Por el MAG. MIGUEL ANTONIO ENCARNACIÓN DE LA ROSA
Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales
Al tener el autor el honor de haber servido a la Patria en las filas militares del glorioso Ejército de la República Dominicana, es de nuestro conocimiento y manejo que toda acción estratégica debe responder a tres principios fundamentales: debe ser lógica, debe ser atinada y debe ser oportuna. Fuera de estos parámetros, cualquier movimiento carece de fundamentos, y es bajo esa misma óptica que analizo el actual llamado a paro de labores de jueces, juezas, servidores y servidoras judiciales, y concluyo que se trata de una medida necesaria, justificada y perfectamente madurada en el tiempo, por eso este no es un reclamo caprichoso, es una denuncia de realidades que no se pueden seguir ocultando, de desigualdades que hieren la institucionalidad y de errores de gestión que atentan contra la propia esencia de la justicia.
Y al hablar de unidad, de dignidad y de respuesta colectiva, viene a mi mente, como la mejor metáfora de lo que hoy sucede, aquella obra inmortal de las letras españolas, escrita por el maestro Félix Lope de Vega y Carpio, mejor conocido como López de Vega, titulada: FUENTEOVEJUNA. De ahí que quien conoce esta obra maestra del teatro clásico, recuerda su trama central: un pueblo oprimido por la tiranía y el abuso de poder, que harto y cansado de soportar agravios, se levanta y hace justicia. Y cuando la autoridad, buscando culpables, pregunta: ¿Quién mató al Comendador?, la respuesta, repetida por todos, hombre, mujer, joven o anciano, es única, firme y estremecedora: ¡Fuenteovejuna, señor! Y al insistir el rey y sus jueces en saber quién dio la orden, quién fue la cabeza, la respuesta que ha pasado a la historia es contundente: ¡Todos a una!
Esa misma escena, esa misma realidad, es la que hoy vive el Poder Judicial dominicano, no busquen, no persigan, no se empeñen en encontrar a un líder secreto, a un instigador o a una cabeza visible que esté organizando este paro, porque si preguntan: ¿Quién exige condiciones dignas? ¿Quién denuncia el abandono? ¿Quién se levanta ante la injusticia interna? ¿Quién demanda que a los servidores y servidoras judiciales se les valore?, ¿Quién exige mejores condiciones laborales?, ¿Quién demanda la provisión de cargos, la movilidad de jueces y juezas, las promociones y ascenso justos y legales?, La respuesta es la misma que hace siglos dio aquel pueblo: ¡El Poder Judicial, señor! ¡Los jueces, juezas y servidores judiciales… TODOS A UNA! Porque cuando la dignidad se vulnera, cuando la verdad se oculta y cuando el sufrimiento es igual para todos, la respuesta no es de unos pocos, es de la colectividad entera.
Se tiene que saber y así expongo de forma detallada todas las razones que sustentan esta posición, lógica, atinada y oportuna de los jueces, juezas y servidores del Poder Judicial de la República Dominicana, recogiendo la realidad completa de lo que ocurre dentro de nuestra institución, con la misma firmeza de aquel pueblo que dijo: Todos a una:
Las razones del paro son lógicas porque responden al principio de causa y efecto, a la razón natural de las cosas, y el primer motivo se sustenta en que existe una desproporción injustificada en nombramientos y salarios, es totalmente ilógico que exista un exceso de nombramientos de personal administrativo y funcionarios en el entorno directo de la Suprema Corte de Justicia, personas con funciones muchas veces superfluas, devengando salarios elevadísimos y privilegios excesivos, mientras que en las provincias, la frontera y los lugares más recónditos del país, los tribunales carecen hasta de lo más elemental. Es de pura lógica señalar que con el sueldo de uno solo de esos funcionarios de la alta administración, se podrían suplir las necesidades completas de dos, tres o cuatro Juzgados de Paz de las zonas alejadas. No hay equilibrio, ni justicia, ni sentido en la forma en que se distribuyen los recursos del Estado: se gasta en la cúpula, se derrocha en imagen, y se abandona la base donde realmente se administra justicia. Como en Fuenteovejuna, aquí todos saben dónde está la riqueza y dónde está la miseria, y la lógica nos une para denunciarlo.
En segundo orden estamos sometidos a un sistema de productividad, estadísticas irreales y penalizaciones absurdas, resulta contrario a toda lógica el sistema impuesto mediante tableros de control y metas de producción. Se nos exige cumplir con una cantidad determinada de procesos por cuatrimestre, estableciendo una «mediana» estándar igual para todos los tribunales, sin importar su ubicación, complejidad o materia, condicionando el pago de un bono al cumplimiento del 100% o más de esa cifra. Lo que esto genera en la práctica es una presión insostenible, porque para cumplir con esas estadísticas desproporcionadas, los jueces y servidores debemos sacrificar nuestra vida personal, nuestro descanso y nuestra salud física y emocional. Nos llevamos expedientes a casa, llegamos cuando nuestros hijos ya están dormidos y nos desvelamos estudiando casos, porque si bien se dice que todo es digital, la plataforma falla constantemente y nos vemos obligados a cargar con los expedientes físicos o trabajar en línea desde la casa para no quedar mal. ¿Qué lógica tiene extender la jornada laboral hasta la madrugada, robando tiempo a la familia y al descanso necesario, solo para alimentar una cifra? Pero lo más ilógico de todo es la penalización, ya que no se recibe el bono completo si existen casos que duren más de seis meses. Esto es un sinsentido jurídico absoluto. Por su propia naturaleza, un caso civil, comercial, de familia o incluso un proceso penal complejo, por ley y por derecho, puede durar muchos más de seis meses en sede judicial. Que un proceso se extienda no es culpa del juez, es consecuencia de las actuaciones procesales, de las solicitudes de las partes, de los plazos legales, de las pruebas y de los recursos que interponen los abogados. Acortar los tiempos artificialmente solo serviría para vulnerar el derecho de defensa y el debido proceso. Exigir esto es desconocer totalmente la ley y la realidad procesal. Y ante este absurdo, la respuesta de todos es una sola: ¡Todos a una!
