PODER
Un mapa guardado en una oficina no protege a nadie. Una alerta que no se entiende tampoco. Una ley sin vigilancia ciudadana puede quedarse en papel. La prevención se vuelve real cuando el conocimiento llega a la gente, se contrasta con la experiencia del lugar y sirve para decidir.
Este último artículo no comienza con un huracán, un terremoto, una sequía o una epidemia. Comienza con una capacidad: la de una sociedad que conoce el territorio, reconoce las desigualdades que producen el riesgo y se organiza para proteger la vida.
El riesgo atraviesa a toda la sociedad, pero no se distribuye por igual. Podemos compartir la misma isla, el mismo aguacero o la misma crisis; pero no compartimos necesariamente la misma exposición, los mismos recursos para protegernos ni el mismo poder para recuperarnos.
Reducir el riesgo no consiste solamente en vigilar fenómenos: exige corregir desigualdades, proteger los ecosistemas y garantizar que todas las personas tengan medios reales para ponerse a salvo y participar en las decisiones.

TODOS ESTAMOS EN EL TERRITORIO; NO TODOS OCUPAMOS EL MISMO LUGAR
Nadie vive completamente fuera del riesgo. Una persona puede residir lejos de una cañada y, sin embargo, depender de un acueducto, una carretera, una subestación eléctrica, un hospital o un mercado ubicados en lugares expuestos. Una sequía en el campo llega a la ciudad por el precio de la comida. Un puente interrumpido retrasa medicamentos. Una guerra distante entra por el combustible y el colmado. Un incendio industrial afecta a quienes viven cerca y también a quienes respiran el humo o pierden su empleo.
Pero estar relacionado con un riesgo no significa enfrentarlo en igualdad de condiciones. Exposición es encontrarse, vivir, trabajar o depender de algo situado donde una amenaza puede causar daño. Vulnerabilidad son las condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales que aumentan ese daño. Capacidad es el conjunto de conocimientos, recursos, instituciones y redes que permiten anticipar, resistir, responder y recuperarse.
Por eso dos familias que viven en una misma zona inundable pueden tener riesgos muy distintos. Una dispone de vivienda firme, vehículo, ahorros, seguro, información y un lugar donde alojarse. La otra depende del ingreso del día, vive alquilada, cuida a varias personas y no puede abandonar sus pertenencias sin perderlo todo. La amenaza es la misma; la posibilidad de protegerse y comenzar de nuevo no lo es.
El IPCC encontró que, entre 2010 y 2020, la mortalidad causada por inundaciones, sequías y tormentas fue quince veces mayor en regiones altamente vulnerables que en regiones de vulnerabilidad muy baja. No significa que el fenómeno “elija” a los pobres; significa que la desigualdad, la calidad de la vivienda, el acceso a servicios, la degradación ambiental y la capacidad de decidir influyen profundamente en quién sufre más.

LAS DESIGUALDADES DIBUJAN OTRO MAPA
El mapa del riesgo no se limita a colores sobre una hoja. También está escrito en la vida cotidiana. Para leerlo con justicia hay que mirar, por lo menos, estas diferencias:

• El lugar y el ambiente. No es igual vivir en una llanura de inundación, una ladera cortada, una costa baja, un suelo que amplifica el movimiento sísmico o junto a una instalación peligrosa. Tampoco es igual contar con bosque, humedal, manglar y suelo sano que habitar un territorio deforestado, impermeabilizado o contaminado.
• La vivienda y los servicios. El tipo de construcción, el hacinamiento, el drenaje, el agua potable, el saneamiento, la electricidad, el acceso de los bomberos y la resistencia de escuelas, hospitales, carreteras y puentes cambian el tamaño del daño.
• El ingreso, el trabajo y la propiedad. Quien vive de la venta del día, cultiva una pequeña parcela, pesca, trabaja al aire libre o carece de ahorros, pierde más rápido su sustento. La tenencia insegura de la vivienda o de la tierra puede impedir mejoras, acceso a crédito o una recuperación justa.
• La edad, la salud, la discapacidad y las tareas de cuidado. Niños, personas mayores, embarazadas, personas enfermas o con discapacidad pueden necesitar avisos, medicamentos, transporte o asistencia específicos. El riesgo aumenta cuando el plan no considera esas necesidades, no por la existencia de esas personas.
• El género y otras formas de exclusión. Las desigualdades previas pueden concentrar en las mujeres las tareas de cuidado, limitar el acceso a recursos o aumentar la exposición a la violencia durante el desplazamiento y la permanencia en albergues. La discriminación, la falta de documentos, la barrera del lenguaje o el temor a acercarse a una institución también dejan gente fuera.
• La información y la comunicación. Una alerta escrita no alcanza a quien no puede verla o leerla. Un mensaje digital no sirve donde no hay señal, electricidad o equipo. Un rumor puede hacer perder el tiempo decisivo; el silencio de una autoridad o una empresa puede ocultar una amenaza.
• El poder para participar y decidir. Una comunidad consultada desde el inicio puede advertir errores y proponer alternativas. Una población informada cuando todo está aprobado solo recibe las consecuencias de decisiones ajenas.

