Al cumplirse el 161 aniversario de la Restauración de la República debemos rendir merecido homenaje, una vez más, a los hombres y mujeres que hicieron posible tan enaltecedora gesta; en especial a los que iniciaron la guerra con el Grito de Capotillo, en Loma de Cabrera, Dajabón y a los destacados jefes militares que se convirtieron en presidentes provisionales del Gobierno restaurador: José Antonio (Pepillo) Salcedo, Gaspar Polanco y Pedro María Pimentel, todos oriundos de la hoy provincia de Montecristi. Por supuesto, también a Gregorio Luperón y muchos otros/as.
Después de ese rescate de la perdida soberanía y otras dos caídas y recuperación en 1916-24 y 1965-66, el pueblo dominicano vive hoy, al concluir el primer cuarto del siglo XXI, una época de cierta estabilidad institucional, especialmente en comparación con algunos vecinos, y de crecimiento económico.
Sin embargo, se conservan rasgos acentuados de exceso de autoridad concentrada en las manos del presidente de la República, por el artículo 128 de la actual Constitución; y los beneficios económicos se concentran en pocas manos. Con la agravante de que, en su discurso de toma de posesión de un segundo mandato, el mandatario Luis Abinader no toca esos problemas tan sensibles. Su propuesta de reforma constitucional no llega lejos.
Encima de eso, la Junta Central Electoral ha emitido una resolución que adjudica al Partido Revolucionario Moderno una excesiva cantidad de diputados, como nunca antes había ocurrido en 62 años de procesos electorales (precisamente desde 1962 a esta parte). El PRM tiene ahora el 77% de los integrantes de la cámara baja y el 90% de los senadores. Prácticamente todo el poder en sus manos, salvo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que queda, por el momento, en manos de Luis Henry Molina, antiguo miembro del comité central del Partido de la Liberación Dominicana.
En los próximos días y semanas se deberá ratificar o sustituir esa JCE que ha sido tan generosa con el PRM. Será un buen momento para cuestionar a la Junta Central Electoral por esa resolución favorable al PRM y tan alejada de los artículos 6, 81 y 209 de la Constitución de la República.
También coincidirá ese período con el debate sobre la reforma constitucional que ha propuesto el presidente Abinader. Es decir que será un buen momento para seguir insistiendo en que se aclare esa resolución de la JCE y en que se debe iniciar un proceso de redistribución de las riquezas, comenzando por establecer un sueldo mínimo para los empleados públicos (más de 700 mil) que esté por encima del costo de la canasta familiar del quintil de más bajos ingresos; o sea que debería estar en alrededor de 30 mil pesos, no los 10 mil de ahora que no alcanzan para sobrevivir.
El proyecto de ley del exdiputado José Horacio Rodríguez, del partido Opción Democrática, víctima del conteo cuestionable de la JCE, ha iniciado una campaña a favor de la sustitución del llamado método D’Hondt por otro más acorde con la Carta Magna. Más de 40 legisladores de diversos partidos, entre ellos Dionisio Rodríguez del Frente Amplio, han apoyado ese proyecto de ley para introducir cambios en la legislación electoral; aunque en este caso es claro que debió y debería siempre prevalecer la Constitución con su mandato favorable a la representación de las minorías (artículos 81 y 209).
En cualquier caso, es de esperarse que prospere la iniciativa legislativa a favor de que se cambie el cálculo para adjudicar los diputados por parte de la JCE, de manera que sus resoluciones estén más ajustadas a la Constitución de la República, como debe ser sin importar el bendito método.
Los exdiputados José Horacio Rodríguez y Dionisio Rodríguez Restituyo podrían conversar con algunos de sus colegas que han repetido, de los que apoyaron su proyecto en la legislatura anterior, para que den continuidad al trabajo hasta que se pueda poner en claro esa resolución de la JCE que, de seguir aplicándose en iguales términos en comicios posteriores, dejaría a la oposición en muy desiguales condiciones. Es otro de los grandes retos que tiene la sociedad dominicana de hoy, después de 161 años de la epopeya restauradora.
