El Frente Amplio nos hace llegar a nuestra redacción el siguiente documento con sus posiciones sobre el proyecto de Código Penal que se discute actualmente en la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
EL PARTIDO FRENTE AMPLIO ANTE EL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL
El Frente Amplio (FA), como entidad preocupada por la vida institucional del país; considera de rigor fijar posición sobre un conjunto de propuestas reformatorias contenidas en el proyecto de Código Penal ya aprobado en la cámara alta y sobre la mesa en la cámara de Diputados, al respecto consideramos lo siguiente:
1- Sobre la propuesta de prescripción de la corrupción entendemos que se trata de un asunto criminal que afecta a toda la sociedad, por las graves consecuencias negativas que derivan de la misma, la penalización de la corrupción debe estar consagrado como una infracción con categoría de imprescriptibilidad. De esa forma este poder del Estado estaría reivindicando el pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte cuando sentenció que, “…El Crimen no prescribe nunca, ni queda jamás impune”. Lo que explica el patricio con la citada frase es que aquellas acciones perjudiciales para la colectividad no pueden ser objeto de prescripción, pues los organismos del sistema judicial precisan enviar mensajes aleccionadores para sus autores y pedagógico a las jóvenes generaciones. El pueblo dominicano se movilizó de manera sostenida durante dos años por el fin de la corrupción y la impunidad, los legisladores y legisladoras deben corresponder a esa noble y justa aspiración.
2- En lo relativo a los tribunales militares consideramos que debe evitarse la existencia de legislaciones que establezcan privilegios o cuestiones al margen del sistema de protección de los derechos fundamentales, entendemos que los militares no tienen por qué tener tribunales especiales para juzgarse entre ellos mismos, nos pronunciamos porque se elimine ese contenido del proyecto de Código Penal porque mantenerlo sería una forma de tributar a la impunidad.
3- Entendemos inconcebible que un Código Penal que se anuncia como “moderno” deje sin protección a las mujeres y proteja a los violadores toda vez que tipifica de forma diferente la violencia sexual si quien la ejerce es la pareja.
4- De igual modo el citado proyecto de código, evade la obligación de proteger a las niñas y niños en tanto no contempla sanciones efectivas ante las agresiones que puedan sufrir con fines, pretendidamente, “correctivos”.
5- En este mismo orden ese Código deja en total desamparo a las familias, y concretamente a las familias pobres, en la medida que excluye las tres causales, con lo cual pone en peligro la salud y la vida de las mujeres pobres. El Frente Amplio reitera su postura y se pronuncia a favor de la inclusión de las tres causales en el Código Penal.
6- Consideramos que se debe incluir de manera explícita la discriminación por orientación sexual como un delito. No castigarlo puede constituirse en un manto de impunidad y por tanto en un estímulo a las agresiones y crimines motivados por prejuicios.
7- El Frente Amplio considera que la propuesta de eximir a las iglesias de responsabilidad penal no tiene fundamentos, su naturaleza es muy diferente a la del Estado y los demás entes contemplados en esa exención, más bien constituye un peligro para la niñez si se toma en cuenta el prontuario de abusos sexuales del que han sido víctimas menores de edad, por parte de curas y pastores. Parece una actitud graciosa frente a entidades que deben guardar niveles de responsabilidad sobre los actos que se realicen como parte de su dinámica y en nombre de ellas. Las iglesias adquieren la condición de responsables de las acciones que ejecutan sus ministros o representantes. Se trata de unas relaciones parecidas a las existentes entre Comitente y Preposé; mal podría liberársele de tales obligaciones. Eximir estas entidades de responsabilidad penal es una forma más de desprotección a la niñez de este país.
Resulta contradictorio que se invoque la antigüedad del proyecto y su debate para pretender justificar la urgencia de la aprobación; y al mismo tiempo incorporarle nuevos puntos divergentes y polémicos ofensivos para gran parte de la sociedad. A menos que en el fondo la intención fuera seguir torpedeando su aprobación, precisamente para que los nuevos ilícitos que incorpora sigan en el limbo.
Si realmente hay interés en su aprobación sin traumas, deberían ser revisados esos puntos, reiteramos ofensivos para la sociedad: como el tratamiento a las violaciones y el “salva vidas” que se otorga a la corrupción sobre bienes públicos, y los actos delictivos cometidos por funcionarios militares y de instituciones religiosas.
Cuando se trata de la vulneración de derechos humanos, derechos constitucionales o el crimen de actos abominables, como los que se pretende premiar; la sociedad y el Estado por medio del Ministerio Público jamás puede renunciar a encaminar iniciativas de persecución, sanción y restauración de las víctimas. Despojar al Estado de ese derecho y deber es lo que se pretende cuando se propone limitar al ámbito privado las iniciativas en busca de justicia en el bochornoso tema de estupro a menores. Los autores de semejante despropósito saben muy bien que las víctimas cuando logran hablar, no lo hacen sino décadas después de la violación en virtud del trauma en tanto víctima.
En verdad no se entiende como alguien que se dice creyente en Dios, al mismo tiempo aboga por un marco jurídico que absuelve a violadores sexuales, y ladrones de cuello blanco, ambos culpables de crímenes de los peores: contra niños, adolescentes, y contra el patrimonio público.
Si a lo anterior agregamos el retroceso que supone el referido proyecto en materia de derechos de la mujer, hay razones sobradas para reclamar que la versión del Código aprobada en el Senado de la República, sea enmendada en esos contenidos puntuales en torno a los cuales llamamos la atención de los Señores Diputados, en esta vista publica que esperamos sea más que una formalidad.
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días de julio del año dos mil veinticuatro (2024).
Prof. María Teresa Cabrera, presidenta en funciones
Heidy Adón, secretaria general