El caos operativo por falta de recurso humano es el pan nuestro de cada día, es absurdo e ilógico que en algún departamento judicial existan más de 20 Juzgados de Paz instalados y funcionando legalmente, y solo cuenten con 5 o 6 jueces de Paz para cubrirlos todos. Esta carencia obliga a que un mismo juez tenga que suplir varias jurisdicciones a la vez, muchas veces con recorridos de más de una hora de distancia entre un lugar y otro, situación que es humanamente imposible de cumplir con eficiencia y seriedad. Se les exige conocer de todo: asuntos ordinarios, tránsito, municipales y, además, frecuentemente, tienen que salir de su propia jurisdicción para cubrir vacantes o ausencias en otros distritos judiciales, lo que desdibuja totalmente la función, rompe la especialización y hace imposible la cercanía con el ciudadano. La administración crea tribunales, pero no nombra a quienes deben dirigirlos. Ante este abandono, la voz de quienes sufren esta carga se une como en el clásico: ¡Todos a una!
Es evidente la exigencia de requisitos inalcanzables y equivocada política de formación, esto pone en relieve una falta de lógica total en los criterios de ingreso y capacitación que aplica la Escuela Nacional de la Judicatura. Se exigen prerrequisitos y condiciones que parecen hechos «para abogados de otro planeta», alejados totalmente de nuestra realidad nacional. Lo más grave es que, bajo estas reglas, se cierran las puertas a cientos de servidores judiciales que ya están dentro de la institución: abogados ayudantes, secretarios, oficinistas, archivistas, conserjes, mensajeros, muchos de los cuales son licenciados en derecho, abogados titulados, que llevan años o décadas trabajando en el sistema, y han probado sobradamente, su compromiso con el sistema de justicia, su ética, su moral, su lealtad y su capacidad. En lugar de aprovechar este capital humano valioso, de formarlos jurídica y jurisdiccionalmente para que asciendan y sean jueces, lo cual constituiría un estímulo que llenaría de orgullo a todos los servidores judiciales, a estos profesionales se les excluye por requisitos burocráticos innecesarios, mientras se quejan de que faltan jueces en el país. La lógica indica que quien ya conoce la maquinaria, la ley y tiene probada honestidad, solvencia ética y moral, es el candidato ideal; lo ilógico es buscar fuera ignorando lo valioso que se tiene adentro. Y quienes conocen la verdad de su propia capacidad, responden unidos: ¡Todos a una!
Vivimos una contradicción entre modernización, infraestructura y realidad básica: una gran contradicción. Por un lado, se nos habla de modernización, de virtualidad, de expediente digital y de justicia tecnificada; se nos compara con sistemas judiciales de países desarrollados y mayormente con Puerto Rico, citando sus estándares. Pero es ilógico hacer esas comparaciones falsas y engañosas sin decir toda la verdad: ¿Cuánto gana realmente un juez o servidor en Puerto Rico? ¿Tienen ellos apagones o cortes de energía eléctrica constantes? ¿Le falla su internet? ¿Tienen que llevarse trabajo a casa porque el sistema colapsa? Allá funciona la tecnología porque tiene infraestructura estable, servicios garantizados y salarios dignos. Aquí copiamos la forma, copiamos las exigencias, pero no resolvemos el fondo. Y peor aún: mientras se habla de grandeza, en la realidad diaria existe una carencia vergonzante. Resulta ilógico hablar de dignidad y servicio al usuario, cuando en la mayoría de los tribunales del interior, en los de la frontera y en los de los sectores populares ni siquiera existen servicios sanitarios adecuados para que los usuarios, atiendan sus necesidades fisiológicas. ¿Cómo se habla de derechos humanos y dignidad, si el ciudadano que va a buscar justicia no tiene ni dónde hacer una necesidad básica? Y qué decir de las sedes judiciales rentadas a particulares, instalaciones con filtraciones, además en espacios reducidos de manera desproporcional con lo que debería ser una sede judicial, a esto se suma que muchos tribunales carecen de fuentes alternas de energía: no hay inversores, ni plantas eléctricas de emergencia, y como las suspensiones de servicio son frecuentes en todo el territorio nacional, cada vez que se va la luz, se detiene totalmente la administración de justicia. Además, nadie sabe ni se explica claramente quién es el responsable real o la entidad que administra y garantiza el funcionamiento de las plataformas digitales, la vía firma, el sistema de gestión de casos, que se cae con frecuencia, dejando todo en el aire. Ante esta mentira de apariencias, la respuesta es unánime: ¡Todos a una!