Por Luis Humberto Vargas
El reciente anuncio de que la Ley HOPE-HELP de Estados Unidos -facilitación de entrada libre de impuestos a bienes procedentes de Haití- acaba de cumplir su plazo, fechado el pasado 30 de septiembre del corriente año 2025, constituye un nuevo golpe a la maltrecha economía haitiana y, en efecto, una profundización de la múltiple crisis de esta nación.
De este modo, a partir del 1 de octubre, las piezas de vestir haitianas serán sometidas al arancel recíproco de 10% decretado por el presidente Donald Trump, así como otras mercaderías a una tasa aduanera entre 20% y 30%, provocando sin lugar a dudas perjuicios a la demanda exportable y la ocupación laboral de 26,000 trabajadores de Zonas Francas Industriales de Exportación, incluyendo 14,000 haitianos y 4,000 dominicanos contratados por la planta fabril CODEVI (grupo Capellán), localizada en el departamento haitiano de Juana Méndez, vecino del municipio de Dajabón en República Dominicana.
Entre enero-julio de 2024 y 2025, en un escenario de escalada de violencia desatada por pandillas criminales con apoyo de familias oligárquicas se produjo una subida de las exportaciones de productos dominicanos al mercado haitiano por un importe de US$153,71 millones (29,84%) a US$668.91 de US$515,20 millones y, al mismo tiempo, una bajada de las ventas externas por el régimen comercial de las zonas francas industriales desdeUS$186,12 a US$163,12 millones.
Mientras tanto, en tales siete meses de 2024 y 2025, el comercio externo haitianoamericano de bienes registró un desplome del valor exportado de US$366.4 a US$327,0 millones; diferente al monto importado que subió de US$670,0 a US$764,5 millones.
En resumidas cuentas, la crisis haitiana tiende a favorecer tanto el comercio dominico-haitiano como el estadounidense-haitiano; pero no a las actividades productivas, plazas laborales y las exportaciones de vestimentas y, en consecuencia,
el nivel y calidad de vida de las grandes mayorías de las clases trabajadoras y masas populares radicadas en la República de Haití.
De ahí que se arribe a dos consideraciones clave: La primera, en vez de República Dominicana definir una política y estrategia de colaboración mutua con Haití, en las áreas económica, laboral, comercial, fronteriza y seguridad, en términos de contribución a una superación de la compleja y diversa crisis haitiana, basada en una concertación entre los propios haitianos con ayuda de otras naciones de las Américas, Europa, África y Asia, desgraciadamente prefiere aupar algunas voces y posiciones dominicanas -caracterizadas en determinadas ocasiones el racismo, xenofobia, aporofobia, discriminación y defensa de ideologías extremoderechistas- que no hacen más que acentuar las incomprensiones y divisiones entre los propios dominicanos.
Y la segunda, en vez de Estados Unidos revisar sus políticas y estrategias de liberalización salvaje de los mercados y, más aún, sus concepciones y prácticas autoritarias de ejercicio del poder estatal, generadoras de letales daños a la esperanza de conquista de prosperidad a las capas empresarias y clases laborales, así como la expectativa democrática y republicana entre
Estados y naciones, en particular con la República de Haití, sobre todo después de la tragedia del terremoto de 2010, lamentablemente decide, sin garantía a mediano y largo plazo, recomponer un nuevo régimen imperial -fundado principalmente en las corrientes del nacionalismo cristiano, neoconservadurismo reaccionario, tecnocratismo cibernético y
proteccionismo imperialista- cuyo resultado se traduce en un bloqueo del camino del diálogo y, por tanto, de búsqueda de soluciones factibles a la actual magna crisis internacional y, por supuesto, haitiana.
De ahí la necesidad de insistir en la demanda de un cambio de política exterior –comercial, migratoria, diplomática y de seguridad- tanto de Estados Unidos como República Dominicana con relación a la República de Haití, sustentada en la
protección de derechos humanos, nacionales y ambientales, la cooperación internacional y la fuerza de la ley -no en el aislacionismo económico, la destrucción de espacios y recursos naturales y la ley de la fuerza militar.