Nadie es vulnerable por naturaleza ni una comunidad puede reducirse a la etiqueta de “vulnerable”. Existen condiciones que producen vulnerabilidad, pero también conocimientos, redes de solidaridad, formas de trabajo, memoria ambiental y capacidades que deben reconocerse y fortalecerse.
Tampoco puede culparse a una familia por vivir en un lugar peligroso sin preguntar por qué llegó allí. El precio de la tierra, la falta de vivienda asequible, los desalojos, el abandono rural, la ausencia de transporte y decisiones públicas o privadas pueden empujar a la gente hacia cañadas, laderas, bordes industriales y otras zonas de mayor exposición. *Reducir el riesgo exige corregir las causas que obligan a escoger entre un techo inseguro y ningún techo.*

EL RIESGO VIAJA POR LAS CONEXIONES DEL TERRITORIO
Los siete artículos anteriores recorrieron el agua, las montañas, los huracanes, los terremotos, la sequía, los alimentos, la salud, los incendios, la tecnología, las especies invasoras y las crisis internacionales. En todos apareció la misma enseñanza: *el territorio no es una suma de solares; es una red viva de relaciones*.
La montaña se conecta con el río; el río con la presa, el acueducto, el conuco, la ciudad, el humedal y el mar. El viento conecta un incendio con barrios distantes. Una carretera enlaza alimentos, hospitales y empleos. La energía mantiene el bombeo del agua y la cadena de frío de los medicamentos. Cuando se corta una de esas relaciones, el daño puede pasar de un sistema a otro.
La ecología permite ver estas conexiones y los límites que hacen funcionar al territorio. La planificación convierte ese conocimiento en decisiones sobre dónde construir, qué proteger, qué restaurar y qué actividad no cabe en determinado lugar. La organización social vigila que esas decisiones se cumplan y que ninguna comunidad sea convertida en zona de sacrificio.
Un proyecto puede parecer seguro dentro de su verja y ser peligroso para la cuenca, el acuífero, la costa o la población situada aguas abajo o a favor del viento. Por eso no basta estudiar cada obra por separado. Hay que evaluar impactos acumulados, conexiones ecológicas, alternativas y compatibilidad territorial mediante planificación y evaluación ambiental estratégica.

DE REACCIONAR AL DAÑO A GOBERNAR EL RIESGO
La discusión internacional ha recorrido un largo camino. La Estrategia de Yokohama de 1994 puso la prevención y la preparación en el centro. El Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 fortaleció la idea de resiliencia. El Marco de Sendai 2015-2030 ordenó el trabajo alrededor de cuatro prioridades: comprender el riesgo; fortalecer su gobernanza; invertir en reducción del riesgo y resiliencia; y prepararse para responder y *reconstruir mejor*.
Ese último verbo importa. Reconstruir no debe significar levantar en el mismo lugar la misma vivienda frágil, reponer un drenaje insuficiente o devolver una comunidad a la misma exposición. *Recuperarse es corregir lo que produjo el daño y evitar que la ayuda reconstruya la vulnerabilidad.*
El Informe de Evaluación Global 2025 de UNDRR estimó que las pérdidas directas por desastres superan los 200 mil millones de dólares al año y que el costo total rebasa los 2.3 billones cuando se agregan efectos indirectos, cadenas interrumpidas y pérdidas de los ecosistemas. No todo puede medirse en dinero, pero la cifra recuerda que la prevención no es un gasto secundario: es una inversión en vida, estabilidad económica y justicia.

