Por Nelson del Pozo Guzmán
La reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción de dictar un auto de no ha lugar en favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta trasciende el ámbito legal para convertirse en un terremoto político de alta intensidad. Este dictamen judicial opera de inmediato como un mecanismo de limpieza reputacional que reconfigura las fuerzas de la oposición, devolviendo al ruedo a figuras clave del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La rapidez con la que el debate migró de los tribunales a las proyecciones electorales demuestra cómo la justicia penal se ha vuelto un actor determinante en la redefinición del poder.
La frase «va con to», pronunciada por Castillo tras escuchar el fallo judicial, no fue un simple desahogo emocional, sino una declaración formal de intenciones políticas de cara al año 2028. Al quedar formalmente liberado de las restricciones de la Operación Calamar, el panorama interno del PLD sufre una mutación radical al recuperar su última carta presidencial competitiva. Paralelamente, el retorno operativo de Peralta restablece la estructura estratégica de la organización, devolviendo al tablero al principal armador electoral de la era danilista, justo en un momento de fragmentación opositora.
Desde un análisis metodológico fáctico y formal, este dictamen evidencia la mirada selectiva de un poder judicial que usa sus garras para abarrotar las cárceles de pobres sin recursos por un celular. Mientras los expedientes de alta corrupción se diluyen en la fase intermedia por supuesta insuficiencia probatoria, en este mismo caso ya se han devuelto miles de millones de pesos y propiedades estatales. Esta marcada asimetría expone la hipocresía del aparato investigativo, atrapado en un comportamiento pendular que oscila entre el clamor popular de castigo y la incapacidad técnica para sustentar acusaciones complejas.
Esta realidad golpea la estrategia de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, quienes basaban su crecimiento en la absorción del voto peledeísta tradicional. Una candidatura de Gonzalo Castillo y una maquinaria reactivada por Peralta detienen el trasvase de militantes y cierran la expansión del leonelismo como única alternativa. Para Fernández el escenario se torna complejo al competir por el mismo electorado frente a un PLD que recupera su liderazgo financiero e institucional. Este equilibrio opositor pone bajo la lupa la estrategia oficialista de dividir para triunfar con la que gobierna Luis Abinader.
La lectura crítica de este fallo judicial devela la existencia de una justicia selectiva que actúa más como un árbitro de la alternancia política que como un poder independiente del Estado. El hecho de que se envíe a juicio de fondo a Donald Guerrero mientras se exonera a otros implicados del mismo nivel jerárquico genera interrogantes profundas en la sociedad civil. Este veredicto puede interpretarse como un fallo de equilibrio sistémico diseñado para estabilizar el sistema de partidos, dosificando las responsabilidades penales de acuerdo con las necesidades de pacificación política.
Para el ciudadano común, estos giros drásticos en los tribunales profundizan el cinismo colectivo y la desconfianza histórica en las instituciones encargadas de perseguir el delito de cuello blanco. La percepción pública de que los procesos judiciales contra las élites políticas responden a ciclos de conveniencia coyuntural y no a la búsqueda de la verdad objetiva sale fortalecida. El sistema judicial dominicano corre el riesgo de consolidarse ante los ojos de la población como un gran teatro donde las sentencias se redactan mirando las encuestas electorales.
El impacto real de estos «no ha lugar» se medirá en las urnas, confirmando que en República Dominicana las sentencias más importantes se ejecutan en el campo de batalla electoral. Allí, el ciudadano con su voto tiene el martillo en sus manos para dictar si se convierte en cómplice de esta trama político-judicial.
Frente a un sistema que absuelve a las élites, la conciencia colectiva guarda la última palabra para romper las ataduras sistémicas y proclamar con contundencia un definitivo: «no ha lugar, no voy a votar».