La recién inaugurada cárcel Las Parras, por el tratamiento a los reclusos allí instalados, las condiciones físicas del establecimiento y la puesta en práctica de otro tipo de gestión administrativa, apunta a ser el embrión en la tarea de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) y el Ministerio de la Vivienda (Mived), de establecer el Nuevo modelo Penitenciario, ese que busca sustituir al denigrante sistema, en el que la Penitenciaría Nacional de La Victoria, es calificada como “ un cementerio de hombres vivos”,
Menos de 45 días después de la clausura técnica de LA Victoria – el cese del envío y traslado de reclusos a ese antiguo recinto-, esas dos entidades, en nombre del Gobierno, anuncian la construcción de veinte nuevas cárceles, 10 de las cuales «ya están adjudicadas para este año», con una inversión estimada para los 10 recintos en RD$7,541,853,662.80 pesos, suma que es un poco más que la del expediente Melusa, que implica a 41 personas – entre ellas el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal señalado- , y más de 20 empresas, confabuladas en el proceso de corrupción develado en la construcción primera de Las Parras.
Convertida en símbolo de una nueva esperanza para el sistema de reclusión penal del país, caracterizado por la sobrepoblación, condiciones hostiles, hacinamiento y precariedad de servicios, la nueva cárcel de Las Parras, por las implicaciones legales, manejo de recursos públicos y abuso de Poder de autoridades pasadas, también debe ser una advertencia en la hoja de ruta de las 20 cárceles señaladas para sustituir las que operan como establecimientos penitenciarios, nombre y propósito que distan mucho de ser considerados como tales.
En lugares como Pedernales, incluida entre las que van a ser construidas, la de esa ciudad es muestra patente, en grados extremos, de lo que es una cárcel en el país: una construcción antiquísima, de reducido espacio para los privados de libertad que aloja; ventilación mínima, sin servicios sanitarios ni camas, cocina, dispensario médico, lugar de esparcimiento, talleres para enseñanza técnica como vía para la regeneración de los reclusos y garantía de una adecuada y productiva reintegración de estos a la sociedad, es decir, ausencia total del reconocimiento de los derechos y dignidad humana de quienes caen en esos fosos.
Bueno ha sido, y la expectativa es de que sea mejor, que desde hace década, parte de la sociedad ha entendido la necesidad de que el modelo penitenciario, más que tragedia, es una oportunidad de reivindicación para el arrestado, un laboratorio donde se pone a prueba el desarrollo, y la sensibilidad y responsabilidad de un país y sus autoridades, así como la solidaridad comunitaria y la capacidad de resiliencia que puede disponer la colectividad en procura de una convivencia con respeto, seguridad y paz.
Primero Najayo, en San Cristóbal, y ahora Las Parras, en la provincia Santo Domingo, muestran una nueva realidad en el perfil de los privados de libertad: estos también ya pueden ser otros muy diferentes y distantes de “ los hijos de machepa”, los siempre condenados al suplicio de la cárcel, los más afectados por el atraso en la administración de justicia – 60 por ciento de los preventivos, muchos de ellos con tiempo de encarcelamiento que superan sus posibles condenas-, y los más afectados por las condiciones físicos-ambientales de esos recintos.