LA LEY ABRE ESPACIOS QUE LA SOCIEDAD DEBE OCUPAR
La República Dominicana no parte de cero. La Ley 147-02 creó el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, reglamentado mediante el Decreto 874-09. La Ley 64-00 reconoce la participación y el acceso a información ambiental. La Ley 368-22 vincula el ordenamiento territorial, el uso del suelo, los asentamientos humanos, el ambiente, la gestión del riesgo y la participación ciudadana; su reglamento fue aprobado por el Decreto 396-25.
Estas normas no protegen por sí solas. Necesitan planes municipales y regionales, presupuestos, personal técnico, fiscalización, información pública y participación antes de que las decisiones estén cerradas. El Sistema Nacional de Información Territorial debe permitir que instituciones y ciudadanía crucen datos sobre amenazas, cuencas, pendientes, suelos agrícolas, áreas protegidas, infraestructura, población, servicios, permisos y usos del suelo.
El territorio no puede administrarse como un secreto técnico. Los mapas deben indicar fuente, fecha, escala y límites; los estudios y permisos de interés público deben poder conocerse; y la comunidad debe tener oportunidad real de comprender, preguntar, objetar y proponer.
Un mapa que localiza instituciones de socorro ofrece información valiosa, pero no responde todas las preguntas. Un símbolo no dice cuántas personas trabajan allí, qué equipos funcionan, cuánto combustible hay, si el puente de acceso resistirá ni cuánto tarda la ayuda en llegar a un paraje apartado.
La comunidad completa la lectura al reconocer rutas alternativas, obstáculos, tiempos reales, sectores sin cobertura y personas que necesitarían apoyo. La institución, a su vez, debe verificar esa información y convertirla en recursos, protocolos y decisiones. *El mapa sirve cuando deja de ser una ilustración y se convierte en una responsabilidad compartida.*

UNA ALERTA SOLO EXISTE CUANDO LA GENTE PUEDE ACTUAR
En diciembre de 2025, el COE presentó resultados del Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza. El Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad ante Emergencias integró más de 70 capas oficiales; el Georregistro reunió 1,326 eventos y 314 impactos registrados desde 1925; además, se avanzó en alertas geolocalizadas y en coordinación institucional.
Son avances importantes. Sin embargo, la tecnología es solo una parte. Los sistemas de alerta centrados en las personas necesitan cuatro componentes conectados: *conocer el riesgo; observar y pronosticar; comunicar una advertencia comprensible; y tener capacidad para actuar*. Si falla uno, la cadena queda incompleta.
La información también puede convertirse en amenaza cuando se oculta, se falsifica, se transmite sin contexto o se convierte en rumor. Por eso cada territorio debe organizar su manejo:

• Antes: reconocer fuentes oficiales y mensajeros comunitarios confiables; acordar rutas, apoyos y canales alternativos; identificar quién no recibirá un mensaje común; practicar qué hacer y conservar los avisos con lugar, fecha y hora.
• Durante: comprobar la fuente antes de reenviar; distinguir lo confirmado de lo provisional; decir qué ocurre, dónde, quiénes están expuestos y qué acción corresponde; usar radio, teléfono, WhatsApp, iglesias, escuelas, juntas de vecinos y comunicación directa según la realidad del lugar.
• Después: informar cuándo es seguro regresar; registrar personas, daños y necesidades; corregir públicamente los datos equivocados; evaluar a quién no llegó la alerta, qué ruta falló y qué responsabilidad debe investigarse.

Recibir una alerta sin transporte, albergue seguro, permiso laboral, apoyo para evacuar o confianza en la autoridad no garantiza una respuesta. La verdadera alerta termina cuando la persona comprende el peligro y puede ejecutar una acción protectora.

Reunión con una junta de vecinos de Sabana de la Mar, en una comunidad afectada por el huracán Fiona.

SEIS PASOS PARA CONOCER, DECIDIR Y ACTUAR
Este cierre propone una ruta sencilla que puede utilizar un barrio, una sección rural, una escuela, un ayuntamiento, una institución pública o un equipo universitario. No sustituye los estudios especializados; ayuda a formular las preguntas correctas y a convertir información dispersa en acción.

1. Definir el territorio y sus conexiones. Marcar barrio, paraje, cuenca, costa, caminos y comunidades vecinas. El límite administrativo no detiene el agua, el humo, el fuego, una enfermedad ni la falta de abastecimiento.
2. Recuperar la memoria y observar el presente. Registrar inundaciones, sequías, temblores, derrumbes, incendios, epidemias, accidentes, escasez y cambios ambientales. Preguntar dónde ocurrió, a quiénes afectó, cuánto duró y qué cambió después.
3. Distinguir amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad. Localizar personas, viviendas, cultivos, servicios y ecosistemas expuestos; reconocer barreras y también recursos, conocimientos, organizaciones y lugares seguros.
4. Cruzar saber comunitario y conocimiento científico. La experiencia local no sustituye un estudio geológico, hidrológico, sanitario o estructural; el estudio tampoco debe despreciar lo que la gente ha observado durante años. Cada dato debe verificarse, documentarse y devolverse en lenguaje comprensible.
5. Convertir el conocimiento en decisiones. Acordar qué debe prohibirse, protegerse, corregirse o restaurarse; asignar responsables, recursos, plazos, rutas, apoyos y mecanismos de comunicación. Una prioridad sin presupuesto ni seguimiento es solamente una intención.
6. Probar, vigilar, aprender y exigir cuentas. Hacer simulacros, revisar equipos, actualizar el mapa después de cada obra o evento, publicar avances y corregir fallas. Toda recuperación debe reducir el riesgo anterior y no crear uno nuevo.

