Según el informe, los contratos y enmiendas concedidos entre junio de 2017 y marzo de 2023 permitieron un beneficio de hasta 45 por ciento, en lugar del 10 por ciento establecido como tope para acuerdos de esta naturaleza.
La irregularidad se conoció un día después de que la Contraloría confiscara cinco computadoras portátiles de funcionarios del entorno del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, que a su vez rechazó que el acuerdo “sea de naturaleza contingente”.
“El contrato con la referida compañía no constituye un (acuerdo) de cobro de deudas según la Ley 107-2020 se trata, en cambio, es un acuerdo de prestación de servicios tecnológicos especializados celebrados al amparo de la política pública municipal para promover la eficiencia operativa, la modernización digital y la seguridad vial”, afirmó.
La gobernante de Puerto Rico, Jenniffer González, reaccionó al parecer molesta por la intervención de la contralora Yesmín Valdivieso por el operativo el martes en Cataño, municipio dominado por su Partido Nuevo Progresista (PNP).
El ayuntamiento, marcado por la corrupción, al punto de que su otrora ejecutivo, Félix Delgado Montalvo, cumplió un año de prisión, hasta el pasado 10 de junio, después de un acuerdo con las autoridades federales de Estados Unidos, que conllevó la restitución de parte de lo apropiado.
González dijo que se proponía en los próximos días someter el nombramiento de una persona para dirigir la Contraloría de Puerto Rico en sustitución de Valdivieso, cuyo nombramiento venció hace varios años.
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