Los firmantes plantean que el discurso de odio atenta contra la seguridad y la dignidad de una comunidad, también socava la estabilidad y el desarrollo social del país y, por lo tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con firmeza para prevenir la violencia, proteger los derechos humanos y garantizar un ambiente de respeto y convivencia
Santo Domingo – El Colectivo Migración y Derechos Humanos y otras organizaciones advirtieron a las autoridades sobre las graves repercusiones que podría tener la marcha programada para el 30 de marzo de 2025 por la denominada «Antigua Orden Dominicana» en la comunidad de El Hoyo de Friusa, en Bávaro, Higüey.
Las organizaciones y personas que firman el documento recuerdan que en esta zona residen trabajadores haitianos y sus familias, quienes desempeñan un papel fundamental en la construcción de hoteles y en la provisión de servicios en una de las áreas turísticas más importantes del país.
“No es la primera vez que la Antigua Orden Dominicana organiza manifestaciones contra la población haitiana en República Dominicana. Sin embargo, en esta ocasión, la convocatoria va más allá de la discriminación: se incita a los asistentes a acudir armados y se promueve abiertamente la violencia, incluyendo llamados explícitos al asesinato de migrantes. Además, el hecho de dirigir la marcha hacia una comunidad específica de ciudadanos haitianos en la principal zona turística del Caribe agrava aún más la amenaza”, señalan los firmantes.
Las organizaciones y personas que respaldan el comunicado también resaltaron que la organización ultranacionalista ha promovido de forma sistemática el odio racial. “A lo largo de sus marchas y discursos, la Antigua Orden Dominicanaha difundido un mensaje de odio racial y xenófobo, promoviendo la discriminación y el rechazo hacia la población trabajadora haitiana. A pesar de enarbolar la bandera dominicana, sus acciones no pueden considerarse ni pacíficas ni patrióticas, y deberían ser prohibidas por las autoridades nacionales. Este tipo de convocatorias incitan al odio, refuerzan la exclusión y representan una amenaza directa a la paz social y política del país”, se explica en el documento.
El Colectivo Migración y Derechos Humanos y las organizaciones y personas firmantes plantean que si no se toman las medidas adecuadas para impedir esta manifestación, el Gobierno sería responsable de cualquier incidente que ponga en riesgo a los migrantes durante la marcha promovida por grupos ultranacionalistas.
“Si bien la Constitución garantiza la libertad de asociación y reunión (Arts. 47 y 48), esta debe ejercerse con fines lícitos y pacíficos, lo que claramente no ocurre en este caso, ya que algunos de los convocantes han instado a los participantes a asistir armados e incluso han hecho llamados directos a cometer asesinatos contra migrantes haitianos.”
En el comunicado también se recuerda que los inmigrantes hacen un gran aporte a la economía nacional: “Este ataque se dirige especialmente contra una población migrante que, lejos de ser una carga, aporta más del 7% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, según estudios de 2018, desempeñándose en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, el turismo o el servicio doméstico”.
Los firmantes reiteran que exigen al Gobierno: condenar y sancionar a quienes propagan discursos de odio y discriminación racial o por origen, impedir manifestaciones que inciten a la violencia y promuevan el odio racial, garantizar que no haya impunidad para quienes difunden o ejecutan crímenes de odio, asegurar el debido proceso en los procedimientos de repatriación de migrantes. asegurar procesos que permitan la regularización de los migrantes haitianos en el país sin discriminación ni trabas, reiniciar los procesos de la Ley 169-14 para devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella injustamente y por esta razón pueden ser objeto de expulsión del país.
El Colectivo Migración y Derechos Humanos, anima a la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que abogan por un ambiente de respeto y convivencia en el país a sumarse a la firma del Comunicado.
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| Colectivo Migración y Derechos Humanos El Colectivo Migración y Derechos Humanos está conformado por personas y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la situación de los derechos humanos de las personas migrantes haitianas y sus descendientes, así como por las personas negras afectadas por las deportaciones masivas. El Colectivo Migración y Derechos Humanos está impulsado por el respeto, la solidaridad, y el compromiso con la dignidad humana consagrado en la Constitución de la República Dominicana y cree en una sociedad justa e inclusiva, donde todas las personas, sin importar su origen, sean valoradas, tratadas con empatía y respeto a sus derechos. En diciembre de 2024 el Colectivo hizo un comunicado expresando su preocupación por la situación, así como planteando líneas de acción para solucionar la crisis actual para impulsar el desarrollo del país en un marco de respeto a los derechos humanos. Este comunicado recogió 2024 firmas de personas empresarias, académicas, intelectuales, de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, partidos políticos, muchos dominicanos que migraron y viven fuera y, en general, ciudadanos y ciudadanas preocupados con el manejo de la situación migratoria que se está dando. |
| Consecuencias y legislación sobre el Discurso de Odio Permitir y no condenar estas expresiones de odio tiene consecuencias devastadoras, como ya lo ha demostrado la historia reciente del país: linchamientos, incendios de viviendas, expulsiones forzadas e incluso el asesinato de un trabajador haitiano por el simple hecho de exigir el pago de su salario. Desde un punto de vista jurídico, la Constitución de la República establece que «la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, y su respeto y protección constituyen una responsabilidad de los poderes públicos» (Art. 38). Si bien la Constitución garantiza la libertad de asociación y reunión (Arts. 47 y 48), esta debe ejercerse con fines lícitos y pacíficos, lo que claramente no ocurre en este caso, ya que algunos de los convocantes han instado a los participantes a asistir armados e incluso han hecho llamados directos a cometer asesinatos contra migrantes haitianos. Asimismo, aunque la Constitución consagra la libertad de expresión (Art. 49), su ejercicio no es absoluto, ya que está condicionado al respeto del honor, la dignidad y la moral de las personas. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por República Dominicana, establece en su Artículo 20.2 que «toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley». |