En este proceso deben participar mujeres, hombres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, cuidadores, campesinos, pescadores, comerciantes, transportistas, trabajadores, iglesias, escuelas, clubes, juntas de vecinos, empresas e instituciones. *Ningún grupo conoce por sí solo todo el territorio ni vive todas sus barreras.*

LA ESCUELA Y LA UNIVERSIDAD TIENEN QUE CAMINAR EL TERRITORIO
La educación sobre riesgos no puede reducirse a memorizar definiciones. Una escuela puede investigar la historia ambiental del barrio, reconocer su ruta de evacuación, medir lluvia y practicar la reunificación familiar. Una organización campesina puede observar humedad del suelo, plagas, nacientes y erosión. Un grupo barrial puede registrar puntos de inundación, incendios, fugas de gas y personas que requieren apoyo.
La universidad puede acompañar con cartografía, análisis de agua, estudios de suelo, evaluación de edificios, salud comunitaria, comunicación y revisión de políticas. Pero ese trabajo tiene una obligación ética: *investigar con la gente, no utilizarla como fuente y marcharse con los resultados*. Los mapas, datos y conclusiones deben volver al territorio en un formato que la población pueda discutir y usar.
La percepción comunitaria es un punto de partida valioso, no una prueba automática. Debe escucharse, registrarse y contrastarse. La medición científica tampoco es infalible ni neutral si utiliza una escala inadecuada, datos viejos o preguntas que dejan fuera las relaciones esenciales. La certeza aumenta cuando ambos conocimientos dialogan con método, transparencia y respeto.

ORGANIZARSE SIN SUSTITUIR AL ESTADO
La organización comunitaria debe ser *voluntaria, informada, inclusiva y respaldada*. No puede utilizarse para trasladar a la gente la obligación de financiar un puente, inspeccionar sola una industria, comprar los equipos de emergencia o resolver con trabajo gratuito un abandono institucional.
El Estado conserva la responsabilidad principal de proteger derechos, ordenar el suelo, invertir, fiscalizar, informar, coordinar la respuesta y garantizar una recuperación digna. Las empresas tienen que prevenir y responder por los riesgos que crean. Cuando una actividad puede causar daños graves, la población no debe cargar con la tarea imposible de demostrar el desastre después de ocurrido.
También hay que impedir que decisiones tomadas desde fuera fragilicen a la comunidad, la desplacen sin garantías, la obliguen a ir hacia lugares más peligrosos o destruyan los ecosistemas y medios de vida que sostienen su capacidad de resistir. Participar no es firmar una asistencia ni escuchar una decisión terminada: es intervenir a tiempo y tener influencia real sobre el futuro del territorio.

PODER POPULAR ES CAPACIDAD ORGANIZADA PARA DEFENDER LA VIDA
Hay poder social cuando una comunidad conoce el camino del agua y logra que no se construya sobre la cañada; cuando productores conservan suelo, semillas y fuentes; cuando un barrio exige acceso para los bomberos y revisión de sus redes eléctricas; cuando una escuela consigue evaluar su edificio; cuando una población rechaza una actividad incompatible con su cuenca; cuando una alerta llega en un formato que no deja a nadie atrás.
La resiliencia no consiste en aguantar en silencio, acostumbrarse a perder o volver cuanto antes a la misma fragilidad. Resiliencia es aprender, transformar, recuperarse con derechos y reducir la posibilidad de que el daño se repita.
Los ocho artículos han mostrado que el desastre suele comenzar mucho antes de la sirena: en la ladera cortada, el humedal rellenado, la vivienda debilitada, el cauce ocupado, la cuenca deforestada, el agua contaminada, la sustancia mal almacenada, la especie introducida, la información ocultada y la desigualdad tolerada. La prevención también comienza antes: cuando esas decisiones se reconocen y se corrigen.
Conocer el territorio es construir poder. Poder para anticipar, decidir, cuidar y exigir cuentas. Poder para controlar lo que sí depende de nosotros frente a fenómenos que no controlamos. Poder popular para que ninguna lluvia, sacudida, sequía, incendio, epidemia o crisis encuentre a la sociedad deliberadamente desinformada, desorganizada y expuesta.

Este artículo cierra la serie, pero no cierra el trabajo. El territorio cambia; por eso el conocimiento, la organización y los planes también deben mantenerse vivos.

Foto: PNUD República Dominicana.